Por Micaela Fernández Erlauer
Actualmente estamos atravesando un contexto de ajuste del presupuesto que afecta en mayor medida a mujeres, por encontrarse en la mayoría de los grupos poblacionales de menores ingresos y ser las primeras perjudicadas por el déficit habitacional. En este sentido, la decisión del nuevo ministro de Economía de quitar recursos a programas clave vulnera nuestros derechos y profundiza la desigualdad de género. Lo que es más, aquí estamos hablando de recortes nominales cuando la inflación se perfila para rozar los 3 dígitos, por lo que en términos reales el ajuste es mucho mayor.
Según el informe realizado por ACIJ, casi el 80% de la reducción del ajuste presupuestario fue en programas educativos y habitacionales. En estos recortes están incluidos diversos programas del Ministerio de Educación —Conectar Igualdad y otros programas de fortalecimiento edilicio en todos los niveles educativos— y del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, como PROCREAR.
¿De dónde venimos?
En 2019, Argentina presentó un Presupuesto Nacional que contenía partidas identificadas con la sigla “PPG” (las siglas significan Presupuesto con Perspectiva de Género) porque tendían a cerrar brechas de género. La decisión fue consecuencia de fuertes demandas por parte de la sociedad civil para monitorear el gasto público. Asociaciones como ACIJ, ELA y Ecofeminita, entre otras, participaron activamente para generar conocimiento en torno a un tema que permanecía en la oscuridad: el presupuesto reproduce y profundiza desigualdades de género.
La recaudación y el gasto son cruciales y necesarios para sostener los programas y las políticas, pero muchas veces resulta difícil entenderlos. Además de las cuestiones técnicas, es complejo ver cómo el presupuesto influye en temas como la igualdad de género.
Año a año, conquista a conquista
En 2015, la ONU lanzó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como un marco común de compromisos para los Estados Miembros, entre los que se encuentra Argentina. Considerando los desafíos y particularidades de cada país, la estrategia se proponía regir los programas de desarrollo por 15 años. La adopción implicaba destinar recursos para alcanzar objetivos relacionados con la pobreza multidimensional, por lo que se abría una oportunidad para impulsar la agenda de igualdad de género.
En 2016, el Consejo Nacional de las Mujeres —la autoridad para las políticas de género de ese año en nuestro país— había impulsado el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNA). El plan requería un presupuesto de 47 millones que no estaban en el presupuesto. A su vez, también se redujo considerablemente el presupuesto total del organismo respecto al año anterior (16’ vs 17’).
La Semana de Presupuesto y Derechos de 2016, realizada en el Congreso Nacional, permitió a las organizaciones feministas llevar ambos puntos a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y a la de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados/as. A partir de la incidencia en una etapa clave del ciclo presupuestario, que es el debate en comisiones del Congreso, se lograron conseguir modificaciones sustanciales. Aumentó el crédito global del Consejo y se añadió una línea para el PNA. Sin embargo, apenas comenzó el ejercicio fiscal, se quitaron 67 millones de pesos por una decisión “de arriba”, discrecional y que apelaba a facultades extraordinarias. Ante esto, las mismas organizaciones que habían intervenido para la asignación original, presentaron un amparo para declarar la inconstitucionalidad.
El impacto mediático fue contundente. Un asunto de mujeres y presupuesto no había adquirido, hasta entonces, tal repercusión en las redes y los medios de comunicación. La perseverancia y la potencia del movimiento feminista en los últimos años se ve ahí mismo, en el consenso sobre el qué, el cómo y la utilización de los medios disponibles estratégicamente para conseguirlo. Entrado marzo de 2017, el Poder Ejecutivo ya había restituido los fondos.
El giro de 2018
El Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIOD) lanzado por la autoridad de género en 2019, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), tenía incluida una línea de acción para la implementación del PPG. Para que en 2019 existan partidas etiquetadas había un trabajo desde adentro que había que realizar, en el cual estaban involucrados el área de presupuesto de Hacienda y la de Jefatura de Gabinete. De esta manera, se inició el relevamiento de programas que busquen cerrar brechas de género y que figuren visibles en el presupuesto. Encontraron 23 actividades, un buen punto de partida.
En 2019 se publicó la metodología oficial que iba a regir la elaboración. Sin entrar en detalles, lo importante es que el foco está puesto en los programas presupuestarios y no en la acción concreta que se lleva a cabo. Es decir, hay limitaciones por la estructura propia que tenemos en el Presupuesto Nacional, que tiende a agrupar varias políticas bajo un mismo paraguas. Pero como primer intento era útil.
A todo esto, el movimiento feminista territorial en Argentina se iba haciendo cada vez más fuerte. Las movilizaciones por el aborto legal en 2018 dejaron en evidencia que la agenda de género era amplia y urgente. A fines de 2019, lo que antes había sido un Consejo y un Instituto pasó a ser un Ministerio, jerarquizando el objetivo de igualdad. Con él, aparecieron otras áreas específicas de género en distintas carteras, como la Dirección de Economía Igualdad y Género en el Ministerio de Economía Nacional. Estos cambios trajeron modificaciones en el abordaje del PPG en comparación con lo que se había hecho antes, por ejemplo ajustando los criterios para que sean más transversales a todas las áreas de gobierno. Según Julieta Izcurdia, Coordinadora del Programa de Justicia Fiscal de ACIJ, se propuso revisar la metodología para promover dichos cambios, proceso que se consolidó en el Programa Interministerial de Presupuesto con Perspectiva de Género y Diversidad .
Tan lejos y tan cerca
Las iniciativas de PPG desafían las estructuras rígidas y con lógicas patriarcales, proponen cambios de paradigma, en donde la sociedad civil tiene un rol fundamental de monitoreo. En este sentido, es importante seguir trabajando en generar conocimiento a través de informes y documentos para lograr incidir en la agenda y fomentar la participación ciudadana.
Resaltamos las voces de quienes mantienen el espíritu crítico del enfoque de género en el presupuesto porque es una forma de mantener viva la filosofía y ética feminista que se encuentra en sus bases fundamentales. El presupuesto con perspectiva de género se construye y revisa constante y colectivamente, de otra forma corre el riesgo de ser una técnica más para rendir cuentas de inclusión. Cuando de derechos humanos se trata, los argumentos de la sociedad civil no pueden pasarse por alto.
¿Qué esperamos?
El PPG visibiliza la desigualdad de género. Aún con defectos, satisface la exigencia de una mayor concientización que muchas organizaciones venimos reclamando hace años. De cualquier forma, no alcanza con contemplar las desigualdades, hay que tomar postura y accionar para transformarla.
En Argentina y en el mundo, las mujeres son las más afectadas por los programas de austeridad fiscal. Los recortes presupuestarios del segundo semestre nos preocupan porque nos alejan del escenario de igualdad. Sin políticas efectivas que la contemplen, la desigualdad de género se reproduce y no hay narrativa capaz de revertirla. Exigimos decisiones presupuestarias que contribuyan a cerrar las brechas de género y no que las profundicen. Es con nosotras.
