Por Mercedes D’Alessandro, Magalí Brosi y Violeta Guitart
En Argentina, cada 5 minutos nace un bebé de una madre adolescente y cada 3 horas uno cuya madre es menor de 15 años. Estas adolescentes embarazadas y madres afrontan diversos perjuicios económicos asociados a su maternidad temprana: dificultades para continuar estudios, insertarse laboralmente o tener independencia económica, así como también para salir de la pobreza.
De acuerdo al Ministerio de Salud, durante 2013 nacieron en 117 mil bebés de mujeres menores de 20 años (1 de cada 6 mujeres tiene a su primer hijo antes de cumplir esta edad) y estos nacimientos representan un 15,6% del total en el país. Según la hoja informativa n°10 del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva -OSSYR-, de estas madres adolescentes el 69% declaró que estos embarazos no fueron planificados y el 60% manifestó que debió abandonar sus estudios al quedar embarazada (en este sentido, es importante destacar que son prácticamente nulos los colegios secundarios que cuentan con guarderías).
Un tercio de estas madres adolescentes apenas tiene la primaria completa y dos tercios de ellas la secundaria incompleta. Esto es particularmente relevante: las mujeres, aún cuando en promedio están más educadas que los varones, tienen empleos más precarios y con menores salarios. La falta de educación de estas madres adolescentes se convierte en un gran obstáculo para acceder al mercado de trabajo.
Mapeo del embarazo adolescente
Las cifras de embarazo adolescente muestran fuertes disparidades regionales. Mientras que en provincias como Chaco y Formosa casi un 25% de los nacimientos corresponden a madres menores de 20 años, en CABA son un 7% del total. Buenos Aires y Santa Cruz, entre otras, también están por debajo de la media nacional (ver gráfico).
También se observan estas diferencias si se consideran los nacimientos de madres menores a 15 años: en Formosa, Chaco y Misiones se dan hasta tres veces más nacimientos en este rango etario que la media nacional.
La tasa de fecundidad adolescente (es decir, la cantidad de mujeres de entre 15 y 19 años[1] que se convierte en madre por cada mil) alcanza el 54 por mil en Argentina en 2013, valor que se ubica por encima del promedio en todo el planeta.
Latinoamérica en general tiene tasas muy altas de fecundidad adolescente, encontrándose entre las más altas del mundo. En la región, los países con mayores tasas de fecundidad adolescente son Nicaragua, República Dominicana y Guatemala con más de 100 por mil. Mientras tanto, en los países de mayores ingresos este indicador mantiene tasas en torno al 20 por mil.
Condicionantes económicos del embarazo adolescente
El informe “Embarazo Adolescente y Oportunidades en América Latina y el Caribe” presentado por el Banco Mundial, plantea que el embarazo adolescente está fuertemente ligado a la pobreza y a la falta de oportunidades. También inciden la desigualdad, el gasto en salud pública, la participación de las mujeres en la fuerza laboral y las condiciones laborales en las que se desempeñan. Diversos estudios llevados a cabo por este organismo evidencian que la maternidad temprana implica menor rendimiento educativo y peores resultados en el mercado laboral para las mujeres.
Las mujeres más vulnerables frente a esta situación son las de menores recursos económicos: 7 de cada 10 madres jóvenes pertenecen a hogares con bajos ingresos según datos del OSSYR. La falta de oportunidades para el desarrollo personal, de educación sexual, el acceso a métodos anticonceptivos junto con la imposibilidad de abortar de manera legal, segura y gratuita, aumentan aún más la brecha de posibilidades para las adolescentes de menores recursos. Incluso hay estudios del Banco Mundial que muestran que una adolescente con educación, que vive en un centro urbano y en una familia de ingresos medios o altos tiene muchas menos probabilidades de quedar embarazada en su adolescencia.
El embarazo adolescente es relevante desde la perspectiva de las políticas económicas y el desarrollo. Cuando en un hogar hay más de un menor la brecha de participación en el mercado laboral se duplica: esto es, las mujeres trabajan menos y los hombres más. Mujeres con hijos ganan un 16% menos que mujeres sin hijos (OIT). En el caso de las adolescentes esto es aún más significativo dado que la mayoría debió abandonar sus estudios y probablemente encuentre incontables obstáculos para conseguir un trabajo en condiciones no precarias. Esto limita desde muy joven su independencia económica, educación, formación, sus posibilidades laborales y su desarrollo personal.
Las altas tasas de fecundidad adolescente en nuestro país son una cuestión que demanda la formulación de políticas específicas que busquen soluciones en múltiples planos: prevención para que la maternidad pueda ser realmente una elección y se pueda reducir la tasa de embarazos no deseados, cuidado integral de aquellas futuras madres que deciden llevar el embarazo a término, contención y reinserción para que las madres adolescentes puedan seguir estudiando, formándose, desarrollándose personal y económicamente.
El hecho de que más de dos tercio de las madres adolescentes tuvo un embarazo no planificado y no utilizaba ningún método anticonceptivo al momento de concebir es una señal clara de que la maternidad no fue simplemente una elección y en este punto reside la cuestión principal sobre la resolución del problema en el largo plazo. Es necesario garantizar educación sexual a todos los adolescentes, vinculada a la educación formal con el personal adecuado para ello (sean los propios docentes formados de manera específica para tal tarea o agentes externos). La Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable promulgada en 2002 prevé la entrega de anticonceptivos gratuitos e información a quien la solicite. A pesar de ello, la tasa de fecundidad ha aumentado desde entonces, por lo que es evidente la necesidad de revisar estas leyes y/o su implementación.
El aborto legal, seguro y gratuito se erige aún como una deuda hacia todas las mujeres. Mientras este derecho no se haga efectivo, la maternidad no será una verdadera elección, sino una imposición. En este sentido, en 2013, el 20% de las muertes maternas fueron por abortos ligadas a casos en los que se practican de manera insegura y dentro de este grupo, se trata en su mayoría de mujeres de bajos recursos.
Otro aspecto de la cuestión es la gran cantidad de casos de embarazos adolescentes que son producto de abuso sexual, lo que requiere medidas urgentes para detectarlos y prevenirlos. De acuerdo a Adriana Alvarez, coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación “hay un aumento en la tasa de natalidad precoz que habla del abuso sexual que hay en las niñas. A partir del 2007 se hizo un fuerte trabajo en abuso y a partir del fallo FAL (de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) sobre aborto no punible se debería tener una tasa de fecundidad mucho más baja que la que tenemos. Hoy la fecundidad precoz, de 10 a 14 años, es de 1,8 madre cada mil nacimientos y tendría que ser cero”. En la actualidad no se dispone de datos de los abortos no punibles realizados correspondientes a este rango etario.
La severidad de estos casos indica que si bien es necesario garantizar el cuidado de la víctima luego del hecho, también lo es el factor de prevención. Lamentablemente, si bien existen protocolos y programas, estos están poco extendidos y articulados con el resto del entramado institucional.
Políticas económicas en torno a la maternidad y el embarazo:
La Asignación universal por hijo (AUH) y la asignación por embarazo han sido políticas fundamentales para mejorar las condiciones económicas y el acceso a la salud de las embarazadas y madres[2] de menores recursos. Sin embargo, la AUH generó bastantes controversias en el mundo de la economía feminista dado que algunos plantean que tiende a desincentivar la participación laboral de las mujeres y a reproducir su rol como responsables del cuidado de los hijos (los padres, nuevamente, son considerados como “colaboradores“ y no como responsables de las labores domésticas). Esta discusión tiene que darse en profundidad ya que la AUH es un elemento central de las políticas redistributivas en el último período.
En el plano puntual del embarazo adolescente nos encontramos con otras cuestiones irresueltas ya que sus asignaciones son cobradas por los adultos de la familia, limitando aún más la independencia de estas adolescentes madres y el control sobre su situación.
Otra controversia sobre AUH gira en torno a afirmaciones críticas que aseveran que las mujeres “se embarazan para cobrar un plan“. Además de ser una caracterización prejuiciosa y estigmatizante de las madres de bajos recursos, este prejuicio es también falso. Según los datos de fecundidad adolescente que mencionamos no habría evidencia a favor de esta afirmación. Lamentablemente, el aumento de los tasas de fecundidad se da antes de la implementación de estos derechos y no hay cambios en la tendencia a partir de ella.
Quizás una de las cuestiones sustanciales en torno al embarazo adolescente está en la posibilidad de continuar la educación para estas mujeres. En Argentina, la Ley 25.808 garantiza a las alumnas embarazadas o que están amamantando el derecho de continuar con sus estudios. Y la Ley 25.273 trabaja con un régimen especial para alumnas embarazadas concediéndoles inasistencias y momentos de lactancia. Sin embargo, resulta casi imposible encontrar jardines maternales en los colegios o instituciones que estén preparadas para enfrentar el desafío de integrar a sus estudiantes en estas condiciones. En este contexto, el parche que se implementó es el Programa de Retención de Alumnas Madres, Embarazadas y Padres, que si bien puede ser una solución concreta para algunos casos puntuales, debe comprenderse que lejos está de cerrar la brecha e integrar de forma completa a las embarazadas y madres adolescentes al resto del sistema educativo.
Algunos especialistas en el tema sugieren que la pobreza y bajas expectativas sobre el futuro son un elemento determinante en muchas jóvenes que no tendrían más pretensión en su vida que la de ser madres como única forma de realizarse. Ante esto sugieren programas que promuevan su desarrollo cognitivo y emocional, con el fin de aumentar su autoestima.
Cerrando brechas
La AUH y asignación por embarazo, plan Qunitas, programas de salud, etc., sirven para paliar y contener la situación de estas madres jóvenes a través de subsidios monetarios y acceso a la salud pública para la mujer y su bebé. Sin embargo, es necesario actuar sobre las posibilidades de estas jóvenes para continuar con sus estudios y poder insertarse laboralmente en igualdad de condiciones. Para ello se necesita abordar el problema de manera específica y con políticas orientadas a resolverlo.
El embarazo adolescente es un problema que se ha agudizado con el tiempo en nuestro país y sobre el cual es necesario actuar de manera urgente. Tanto en el caso de los embarazos deseados como los no deseados, las madres adolescentes hoy se encuentran con grandes limitaciones para su desarrollo personal. Jardines maternales públicos y en escuelas, lactarios, inserción escolar para adolescentes embarazadas y madres, educación sexual, anticonceptivos gratuitos y políticas de salud, acercamiento a programas y servicios de salud, aborto legal, seguro y gratuito, acciones de prevención y en contra de la violencia contra las mujeres, fomento de las responsabilidades compartidas, son todas acciones que el Estado podría emprender en el marco de una política sistemática para abordar el embarazo adolescente. Para ello, es necesario contar con un Estado desprejuiciado que comprenda que más allá de la ideología o religión privada de quienes detentan el poder o se erigen como momentáneos representantes del mismo, existe un grupo de mujeres que requiere su atención inmediata y no su condena.
[1] La imposición de una edad mínima es porque se presume que embarazos de mujeres de 14 años y menos están asociados al abuso sexual.
[2] La Asignación Universal por Hijo (AUH) es un derecho que corresponde a los hijos de desocupados, trabajadores informales, monotributistas sociales o perceptores de ciertos planes sociales. Consiste en el otorgamiento de un monto cuya contraprestación es la acreditación escolarización del menor, así como de los controles de salud. La Asignación por Embarazo para Protección Social es un derecho para las madres inscriptas en el programa SUMAR, y deben cumplir con las mismas condiciones necesarias para cobrar la AUH.
Acentuar las acciones de inclusión (por Luciana Peker, periodista especializada en tema de género)
No hay que demonizar el embarazo en la adolescencia pero sí acentuar la inclusión en el estudio de estas jóvenes. Una alternativa es la implementación de una AUH especial para las adolescentes madres. En la actualidad, por ser menores de edad no reciben directamente el dinero, sino que lo cobran su mamá o papá. Tampoco cuentan con este respaldo económico cuando sus padres tienen obra social. Lo cierto es que son ellas quienes inician esta nueva responsabilidad y es necesario estimular su permanencia en los estudios y que no queden limitadas a cambiar pañales. Si la maternidad no debería expulsar a las mujeres del mercado de trabajo, mucho menos, a las jóvenes de la posibilidad de estudiar. Toda adolescente embarazada debe cobrar AUH, para que no tengan que trabajar o depender taxativamente de su mamá o su papá porque eso, en muchos casos, genera situaciones de violencia familiar o abusos. La contención, inclusión, apoyo, becas, asignaciones, licencias estudiantiles y jardines maternales –con vacante prioritaria para madres sub 20– son acciones imprescindibles para que la maternidad no sea un obstáculo, y que estas chicas puedan conciliar maternidad, estudio y futuro.
Pobres padres adolescentes (por Mercedes D’Alessandro)
En marzo de 2013 Michael Bloomberg, entonces alcalde de Nueva York, lanzó una polémica campaña de prevención del embarazo adolescente. El objetivo era que los jóvenes entendieran que era mejor ser financieramente estables antes de asumir semejante responsabilidad, informando los costos asociados a la paternidad adolescente tanto para padres como para hijos. Una niña llena de lágrimas y la leyenda: “¿tenés un buen trabajo? cuesto miles de dólares por año”, se podía encontrar en el vagón del subte que viaja a Wall Street. En 2012 el 48% de las madres de entre 15 y 19 años en New York vivían por debajo de la línea de pobreza, y los números muestran que a medida que el hijo crece, la pobreza de la madre también lo hace. La experiencia que debiéramos extraer de esta campaña que fue criticada por violenta, por estigmatizante y por reproducir estereotipos contra la pobreza, debiera ser que tener en claro el costo económico individual, familiar y para el Estado del embarazo adolescente, puede permitir identificar los sectores más vulnerables para generar soluciones y alternativas que devuelvan perspectivas de desarrollo personal a estos jóvenes. Ahí también necesitamos la economía feminista.
Es necesario legislar sobre el aborto (por Celeste Mac Dougall, docente especialista en educación sexual integral)
Una abrumadora mayoría de los embarazos adolescentes son embarazos no deseados. El no deseo de un embarazo es razón suficiente para poder interrumpir la gestación. El Código Penal sostiene que el aborto es permitido cuando la salud de la mujer está en peligro, entendiendo como salud a la integralidad de aspectos físicos y mentales. El fallo F.A.L. de la Corte Suprema del 2012 lo ratifica. “Mujeres y varones tienen derecho a decidir si quieren o no ser madres o padres, y cuándo serlo”, reza la página del Ministerio de Salud de la Nación. Si deciden continuar el embarazo el Estado argentino ha legislado al respecto: la Ley 25.808 que prohibe la expulsión de la escuela de una alumna embarazada, la Ley 25.273 que determina un régimen de inasistencias especiales y la AUH (Asignación Universal por hijo). Sin embargo el derecho a decidir no ser madre (o padre) sigue siendo negado. ¿Acompaña el estado a lxs adolescentes que deciden interrumpir el embarazo? Garantizar este derecho es necesariamente legislar sobre el aborto. Mientras ese derecho sea negado, quienes luchamos por el aborto legal, seguro y gratuito, seguiremos acompañando a lxs adolescentes y mujeres que decidan abortar.
Nota publicada en Diario BAE
