Otra vez sopa: el gobierno de Javier Milei le pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que retire una Solicitud de Opinión Consultiva sobre el derecho al cuidado que había realizado nuestro país en enero de 2023. Obviamente, la CIDH rechazó este pedido por parte de La Libertad Avanza (LLA), declarándolo de improcedente.
La solicitud original fue presentada por el gobierno anterior y estaba en proceso, habiéndose realizado audiencias públicas en marzo de este año. En esas audiencias participaron todo tipo de actores: gobiernos de la región, organizaciones internacionales, centros de investigación, organizaciones activistas y de la sociedad civil, con el objetivo de potenciar la agenda de cuidado en América Latina.
Si bien la CIDH rechazó el pedido de Milei, cabe preguntarse: ¿por qué el gobierno argentino actual siente la necesidad de desmantelar y oponerse a una discusión sobre el derecho al cuidado? ¿Por qué le incomoda a La Libertad Avanza que diversos actores de la sociedad promuevan los cuidados en la región?
En esta nota, vamos a indagar en las justificaciones detrás de esta decisión para tratar de entender qué es lo que le incomoda tanto al gobierno de Milei sobre la agenda de cuidados y quiénes salimos más afectadas con estas maniobras políticas.
Eso que llaman amor es trabajo no pago
Como venimos diciendo desde nuestros inicios en Ecofeminita, los cuidados son trabajos, aunque en su mayoría se trata de trabajos no remunerados y que fueron históricamente invisibilizados. Esto no sólo lo decimos nosotras sino que el Estado argentino se ha obligado internacionalmente en numerosas oportunidades a reconocerlo como un derecho humano y tomar las medidas necesarias para desarrollar un sistema integral de cuidados, reconociendo así su valor tanto social como económico. Sin embargo, el gobierno de Milei justifica el retiro argumentando que tendría graves agravios reconocer a los cuidados como trabajo.
Para el gobierno, reconocer el trabajo de cuidado como una actividad con valor propio es un problema porque cuestiona algunos valores que son considerados de naturaleza “familiar”, fuera del alcance de cualquier análisis económico. Para ellos, el cuidado dentro del ámbito familiar es un “valor inherente” a la dignidad humana que el Estado debe defender. La postura del gobierno actual no hace más que reafirmar una visión maternalista del cuidado que sobrecarga a las mujeres de responsabilidades, en vez de implementar medidas desde un enfoque colectivo, como el propio Estado se ha comprometido a hacer. Desde los feminismos, venimos criticando esta perspectiva familiarista y feminizada que reduce el cuidado a una supuesta “vocación natural” de las mujeres. Esta mirada no solo refuerza el estereotipo de la mujer como la cuidadora principal, sino que también facilita que el Estado no se haga cargo de su responsabilidad en el reconocimiento y distribución justa y equitativa de los trabajos de cuidado entre todos los actores, perpetuando la idea de que el cuidado no es asunto público. Este tipo de narrativas invisibiliza las relaciones de poder históricas que subordinan a las mujeres en virtud de su rol en la familia, manteniendo las tareas de cuidado en el ámbito privado.
Este tipo de argumento de protección de los valores familiares tradicionales ya los hemos escuchado del actual gobierno, y en en el caso de los cuidados en particular genera que el Estado se desentienda de una responsabilidad activa en la distribución justa del trabajo de cuidado entre todos los actores (el Estado, los hogares, las comunidades y los mercados), perpetuando desigualdades de género en el ámbito laboral y doméstico.
En Argentina, las mujeres se ocupan de más del 70% de los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados. A su vez, le dedican más del doble del tiempo a este tipo de trabajo que los varones. La sobrecarga injusta y desproporcionada no deriva del “amor familiar” sino de normas de género que históricamente han relegado a las mujeres a realizar estas tareas que llevaron a la invisibilización de su valor real y los esfuerzos que este trabajo conlleva. Es más, si se le pusiera precio a estos trabajos, quedó demostrado que representarían casi un 16% del PBI, superando al aporte que hacen la Industria y el Comercio.
Como ya lo dijimos muchas veces: es urgente que el Estado asuma su responsabilidad en la creación de un sistema de cuidado basado en una perspectiva feminista y de derechos humanos, y no en roles de género tradicionales que históricamente invisibilizaron nuestros trabajos. El cuidado, lejos de ser un asunto exclusivamente privado, debe ser reconocido como una cuestión pública de importancia social y económica.
No con la nuestra
Por otro lado, al gobierno le preocupa que la Corte defina los alcances del derecho al cuidado porque teme que eso implique tener que financiarlo y reconocer su peso real en la economía. En su escrito, consideran que los alcances de este derecho serían económicamente insostenibles para los Estados, y que nuestro país ya cuenta con políticas adecuadas para garantizar los cuidados, obviamente sin decir cuáles.
Desde Ecofeminita, junto a Oxfam México, Intersecta, GENDERS, Fundar México, FES México, GIRE, CIEP y Equidad de Género, participamos en uno de los amicus curiae presentados ante la CIDH, subrayando que, aunque el reconocimiento del derecho al cuidado es fundamental, sin una inversión real en infraestructura y trabajos de cuidado, las desigualdades estructurales se siguen manteniendo. La justicia fiscal feminista, como la defendemos, lucha por desmontar sistemas opresivos que sostienen la desigualdad —clasismo, racismo, heteronormatividad— y priorizar a las personas y la sostenibilidad de la vida como los verdaderos ejes del uso de los fondos públicos.
¿Qué es lo que pasa en la realidad? Políticas fiscales que benefician a los de siempre. Un sistema recaudatorio que favorece a los sectores privilegiados, complementado por una toma de deuda pública que limita el gasto social y, en tiempos de crisis, ahoga a lxs que menos tienen. La supuesta “falta de recursos” no es más que el resultado de decisiones económicas que benefician a unos pocos a costa de recortar derechos básicos como salud y educación, que es lo que estamos viviendo actualmente.
En lugar de responder a la urgencia de reducir la desigualdad, el gobierno actual está recortando el gasto social de manera tal que cualquier política de ampliación de derechos queda relegada, y más si es feminista ya que entra en la lista negra de la ideología de género. Ninguna política feminista tiene cabida en sus prioridades y eso lo podemos ver en su presupuesto público.
Actualmente, existen reducciones que ponen en riesgo la continuidad de programas fundamentales, así como también la eliminación total de partidas presupuestarias. Se vieron afectados el Programa Acompañar que asiste a víctimas de violencia de género, se desmanteló la línea 144 y otros servicios de protección, así como también el programa Potenciar Trabajo, del cual dependen mayoritariamente mujeres. A su vez, eliminaron el programa Registradas, que fomentaba el empleo registrado para trabajadoras domésticas.
Lo más curioso es que, mientras tienen la austeridad como bandera, sus medidas siempre terminan favoreciendo a los sectores económicos privilegiados. Entonces, lo que falta es voluntad política de cambiar la estructura fiscal, y por sobre todo hacerlo desde una perspectiva feminista.
La justicia fiscal feminista, como se plantea en nuestro amicus curiae de Derecho al Cuidado y Justicia Fiscal, ya anticipa este tipo de excusas por parte de los Estados. Frente al argumento de “falta de recursos”, proponemos una fiscalidad que redistribuya, que incremente la recaudación directa y combata la evasión fiscal para garantizar los recursos que financien políticas de cuidado justas. El problema real es la complicidad con un sistema que invisibiliza el trabajo de cuidado de las mujeres y, sobretodo, si considera que el Estado no debe asumir ningún tipo de costo en garantizarlo.
El pedido de retiro ante la CIDH se trata entonces de otro de los tantos papelones internacionales del actual gobierno que demuestra su ignorancia frente a temáticas de derechos humanos en las que la Argentina supo ser vanguardia, reafirmando su postura de rechazar cualquier tipo de ampliación de derechos que se encuentre por fuera de sus “valores”, que no son más que intereses no inocentes que lo que hacen es excluir y privilegiar a unos pocos. Desde los feminismos les decimos que esta tarea no será tan fácil. La lucha por el derecho al cuidado ya camina en toda América Latina y más temprano que tarde tendrá su legislación para construir una sociedad más igualitaria.
