Por Lucía Espiñeira
Desde el inicio de la campaña #MenstruAcción hasta hoy hubo innegables avances que se materializaron en ordenanzas municipales y leyes provinciales de salud menstrual. Podemos decir que se trata de un gran logro pero, ¿cuáles son los límites de este avance? Para este 8 de marzo, los activismos menstruales de Argentina luchamos por una ley de salud menstrual nacional, que sea feminista, ambientalista, que incorpore saberes territoriales y salud sexual integral, y cuyos programas sean liderados por quienes trabajan sobre el tema desde hace años.
Lo que tenemos y lo que falta
Desde 2017 a la fecha, legisladores y legisladoras de diferentes espacios del espectro político presentaron proyectos de ley que atañen a la gestión menstrual en los distintos niveles de gobierno. Los hay para todos los gustos: proyectos para la provisión gratuita de productos que contienen el sangrado, otros que proponen la exención impositiva para dichos insumos, proyectos por la difusión y producción de datos y estadísticas sobre la temática; proyectos para lograr un “día rojo” en el que quienes menstrúan y trabajan puedan pedir licencia si se sienten mal, proyectos que contemplan productos de gestión menstrual reutilizables y otros que no, proyectos que financian cuotas para comprar copas menstruales, e incluso existieron diversas iniciativas para repartir copas entre empleadas estatales, o elaborar materiales de difusión y comunicación sobre la temática. También hay proyectos que involucran: planes integrales que proponen varias de estas acciones en simultáneo, entendiendo que la desigualdad menstrual es un reflejo de la desigualdad estructural.
Estas iniciativas, entre otras, son ejemplo de las muy diversas formas que pueden tomar las políticas menstruales acá y en todo el mundo. Sin embargo, celebrando lo conquistado, sabemos que Argentina aún no tiene una ley unificada a nivel nacional. Casi todos los proyectos presentados a tal fin en el Congreso de la Nación están en el grupo de aquellos que perdieron estado parlamentario. Hoy, los únicos proyectos vigentes descansan en los cajones del Senado nacional.
Que las leyes no tapen el activismo
Frente a la proliferación de iniciativas a nivel local y viendo que, una vez aprobadas las leyes y ordenanzas se da poca o nula intervención a las activistas, que son quienes han trabajado de manera específica con la temática, entregando productos de gestión menstrual y llevando a cabo iniciativas educativas, es necesario recordar algunas demandas que los Activismos Menstruales en Red (AMRed) hemos planteado recientemente. Para alcanzar la justicia menstrual, las futuras políticas, incluida una ley nacional, deben contar con una mirada integral basada en aprendizajes que llevaron décadas de construcción. Dichas demandas las ordenamos en 3 puntos centrales:
1) Un enfoque integral, interseccional, diverso, transversal y desjerarquizado de todas las aristas que intervienen en la gestión menstrual (economía, educación, salud, socioambiente, comunicación, activismo, entre otras).
2) Una mirada no asistencialista (no acotada a la entrega de productos de gestión), vinculada fuertemente con la educación y la salud (desde una lógica del cuidado y la soberanía) y haciendo foco en la necesidad de formación de formadores.
3) El sostener la importancia del activismo como forma de intervención-trabajo-práctica territorial, de co-construcción de saberes simbólicos y formas de organización social circular, que vienen sucediendo y no se (re)conocen.
Las organizaciones, redes y activistas feministas hemos aprendido ya en reiteradas ocasiones que las conquistas se consiguen en las calles, con trabajo conjunto pero sin complacencia ni conformidad. Este 2022 tenemos una vez más la oportunidad de unir fuerzas para que en nuestro país exista una ley nacional de salud menstrual integral, feminista y llevada adelante por quienes siempre militaron la temática. Sin menstruación digna no hay salud pública.
