Los conflictos armados provocan deterioro social, económico, político y cultural. De acuerdo a las cifras aportadas por el ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) uno de cada cuatro hogares del total de familias de personas refugiadas en Egipto, Líbano, Iraq y Jordania están encabezados por mujeres y esto se debe a que, por lo general, las mujeres que viven en zonas de conflictos cuentan con menos recursos para protegerse quedando atrapadas en una posición de vulnerabilidad y expuesta a frecuentes abusos físicos y psicológicos.
La violencia sexual como arma de guerra es usada desde tiempos ancestrales. Según el informe de la oficina de ONU Mujeres en la República Democrática del Congo la violencia sexual vinculada a los conflictos armados afecta entre un 18% y un 40% a mujeres y niñas y entre un 4% y 24% a los hombres y niños. Del total de condenas personales dictadas por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia un 40% de las mismas incluyeron cargos de violencia sexual y en Rwanda se estima que entre 250.000 y 500.000 mujeres fueron víctimas de abusos sexuales en un período menor a cien días como parte del genocidio que enfrentó a las etnias Hutu y Tutsi en el país en 1994. Hablamos de estimaciones debido al hecho de que en muchos casos estos abusos no se denuncian ya sea porque las víctimas temen o no cuentan con los recursos para hacerlo, o porque los Estados no documentan e investigan exhaustivamente.
En 1995 se aprobó la Plataforma de Acción de Beijing – aprobada por 189 Estados Miembros de las Naciones Unidas – estableciendo como uno de los doce objetivos estratégicos “las mujeres y los conflictos armados” y declarando que la paz y el desarrollo están vinculados con la igualdad entre mujeres y hombres. En este contexto, en el año 2000 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 1325 sobre las mujeres, la paz y la seguridad. En líneas generales se solicitaba que las mujeres fueran incluidas durante todo el proceso: análisis, evaluación y negociación de la paz. En este aspecto las mujeres colombianas han manifestado el reduccionismo al que los líderes de los debates por la paz las han sometido: colocándolas en el rol de víctimas son los negociadores quienes se han mostrado interesados en garantizarles sus derechos en lugar de permitirles una silla en la mesa de negociación para que sean ellas mismas quienes discutan las pautas de un acuerdo que afectará sus vidas una vez implementado el convenio.
De acuerdo con las cifras de ONU Mujeres, entre 1992 y 2011 las mujeres representaron menos del 4% de las personas signatarias en acuerdos de paz, mientras que su participación en las mesas de paz era menor al 10% y un informe indica que de un total de 585 acuerdos de paz firmados entre 1990 y 2010, el 16% contienen referencias a las mujeres y sólo el 7% incluyen alguna mención sobre igualdad de género. Pese a ello, a partir de la sanción de la Resolución 1325 el número de acuerdos que hace específica referencia a las mujeres ha aumentado de un 11% a un 27% y en 2013, Naciones Unidas reportó que más de la mitad de todos los acuerdos de paz firmados hacían referencia a las mujeres, la paz y la seguridad.
En su estudio sobre 156 acuerdos de paz (Quantitative Analysis of Women’s participation in Peace Processes) Laurel Stone destaca que la probabilidad de alcanzar un acuerdo que dure al menos dos años se incrementa un 20% cuando las mujeres participan en el proceso de paz y la probabilidad de que dure al menos quince años asciende al 35% si las mujeres son parte del proceso de negociación. Esto refleja el impacto que tiene el rol de las mujeres en el desarrollo de una paz sostenible. Los acuerdos de paz sirven como guía para establecer un marco de transición y reconstrucción de la sociedad luego del conflicto y, frecuentemente, es en estos convenios donde se establecen las bases de la justicia transicional, la organización del aparato estatal, garantías constitucionales, acceso a derechos fundamentales, entre otros. Como consecuencia, quedando excluidas de la mesa de la negociación las mujeres no pueden aportar su voz para la construcción de la nueva sociedad, para obtener una adecuada justicia y para que sus derechos sean considerados una prioridad en la etapa post conflicto.
Estas circunstancias han llevado a las organizaciones de mujeres a movilizarse alrededor del mundo para ser escuchadas y que su plaza en la mesa de negociación sea respetada. En Liberia, la activista Leymah Gbowee convocó a decenas de mujeres en 2002 para rezar por la paz dando inicio a un movimiento de mujeres que lideró diversas campañas y que tuvo un rol fundamental en la firma del acuerdo de paz. En Colombia, los movimientos de mujeres se convocaron en la Cumbre Nacional Mujeres y Paz en Bogotá en octubre de 2013. Como resultado, la Mesa de Conversaciones estableció un espacio para recibir a delegaciones de personas sobrevivientes al conflicto armado siendo más del sesenta por ciento de participantes mujeres. Además, se estableció un Subcomité de Género y lograron que en el acuerdo final se incluyera un capítulo dedicado al género.
Si bien se han logrado avances en el área, sería importante que los acuerdos de paz regularizaran la participación de las mujeres desde el inicio de las negociaciones y que las incluyeran en las diversas etapas desde el monitoreo a la cesación del fuego hasta el proceso de reforma del sector de seguridad, las reparaciones judiciales, el desarme y reintegración a la vida civil.
