Colaboramos con la edición del último informe de Oxfam La austeridad, también una cuestión de género: cómo las políticas económicas predominantes son una forma de violencia de género.
Resumen ejecutivo del informe
Los Gobiernos pretenden aplicar medidas de austeridad en un momento en que el mundo se enfrenta a una grave crisis del coste de la vida y trata de recuperarse de la pandemia de COVID-19. En 2023, el 85 % de la población mundial vivirá bajo la opresión de las medidas de austeridad.1 Habrá repercusiones inevitables para la mayoría, pero especialmente para las mujeres, las niñas y las personas no binarias.
Las medidas de austeridad vienen ampliamente determinadas por los rápidos y profundos recortes en el gasto público (con frecuencia en educación, salud y protección social), que a menudo van acompañados de subidas en la recaudación fiscal, en concreto a través de impuestos regresivos o indirectos, en lugar de aplicando impuestos sobre la riqueza. En períodos de austeridad, se destinan billones de dólares para dar respaldo a las empresas.2 Esto suele ir acompañado de un aumento de la desregulación del sector privado, aun cuando las personas con menor nivel de ingresos se quedan sin el apoyo que necesitan, los puestos de trabajo son cada vez más escasos y existe mayor inseguridad laboral. Estas políticas económicas se basan en qué (y a quién) valoran quienes ostentan el poder.
Las políticas de austeridad combinan el patriarcado y la ideología neoliberal para explotar aún más a las personas más oprimidas de la sociedad, y desestimar deliberadamente sus necesidades. Un ejemplo de ello es la mercantilización y explotación del trabajo de las mujeres (a menudo mal remunerado y con una gran precariedad debido a la degradación de las normas laborales en un contexto de globalización impulsada por el mercado), que constituye una cuestión tanto de clase como de género.3 La austeridad no es solo una política con dimensión de género, sino también un proceso de género en su “cotidianidad”, ya que afecta especialmente a la vida diaria de las mujeres: sus ingresos, sus responsabilidades de cuidados, su capacidad para acceder a servicios tan esenciales como la salud, el agua y el transporte, así como su seguridad general y la ausencia de violencia física en el hogar, el trabajo y la calle.
Las medidas de austeridad perjudican de forma desproporcionada a las mujeres, las niñas y las personas no binarias, especialmente a aquellas que sufren desigualdades convergentes por motivos de raza, etnia, casta o edad. Aun así, los responsables políticos prosiguen por esta vía violenta, sexista y racista, heredado del colonialismo, que tiene vínculos directos con la distribución desigual de poder y recursos entre el Norte y el Sur globales. La violencia de género no se limita a los abusos interpersonales y la violencia en la calle, sino que incluye también decisiones políticas macroeconómicas que perjudican física, emocional y psicológicamente a las mujeres, las niñas y las personas no binarias. Las medidas de austeridad y sus efectos negativos claramente ligados al género son una forma de violencia de género.
Se ha demostrado que las medidas de austeridad más habituales provocan expresiones directas e indirectas de violencia contra las mujeres, las niñas y las personas no binarias, que van desde los recortes salariales en el sector público, que emplea mayoritariamente a mujeres, hasta la reducción del gasto en salud y protección social de los que dependen las mujeres y sus familias para salir adelante. Por ejemplo, más del 54 % de los países que tienen previsto recortar aún más su presupuesto destinado a la protección social en 2023 como parte de las nuevas medidas de austeridad ya ofrecen ayudas mínimas o inexistentes a la maternidad y la infancia.4 Otras características habituales de la austeridad, como el incremento de los tipos del impuesto sobre el valor añadido (IVA) sobre los bienes y servicios básicos, afectan especialmente a las mujeres, que tienen ya dificultades para equilibrar el presupuesto familiar y alimentar a sus familias.
Las medidas de austeridad que reducen la capacidad de las mujeres para percibir un salario seguro, al tiempo que aumentan su ya elevado volumen de trabajo de cuidados no remunerado, contribuyen a empobrecerlas todavía más, y en la práctica las obliga a asumir un coste desproporcionado del fracaso económico. La supresión de las subvenciones alimentarias, las cuales constituyen un enfoque macroeconómico exitoso cuya efectividad para aumentar el acceso a los alimentos está claramente demostrada, agrava la violencia intrínseca a tales políticas al exponer a las mujeres al hambre y a sus terribles consecuencias. Las mujeres suelen encontrarse en las posiciones más precarias desde el punto de vista económico y, por lo tanto, son incapaces de afrontar el aumento de precios.
En aquellos países en los que se dispone de datos y análisis para poder valorar las repercusiones de las políticas de austeridad, los estudios indican que los recortes en los servicios públicos de salud y cuidados han aumentado la mortalidad y la morbilidad, principalmente entre las personas más marginadas de la sociedad.6 Las mujeres, como principales usuarias de dichos servicios, han sufrido las consecuencias de esos recortes a nivel físico, emocional y psicológico. En el pasado, también se han aplicado recortes directamente a la financiación de organizaciones y servicios de apoyo en la lucha contra la violencia de género, eliminando las primeras (y en ocasiones las únicas) líneas de protección de las que depende la supervivencia física de las mujeres, ante lo que quedan expuestas a la violencia directa en un momento en que los índices de violencia contra las mujeres y las niñas van en aumento.
Mientras algunos Gobiernos optan de forma activa por aplicar la austeridad, a menudo lo hacen siguiendo los consejos de las instituciones financieras internacionales. El análisis de Oxfam ha revelado que el 85 % de los 107 préstamos negociados entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y 85 Gobiernos nacionales como respuesta a la crisis de la COVID-19 propone planes para emprender medidas de «consolidación fiscal», es decir, de austeridad, durante el período de recuperación.9 Estos planes se están llevando a término actualmente en países de todo el Sur global, en donde los servicios públicos y la protección social ya necesitaban de una gran inversión incluso antes de la pandemia.
Este informe sostiene que las medidas de austeridad son una forma de violencia de género contra las mujeres, las niñas y las personas no binarias, y presenta ejemplos claros de cómo les afecta la consolidación fiscal. Su argumento central es que poner fin a la austeridad debe ser una prioridad. Las políticas que provocan las mortales consecuencias de la austeridad no pueden seguir promocionándose como las opciones económicas «lógicas» e «inevitables» que han sido durante décadas, y menos por ningún Gobierno que alegue haber asumido un compromiso con la igualdad de género o con el fin de la violencia de género. La austeridad se ceba con las personas que tienen mayores necesidades, al tiempo que hace caso omiso de otros medios sensatos para mejorar los ingresos y fomentar la prosperidad. Las alternativas económicas con perspectiva feminista ofrecen vías que pueden proteger al mundo mayoritario de un sufrimiento completamente evitable, entre las que se incluyen:
1. Gravar la riqueza y elaborar unos presupuestos con perspectiva feminista.
Para que el mundo prospere, es necesario revertir la explosión de desigualdad en lugar de agravarla. La forma de lograrlo (de sobra conocida) es gravar los desorbitados beneficios caídos del cielo que han obtenido las grandes empresas durante la pandemia, al tiempo que se aplica un régimen fiscal progresivo sostenible. Como es evidente, un impuesto progresivo sobre la riqueza de entre el 2 % y el 10 % aplicado a las fortunas multimillonarias y milmillonarias de todo el mundo podría generar 1,1 billones de dólares más que el ahorro medio anual que los Gobiernos planean conseguir mediante recortes. Vertebrar la elaboración de presupuestos en torno a las necesidades de las mujeres, las niñas y las personas no binarias se convertiría entonces en el camino a seguir para recuperarse de las décadas de políticas macroeconómicas que las han estado perjudicando, al tiempo que establecería las bases para que las economías puedan ofrecer equidad y justicia económica para todas las personas de una forma sostenible.
2. Invertir en bienes, servicios e infraestructuras de carácter público y luchar contra las privatizaciones.
Garantizar el espacio fiscal para que los servicios basados en los derechos puedan ofrecerse públicamente (un pilar de la elaboración de presupuestos con una perspectiva feminista) es un compromiso político que requiere no solo de inversión, sino también del rechazo a la privatización de los bienes públicos que conduce a su mercantilización y reduce su accesibilidad por parte de aquellas personas que más los necesitan. Los Gobiernos siguen sin considerar como prioritarias las necesidades de las mujeres y las niñas: bastaría el 2 % del gasto público destinado a defensa para poner fin a la violencia de género interpersonal en 132 países.12 Debemos establecer marcos jurídicos sólidos que defiendan los derechos, la equidad y la justicia, y que ofrezcan unos servicios universales de salud y educación, protección frente a la violencia, un acceso justo y equitativo a los servicios, e inversiones en infraestructura de cuidados.
3. Apoyar la representación y las organizaciones feministas para cambiar las dinámicas de poder.
Las políticas que perjudican a las mujeres, las niñas y las personas no binarias casi nunca son elaboradas por ellas. Esto queda especialmente patente si se observa la situación a través de un prisma neocolonial, que muestra que la transferencia de asesoramiento y la condicionalidad de la financiación van en una sola dirección: desde el Norte global hacia el Sur global. Exigimos más financiación para los movimientos de base y la movilización de las comunidades, y financiación directa para las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres en el Sur global como herramienta indispensable para fomentar el empoderamiento del activismo local. La financiación debería verse acompañada de una labor de incidencia para modificar las leyes y políticas nacionales que obstaculizan la capacidad de las personas para organizarse y manifestarse. Debemos desafiar a aquellas instituciones internacionales que ostentan el poder y a los Gobiernos nacionales que optan por la austeridad y por la violencia que esta genera y perpetúa.
