Por Laura F. Belli
N. de la A.: Esta nota se terminó de escribir los primeros días del mes de octubre de 2025. Durante su redacción, semana a semana, se sumaban nuevas noticias sobre hospitales vaciados, despidos de personal, recortes de programas esenciales y denuncias de corrupción. Los hechos que aquí se analizan no son episodios aislados, sino parte de una estrategia deliberada de desmantelamiento del sistema sanitario. Al momento de su publicación, probablemente ya se hayan sumado nuevos sucesos que agraven aún más este escenario.
La motosierra pasó por la salud pública y los resultados son contundentemente dolorosos: el hospital para las infancias más referenciado a nivel nacional y regional está desfinanciado, vivimos un desmantelamiento de las prestaciones para las personas con discapacidad, enfrentamos casi un centenar de muertes a causa de una droga alterada por falta de control estatal y ya hay causas por un entramado de coimas en las compras de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad. Nos proponemos en esta nota a hacer un recorrido, doloroso, sobre los hitos negativos de esta gestión libertaria de cara a construir propuestas, agendas y respuesta a demandas concisas que sostienen la vida de todos, todas y todes.
Una catástrofe sanitaria que no es accidente
En Argentina, en 1992, se produjeron 25 muertes por consumo de un jarabe adulterado. En los primeros días del mes de agosto de ese año la internación de seis pacientes en la ciudad de La Plata con síntomas similares a los cuales no se les atribuía una causa clara llamó la atención del personal de salud. A los pocos días comenzaron a registrarse los primeros casos fatales. Para el momento en el cual la alerta ya estaba dada, 14 personas habían fallecido en esa localidad y 11 muertes más se habían registrado en la Ciudad de Buenos Aires. Además, se estima que cerca de 3000 personas fueron asistidas con síntomas renales y hepáticos por la misma causa.
La causa fue envenenamiento por la ingesta de dietilenglicol (es un compuesto incoloro componente de numerosos productos, como anticongelantes o líquidos de frenos) presente en un remedio de venta libre: el propóleo.
El ministro de Salud y Acción Social de ese momento, Julio Cesar Aráoz, prohibió su venta en todo el país. Luego de que el laboratorio de toxicología del Poder Judicial confirmara la causa de las muertes, se allanó el laboratorio Huilén, responsable de su fabricación y distribución. Mabel Aparicio, gerente del laboratorio, y Emilio Castro, el director técnico fueron procesados en la causa y sobreseídos años después, cuando se dictaminó que se trató de un sabotaje (las pericias demostraron que las cantidades del disolvente encontrado en los distintos frascos eran distintas, lo que sostuvo la hipótesis de que la sustancia fue agregada luego de su producción).
Esta tragedia, que golpeó con fuerza a la sociedad en ese momento, suele mencionarse como el antecedente más directo de la creación de la ANMAT. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) es un organismo descentralizado, autárquico y con jurisdicción en todo el territorio de la Nación. Fue creado por decreto el 20 de agosto de 1992, bajo la órbita del entonces Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.
Este ente técnico de control sanitario es, desde su creación, responsable de establecer y llevar adelante mecanismos adecuados de autorización, registro, normatización, control epidemiológico y de vigilancia y fiscalización de drogas, medicamentos y alimentos. En otras palabras, de controlar la calidad y seguridad de los productos, sustancias, elementos, procesos, tecnologías y materiales que se consumen o utilizan en la medicina, alimentación y cosmética humanas, con el fin de proteger la salud de toda la población.
El caso del propóleo adulterado quedó en la memoria colectiva como uno de los episodios más graves de intoxicación por productos de salud en nuestra historia reciente. Durante más de tres décadas, ningún otro caso lo superó. Hasta este año.
En Argentina, en 2025, se registraron más de 90 muertes a causa de una droga de uso médico contaminada. El 7 de mayo de ese año, el Hospital Italiano de la ciudad de La Plata informó a las autoridades nacionales la detección de un brote de las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia en personas internadas en terapia intensiva durante los meses de abril y mayo.
La investigación que llevó a cabo el servicio de Farmacia y Microbiología de la institución halló evidencia de la presencia de ambas bacterias en ampollas de fentanilo (uno de los analgésicos más potentes) producidas por Laboratorios Ramallo S.A. y comercializadas por HLB Pharma. Dichas ampollas habían sido administradas a las personas internadas.
Un día después de la denuncia, la ANMAT emitió una alerta y prohibió, en todo el territorio nacional el uso del lote 31.202, distribuido a diferentes centros de salud —en su mayoría públicos— ante la sospecha de desvío de calidad del producto. La contaminación alcanzó a más de 300.000 ampollas, distribuidas en al menos 118 centros de salud, a lo largo de todo el país.
El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la causa judicial, debe determinar la responsabilidad de las autoridades, profesionales y empleados de HLB Pharma, el Laboratorio Ramallo y de una red de nueve empresas vinculadas. La investigación tiene como principales imputados a los empresarios Ariel García Furfaro, Diego García Furfaro y Hernán García Furfaro, propietarios de las compañías que controlan ambos laboratorios.
El silencio del Gobierno fue atronador. El ministro de Salud, Mario Lugones, se mantuvo al margen, y el presidente Javier Milei mantuvo un llamativo silencio sobre el caso hasta comienzos del mes de agosto, cuando la comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes al Ejecutivo. En un acto de campaña, el presidente acusó al juez de la causa de tener relaciones cercanas con miembros de la oposición. Por su parte, la oposición responsabilizó al Gobierno por los graves fallos en los controles a cargo del Estado, resultado del proceso de ajuste y desregulación de la administración pública.
A su vez, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, uno de los principales defensores del plan de ajuste y destrucción sobre la salud y todas las instituciones del Estado, responsabilizó a la ANMAT, señalando que el organismo “debió controlar adecuadamente”. Es el mismo ministro que ha sostenido públicamente que el país funcionaría mejor sin control sanitario, ya que —según su visión— los organismos de control estatales obstaculizan la producción y la libre competencia. Desde la asunción del actual gobierno, Sturzenegger redujo tanto el personal como las atribuciones del organismo.
El ministro de Salud habló por primera vez sobre la tragedia varios meses después de conocerse las muertes, cuando se acercaban las elecciones de agosto. Lugones, un hombre de peso en el Gobierno, es también el padre de Rodrigo Lugones (socio del asesor presidencial Santiago Caputo). A pesar de su rol en la crisis, no presentó su renuncia ni su continuidad parece haberse visto afectada: integró la comitiva que acompañó a Milei a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de fines de septiembre, donde dio un discurso sobre el futuro de la salud en Argentina.
Durante ese viaje, se reunió con Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, reconocido por negar la eficacia y seguridad de las vacunas y lidera el movimiento de “libertad médica”, que sostiene que cada persona debe decidir sobre su salud sin intervención estatal, aun cuando esas decisiones puedan perjudicar al conjunto de la sociedad.
Lo que Lugones omitió en su discurso es que, en la Argentina, la salud pública está en emergencia. Lo que debería ser un derecho garantizado por el Estado se convirtió, bajo la administración libertaria, en un terreno de negocios, corrupción y negligencia criminal. El brote de fentanilo contaminado que ya se cobró más de 90 vidas no es un “accidente”, sino el resultado directo de un plan sistemático de destrucción de las instituciones de control, que deja a la población librada a la lógica del mercado.
El saqueo del fondo de discapacidad
Otro capítulo de este ataque a la salud pública son las denuncias por presuntos sobornos que recibía Karina Milei, señalada por Diego Spagnuolo como receptora del 3% de cada transacción realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La denuncia recayó directamente sobre Karina Milei —pieza central del gobierno, hermana del presidente (quien la llama “El Jefe”) y secretaria general de la Presidencia— y sobre su principal asesor, Eduardo “Lule” Menem. Ambos son mencionados en una grabación que describe un entramado de corrupción vinculado con más de 600 contratos para la compra de medicamentos con una farmacéutica, actualmente bajo investigación judicial. Según el testimonio, los sobornos —estimados en 800.000 dólares mensuales— se habrían destinado a Milei y Menem.
La voz de la grabación sería la de Diego Spagnuolo, ahora ex titular de la ANDIS y hombre de confianza del presidente quien además fue expulsado del gobierno luego de denunciar este entramado de corrupción. En el material se habla abiertamente de robos, coimas y negociados ilegales que involucran a los acusados. El ex asesor de comunicación de La Libertad Avanza, Fernando Cerimedo —copropietario de La Derecha Diario, considerado el «house organ» del oficialismo en las redes— confirmó ante la Justicia la veracidad de los audios.
Cerimedo y Spagnuolo mantenían una amistad personal; la esposa de de Cerimedo, Natalia Basil, fue hasta noviembre pasado una de las directoras de Discapacidad, bajo las órdenes directas de Spagnuolo. En su declaración, Cerimedo afirmó que Spagnuolo había informado tanto al presidente Javier Milei como a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sobre las irregularidades, y que la única respuesta recibida fue una reacción de enojo y negación.
Tras la destitución de Spagnuolo, el organismo pasó —de forma transitoria— a depender del Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, con un nuevo interventor, Alejandro Vilches. Ambos se ausentaron de la sesión convocada en agosto por las comisiones de Salud y de Discapacidad de la Cámara de Diputados, donde debían dar explicaciones sobre el caso. Hoy la justicia busca probar si se cometieron los delitos de defraudación, estafa, asociación ilícita, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Las sospechas de los investigadores apuntan a la droguería Suizo Argentina.
El dinero involucrado (estimado en 55.000 millones de pesos, unos 36 millones de dólares) debería haberse destinado a garantizar tratamientos, pensiones y apoyos esenciales para personas con discapacidad, un sector ya golpeado por los despidos masivos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la paralización de programas básicos de inclusión.
El Garrahan sigue en lucha
Desde el comienzo de la presidencia de Javier Milei, el Hospital pediátrico «Prof. Dr. Juan P. Garrahan», inaugurado en 1987 en la Ciudad de Buenos Aires, atraviesa una crisis sin precedentes: su presupuesto fue recortado un 50% y desde que se declaró en emergencia, a mediados de 2024, renunciaron cerca de 250 profesionales, 50 de ellos en los últimos tres meses. Faltan especialistas en áreas críticas como oncología, cardiología y el área de trasplantes, y las condiciones laborales precarias, sumadas a los bajísimos sueldos, dificultan la incorporación de nuevos profesionales y residentes.
A esta crisis se sumó otra más. A comienzos de septiembre, Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan, denunció que el Gobierno de Javier Milei destinó a un «fondo de inversión» del Banco Nación las recaudaciones provenientes de prestaciones a obras sociales y prepagas del Hospital.
La denuncia surgió tras un pedido informes presentado ante la Comisión de Salud del Congreso sobre la auditoría de los bienes administrados por el Consejo del Hospital. Se estima que unos 40.000 millones de pesos fueron transferidos a ese fondo de inversión, mientras el personal continúa reclamando mejoras salariales.
Luego de hacerse pública la denuncia, el ministro de Salud anunció el pago de un bono salarial durante cuatro meses para su planta de trabajadores, financiado mediante el llamado “Plan de Eficiencia” aplicado en la institución. Según el ministro, el presupuesto “estaba mal distribuido”.
En los primeros 9 meses de 2024, renunciaron más profesionales que en los nueve años anteriores, forzados al pluriempleo y a condiciones que impiden sostener la calidad de atención. En lo que va de 2025, continuaron las renuncias y numerosas movilizaciones en reclamo de las mejoras que, cuando llegan, parecen ser para tapar otros escándalos.
A su vez, a comienzos de septiembre, el presidente Milei vetó la Ley de Emergencia Pediátrica, argumentando la necesidad de “sostener el equilibrio fiscal”. Aunque el Senado y Diputados rechazaron el veto, la ley aún no fue reglamentada. El presidente advirtió que su aplicación “no será posible”, alegando falta de recursos y un “incremento desproporcionado del gasto público”.
Mientras tanto, el Hospital Garrahan —que atiende cerca de 600.000 consultas y realiza más de 10.000 cirugías al año— atraviesa una situación salarial crítica e insostenible, con consecuencias directas sobre la atención en salud de uno de los grupos más vulnerables de la población: los niños y niñas del país.
Un plan deliberado de destrucción
Desde que Javier Milei asumió la presidencia, la destrucción sistemática del sistema de salud pública y el empeoramiento de los problemas preexistentes se convirtieron en una preocupación diaria. Bajo la promesa de campaña de que el mejor sistema de salud es el privado, “La Libertad Avanza” sobre el desfinanciamiento del sistema público y la expulsión de la atención en salud a todas las personas que no puedan costear los gastos en remedios y tratamientos, que no dejan de aumentar.
Bajo este gobierno, se despidieron miles de trabajadores de la salud (y otros tantos se vieron forzados a renunciar) por la pérdida de poder adquisitivo, dejando sin atención a quienes más lo necesitan. Hay faltas y demoras en las entregas de vacunas para infantes y adultos, poniendo en riesgo a toda la población por la posibilidad de resurgimiento de brotes de enfermedades como sarampión, dengue y otras. Se vaciaron hospitales nacionales y programas como los de Vacunas, VIH y TBC, haciendo su funcionamiento prácticamente imposible. Están destruyendo el Programa Remediar, fundamental para el acceso a medicamentos en todo el país para personas con cobertura pública exclusiva (que no pueden acceder de otra forma a su derecho a la salud).
Sumado a esto, se agregan nuevas barreras burocráticas para acceder o renovar pensiones por discapacidad, que bajo falsos pretextos exponen a las personas a situaciones de humillación para ejercer sus derechos básicos. La situación se vivencia en las filas eternas ante las ventanillas en donde deben “demostrar” que mantienen la discapacidad que les dio acceso a la pensión. Sin tener en cuenta que, en el mientras tanto, no sólo se quedan sin pensión, sino que también pierden el acceso a la obra social asociada y, por ende, quedan descubiertos de los tratamientos que necesitan según su condición.
Las políticas de la crueldad son claras y el resultado del “sálvese quien pueda”: dañan a los débiles y fortalecen a los aliados. Las empresas de medicina prepaga aumentan sus cuotas de manera sostenida e insostenible para las familias; los laboratorios privados suben sus precios con el aval y apoyo del gobierno haciendo que las personas elijan entre comprar medicamentos o comer. Desde los primeros días, Milei avanzó con medidas que desmantelan las instituciones sanitarias, recortan la capacidad de control y dejan a la sociedad desprotegida frente a los abusos y las negligencias del mercado. Lo que se presenta como “eficiencia” no es otra cosa que la pérdida de derechos, especialmente para los sectores más vulnerados: personas mayores, personas con discapacidad, infancias, pacientes crónicos, quienes dependen del sistema público y no pueden costear alternativas privadas, que son a su vez cada vez más caras.
Las luchas que sostenemos día a día en los hospitales, en las escuelas, en los barrios, en las redes y en las calles también se juegan en las urnas. Este año vimos cómo el colectivo transfeminista se movilizó el 1° de febrero contra los discursos de odio del presidente, cómo trabajadores de la salud y la comunidad del Garrahan defendieron el derecho a una salud pública y de calidad, cómo cada miércoles los jubilados siguen reclamando por sus derechos, y cómo las consecuencias de la deuda se sienten en los bolsillos de millones.
En nuestro monitoreo en las redes sociales (como analizamos en el informe La Batalla Cultural online junto a Meedan) nos muestra que estas acciones no son casuales: los discursos de odio, la desinformación y las narrativas antifeministas fueron la legitimación de un programa de ajuste en los sectores más vulnerados económicamente, donde las mujeres y diversidades somos mayoría. Hoy, en Argentina, esas ideas se transforman en políticas concretas que desfinancian derechos y precarizan vidas. Por eso, de cara a las elecciones, necesitamos estar atentas, organizadas y presentes: en las redes, en las calles y en las urnas.
