La desigualdad de nuestro sistema social se expresa diferenciadamente entre varones y mujeres. Esta desigualdad se puede medir. Tener herramientas de medición nos da la posibilidad de diagnosticar para generar respuestas, para prevenir, para contener.
Hoy en la Argentina todavía hay muchos ítems de la agenda de las mujeres y las personas LGBTTTIQ que no se registran y por tanto son invisibles a las políticas públicas. Por eso hoy voy a exponer los datos que muestran la urgencia de que el aborto sea legal, seguro y gratuito.
En este sentido, no puede dejar de decirse que se realizan en nuestro país cerca de 450.000 abortos por año. Son 1233 abortos por día, 51 por hora, casi 1 aborto por minuto. Por lo tanto, durante los 2 meses que llevará este debate se realizarán 75.000 abortos clandestinos en la Argentina. 75.000 veces donde el Estado siguió y sigue ausente para estas personas.
A su vez, de los 700.000 nacimientos por año, el 16% corresponde a adolescentes. Cada 5 minutos nace un bebé de una adolescente y cada 3 horas nace un bebé de una niña de entre 10 y 14 años. Niñas, no madres.
Según Unicef y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 1 de cada 5 mujeres ha sufrido abuso sexual en la infancia. Sin dudas, estamos ante una primera falla como Nación. Pero lejos de terminar en este punto, hay una segunda gran ausencia del Estado cuando ese abuso conduce a un embarazo, que será inexorablemente no deseado. Si bien en la Argentina el aborto no punible debería amparar estas situaciones, sólo 9 de las 24 jurisdicciones aplican actualmente un protocolo adecuado para la interrupción legal del embarazo. Mientras que 7 de las 24 tienen protocolos que son restrictivos, imposibilitando su acceso y penalizando a quienes incurren en esta práctica.
Para erradicar los abusos sexuales en la infancia es necesaria la prevención, para lo que es necesario educar desde los primeros años de escolarización. Para que los y las niñas puedan romper el silencio deben primero saber que lo que viven es una situación de violencia, deben tener un espacio de contención donde poder hablar, replantear sus vínculos y aprender sobre el cuidado de sus cuerpos. Este rol es el de la educación sexual integral, una política educativa desfinanciada que aún no se encuentra reglamentada en gran parte de las aulas de nuestro país. De este modo, lo que impera es la falta de conocimiento sobre el propio cuerpo, la naturalización de prácticas machistas y el desconocimiento sobre métodos anticonceptivos eficaces.
Es por esto que el primer lema de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es “Educación sexual para decidir”.
Los altos números de embarazos no planificados que son obligados a llevar a término arrastran a estas niñas y jóvenes mujeres a una situación de mayor vulnerabilidad económica, repercutiendo fuertemente en el abandono escolar y limitando su acceso al mercado laboral. Se puede ver fácilmente en las altas tasas de desempleo en mujeres menores de 29 años, donde 1 de cada 5 está desempleada. Casi el 70% de las mal llamadas NI NI —jóvenes que ni trabajan, ni estudian— son madres adolescentes que no pueden acceder al mercado de trabajo pago porque ya tienen un trabajo a tiempo completo en sus hogares. 7 de cada 10 madres adolescentes vive en un hogar pobre.
El segundo lema de la campaña es Anticonceptivos para no abortar porque más allá de lo que decidamos, la sospecha nos persigue y la responsabilidad es siempre nuestra. No es raro escuchar que las mujeres se embarazan por un plan, mientras que las que luchamos por el aborto lo hacemos para coger sin forro. Sin embargo, los números distan, y mucho, de esa percepción de algunos grupos sociales. Las mujeres tenemos mayores tasas de precarización laboral y de desempleo. Las que estamos ocupadas ganamos en promedio 27% menos que nuestros pares varones, eso sí tenemos un trabajo formal, de lo contrario la brecha sube a casi al 40%. Situación que vive más de un tercio de las trabajadoras de nuestro país. A su vez, la maternidad penaliza a las mujeres en el mercado laboral, con peores salarios y condiciones de empleo. Por lo tanto, lejos de estos prejuicios sobre mujeres que especulan para enriquecerse a costa de las arcas públicas abortando o teniendo hijos, la pobreza en la Argentina tiene rostro de mujer: el 70% de las personas más pobres son mujeres.
El acceso a los abortos ilegales realizados por profesionales es un lujo que solo las mujeres de una clase muy acomodada pueden permitirse. Estos abortos clandestinos rondan entre los mil y mil quinientos dólares, y este mercado se comporta como cualquier mercado ilegal: depende de la suerte, los contactos y los ingresos. Las mujeres de bajos ingresos, en cambio, ante una frecuente falta de información quedan presas de métodos tradicionales peligrosos, sufriendo los abortos clandestinos en condiciones infrahumanas.
En un país donde cerca del 40% de los embarazos no son llevados a término y las complicaciones por abortos inseguros son la primera causa de muerte individual en personas gestantes, lo que une a todas es la clandestinidad y la ausencia de un Estado que aparece solo para castigar. Por eso el tercer lema de la campaña es Aborto legal para no morir.
A pocas mujeres se les da la opción más sencilla y la recomendada por la Organización Mundial de la Saluds: abortar mediante misoprostol y mifepristona. El acceso a esta medicación depende de con quién se pongan en contacto. Si bien el misoprostol está disponible en farmacias muchos profesionales se niegan a vender el medicamento a las mujeres jóvenes por conocer sus efectos abortivos.
Una caja de misoprostol, cuya producción y comercialización se encuentra monopolizada por una sola farmacéutica, cuesta cerca de 3.200 pesos en farmacias pero puede llegar a triplicar su precio en la clandestinidad. Sea con un profesional o consiguiendo las pastillas por debajo de la mesa, hablamos de un negocio muy lucrativo con monopolios y precios de mercado en dólares, que mueve millones cada mes. Un negocio clandestino que se verá resentido, si el Estado garantiza finalmente este derecho y aquí hay que mencionar la necesidad de producción estatal de misoprostol.
Por esto, no solo necesitamos la despenalización del aborto para que no haya más mujeres presas por esta práctica sino que además necesitamos su legalización para que el Estado garantice el acceso a este derecho de forma gratuita y segura. Ningún Estado debería permitir que el acceso a la salud y los derechos reproductivos dependan del nivel de ingreso de sus ciudadanos.
Según los datos que recolectamos colectivamente desde Economía Feminista, de los 257 diputades tenemos 106 a favor de que el aborto sea legal, 112 en contra, 2 abstenciones y 37 que aún no han tomado posición pública. Solo el Frente de Izquierda vota en unidad por el aborto legal, seguro y gratuito, el resto de los bloques está dividido en su postura. Con 3030 mujeres muertas por abortos clandestinos desde la vuelta a la democracia estos números son inaceptables.
La mayoría de quienes se proclaman a favor del aborto legal, seguro y gratuito están por debajo de los 40 años, mientras que entre quienes se manifestaron en contra, hay una predominancia de legisladores mayores de 50 años. Quienes se manifiestan agnósticos y ateos, apoyan mayoritariamente. Sin embargo, el nivel más alto de voto en contra está entre las y los católicos. Les jóvenes miramos al futuro y queremos una sociedad más justa e igualitaria que deje de criminalizar las decisiones de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Queremos que las creencias personales no se impongan en las políticas públicas ni en nuestros derechos humanos.
“La misma sociedad que dictamina los derechos del feto no muestra ningún interés en los niños después de su nacimiento”, decía Simone de Beauvoir. Durante estos días escuchamos muchas exposiciones en esta dirección. Por eso mismo insisto en que nosotras queremos derechos para todas las personas y por eso luchamos por educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.
Por cada exposición que escuchamos hoy en esta sala hubo y habrá 6 mujeres que decidieron interrumpir su embarazo ¿El congreso va a seguir dándoles la espalda?
Fuentes:
- Datos cantidad de abortos: promedio entre 360 mil y 550 mil es el resultado de un trabajo realizado en 2005 por dos demógrafas (especialistas que estudian la evolución de la población), Edith Pantelides y Silvia Mario, a pedido del Ministerio de Salud de la Nación. Este dato se desprende de una estimación estadística realizada sobre datos disponibles de hospitales públicos (número de casos hospitalizados por complicaciones de aborto) y datos relacionados con salud sexual y reproductiva (provenientes de estadísticas vitales, censos y encuestas).
- Datos estimación de nacimientos, embarazo adolescente y en la niñez. Informe de Unicef.
- Datos de la Campaña “Rompe el silencio” en 2016 del Fondo de Naciones Unidas por la Infancia, UNICEF y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Datos mercado laboral: EPH INDEC tercer trimestre 2017 y OIT 2015.
- Cantidad de jurisdicciones que adhieren a la ILE http://www.telam.com.ar/notas/201803/262182-protocolo-aborto-no-punible-provincias.html
