Este es un partido difícil. Tanto Argentina como Croacia tienen puntos a favor, pero nuestro país saca algunas ventajas en materia de participación política y de derechos del colectivo LGBTQI.
Argentina tuvo su primera presidenta en 1974, con la asunción de María Estela Martínez de Perón, tras la muerte de Juan Domingo Perón. En 2007, Cristina Fernández de Kirchner llegó también a ocupar el puesto de jefa de Estado. Croacia recién ahora tiene a su primera presidenta, Kolinda Grabar-Kitarovic, cuyo mandato comenzó en febrero de 2015.
Nuestro país también supera a su rival balcánico si del ránking de brecha de género se trata, según el Foro Económico Mundial: Argentina se encuentra en el puesto 34, mientras que Croacia está ubicado 20 puestos debajo.
En su favor, el país europeo tiene varios puntos. El primero, un porcentaje más alto de mujeres a cargo de ministerios: 20% contra el 9,5% de Argentina.
Croacia también tiene una brecha salarial del 9%. Esto en parte se explica por la alta participación de las mujeres en el mercado laboral, una característica heredada del período “socialista” de este país, que integró la República de Yugoslavia.
La Constitución de Croacia prohíbe todo tipo de discriminación basada en la raza, el color de piel, el sexo, el idioma, la religión, las creencias políticas, los orígenes tanto sociales como geográficos, entre otros puntos. También tiene leyes que prohíben la discriminación y promueven la igualdad, como la ley de Igualdad de Género, la ley Antidiscriminación.
Particularmente, la ley de Igualdad de género prohíbe la discriminación en materia de sexo, estado marital o familiar y orientación sexual. Un tratamiento que sea perjudicial para las mujeres a raíz de embarazo, maternidad o cualquier tipo de trabajo de cuidado también es considerado discriminación tanto en el campo laboral como en el de educación. Esta norma insta también al país a tener estadísticas desagregadas por género y establece comisiones para la igualdad de género tanto en gobiernos regionales como en la capital, Zagreb.
En materia de derechos para las personas LGBTTTQI, Argentina lleva la delantera: en 2010 se aprobó la ley 26.618 (de matrimonio igualitario), que establece que “el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. Además, en 2012, el Congreso sancionó la ley 26.743, que reconoce el derecho de cada persona ser tratada de acuerdo con su identidad de género.
En cambio, un referendum de 2013 en Croacia consideró al matrimonio únicamente como unión entre una mujer y un hombre. No obstante, la legislación croata también reconoce a las parejas del mismo sexo muchos de los derechos de los matrimonios heterosexuales, excepto en temas de adopción.
Yugoslavia permitió el aborto en 1978 y Croacia no modificó la legislación cuando se constituyó como república independiente. Sin embargo, la presión para prohibirlo, impulsada desde la Iglesia Católica en ese país, existe hace casi 30 años. En los últimos años, la Corte Constitucional instó al Congreso a sancionar una nueva ley sobre el tema, una norma que no podrá eliminar esta práctica pero sí promover políticas de prevención.
Croacia es el país con menor cantidad de abortos de la región balcánica, algo que no solo está relacionado con los métodos anticonceptivos. Una investigación de la Balkan Fellowship for Journalistic Excellence indica que las cifras oficiales solo esconden una realidad más problemática: el aborto está estigmatizado y, además, los médicos se niegan a realizarlo, lo que arroja a las mujeres a prácticas clandestinas que no quedan registradas.
En Argentina, donde la interrupción voluntaria del embarazo solo está permitida en tres causales, se estima que se realizan unos 450.000 abortos clandestinos por año. Actualmente, el proyecto para garantizar aborto seguro, legal y gratuito tiene media sanción de la Cámara de Diputados y espera que arranque el segundo tiempo: su tratamiento por el Senado.
