Por Sophia Boddenberg
Existen muchos tipos de deuda, y no todas se pagan con dinero. La primera que se nos viene a la mente probablemente es la deuda que tenemos con el banco por haber pagado algo con la tarjeta de crédito o las deudas que tenemos para pagar las cuentas del día a día. Quizás también se nos venga a la cabeza la deuda externa que tienen los Estados, por ejemplo, con organismos como el FMI o mismo con acreedores privados extranjeros. Pero hay otras deudas, tal vez menos visibles, que también estructuran nuestras vidas y nuestro vínculo con la naturaleza. Es el caso de la deuda ecológica, que han acumulado los países industrializados del Norte con el Sur Global por el expolio histórico de recursos naturales y los daños ambientales. También está la deuda de género, que tiene la sociedad con las mujeres y quienes cuidan por su trabajo gratuito que sostiene la vida a través del cuidado de seres humanos y de la naturaleza. Todas estas deudas están entrelazadas, aunque algunas estén más visibles y otras bajo la alfombra.
Una propuesta que está cobrando fuerza en los debates internacionales para conciliar la deuda financiera con la deuda ecológica es el canje de deuda por naturaleza. La idea es la siguiente: un país con una alta deuda externa renegocia una parte de esta y, en lugar de pagar a los acreedores la totalidad de la deuda original, paga una cantidad menor a cambio de comprometerse a invertir en la conservación ambiental o la transición energética. De esta forma, los países endeudados y biodiversos tendrían más recursos para la protección de la naturaleza y al mismo tiempo, reducirían su deuda externa. A primera vista, parece una buena idea. Pero, ¿quién se beneficia realmente de los canjes de deuda y qué impacto tendrán en los territorios biodiversos de Latinoamérica y en las personas que los habitan y cuidan?
Latinoamérica biodiversa y endeudada
Lo primero es entender el contexto de discusión : estamos ante crisis múltiples que suceden al mismo tiempo, como lo son las crisis económicas, las crisis de deuda, la crisis ecológica y la crisis de cuidados. Las crisis de deuda externa han condicionado históricamente la economía, los modelos de desarrollo, las políticas públicas y la soberanía de los países latinoamericanos. La crisis de la deuda de los años ochenta marcó el hito del inicio del ajuste estructural neoliberal en la región impuesto por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Durante la última década, el endeudamiento de los países latinoamericanos ha crecido, una situación que se ha agravado con la pandemia.
A medida que aumenta la deuda, los Estados tienen que destinar cada vez más recursos al pago de los servicios de la deuda, dejando menos recursos disponibles para los servicios públicos como la salud, la educación y los cuidados. Según un informe de la Red Latinoamericana por la Justicia Económica, Social y Climática LATINDADD, el servicio de la deuda en América Latina y el Caribe representa alrededor del 90% del gasto social total (educación, salud y protección social). En los momentos de crisis, aumentan el desempleo y el empleo precario, y los salarios caen. Las llamadas «políticas de ajuste estructural» afectan especialmente a las mujeres, que aumentan su carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados para amortiguar la crisis en los hogares. Es decir, la crisis de la deuda agrava la crisis de los cuidados en economías donde las mujeres suelen acceder a empleos más precarios y realizan la mayor parte de las tareas de cuidado no remuneradas y de cuidados.
La crisis de la deuda también está entrelazada con la crisis ecológica porque reduce la capacidad de los países latinoamericanos para invertir recursos en la protección de la naturaleza. Además, la región es una de las más vulnerables a las consecuencias de la crisis climática, como inundaciones, sequías y huracanes, que exigen un alto gasto público. Latinoamérica y el Caribe se encuentran en una encrucijada: es una región muy rica en recursos naturales y en biodiversidad, pero enfrenta una acelerada pérdida de especies. Hacia 2010, más del 40% de los bosques de América Latina y el Caribe ya habían sido completamente deforestados o se encontraban muy degradados. En los últimos 15 años, especies como la tortuga gigante de Pinta, el guacamayo azul o la foca monje del Caribe se han extinguido. Para muches científices, estas pérdidas no son casos aislados, sino parte de un fenómeno global: la sexta extinción masiva en la historia del planeta. A diferencia de las anteriores –como la que acabó con los dinosaurios hace más de 60 millones de años–, esta extinción está impulsada por actividades humanas y ocurre a una velocidad sin precedentes. Entre las causas están el cambio climático, la deforestación y la contaminación.
Los canjes de deuda se presentan como una solución
Para frenar la pérdida de biodiversidad, los países miembros de Naciones Unidas firmaron el histórico Marco Mundial para la Biodiversidad en 2022. Uno de los compromisos, también conocido como «30×30», consiste en proteger el 30% de las zonas terrestres y marinas para el año 2030. El acuerdo también exige que los países más responsables de la destrucción de los ecosistemas —los países del Norte Global— proporcionen ayuda financiera para los esfuerzos de conservación en los países del Sur Global. Según este estudio, realizado por el antropólogo económico Jason Hickel, los países del Norte Global son responsables del 92% del exceso de emisiones mundiales de CO2. Sin embargo, los gobiernos de esos países no están dispuestos a movilizar recursos públicos para saldar su deuda ecológica. A su vez, este informe de LATINDADD afirma que más del 80% de la financiación climática se proporciona en forma de préstamos. Esto permite a los países del Norte evitar el uso de fondos públicos y trasladar la carga al sector privado. Al mismo tiempo, se profundiza la deuda de los países del Sur.
En este contexto, surge la propuesta de los canjes de deuda por naturaleza. En la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad que se realizó en Colombia en octubre de 2024, organizaciones ambientalistas internacionales como The Nature Conservancy, WWF, The Pew Charitable Trust, Conservation International y Re:Wild se unieron para formar una coalición que promueve los canjes de deuda por naturaleza. En un comunicado, el grupo destacó que se trata de «una de las mayores fuentes potenciales de financiación para ayudar a alcanzar los objetivos mundiales sobre el clima y la naturaleza.»
Gana el sector financiero, pierde la población local
En 2023, el Estado de Ecuador firmó el canje de deuda por naturaleza más grande de la historia. El país recompró bonos de deuda externa por un valor de 1.630 millones de dólares, con un importante descuento, y los sustituyó por un nuevo préstamo más pequeño, de 656 millones de dólares, que se invertirá en la conservación marina de las Islas Galápagos. A priori, puede parecer una solución innovadora, pero al mirar más de cerca surgen varias preguntas que generaron muchas alertas en el país y nos ayuda a advertir los efectos de los canjes de deuda en la región.
Una de ellas tiene que ver con la falta de transparencia y participación ciudadana. La operación fue organizada por el banco Credit Suisse, que en ese momento era el principal banco involucrado en canjes de deuda, aunque quebró poco después de firmar el acuerdo tras varios escándalos de corrupción por lo que fue absorbido por otro banco. Los titulares de los bonos ecuatorianos no se conocen públicamente, lo que marca una falta de transparencia, pero es probable que incluyan fondos de inversión internacionales, compañías de seguros y fondos de pensiones. Debido a la elevada deuda nacional y a la inestabilidad política de Ecuador, los bonos habían perdido valor, por lo que su venta resultaba atractiva para los inversores a pesar del descuento.
Para gestionar los fondos del canje, se creó el Galapagos Life Fund, un fondo fiduciario con sede en Delaware en Estados Unidos, un conocido paraíso fiscal. En el directorio de este fondo, el sector privado tiene mayoría. Es decir, el Estado de Ecuador ha cedido soberanía sobre la gestión de la protección de sus recursos naturales a actores privados extranjeros con intereses comerciales. Lo que es más, no hay información pública sobre las condiciones en las que se negoció el canje, ni sobre cuánto ganaron los participantes. Lo que está claro es que los mismos bancos e inversores que son responsables de la crisis de deuda en el Sur Global, ahora se benefician de los canjes de deuda.
Además, el canje de deuda tampoco resuelve los problemas del endeudamiento de Ecuador porque no reduce de manera significativa la carga de deuda. El Estado sigue teniendo que pagar intereses, lo que reduce su capacidad de atender demandas sociales. Las Islas Galápagos van a recibir 12 millones de dólares por año durante los próximos 18 años en nombre de la conservación de la naturaleza. Pero no se atienden las necesidades básicas de la población como el acceso a agua potable, la atención de salud y la protección de mujeres en situación de violencia. Según un informe realizado por el colectivo feminista MAGMA a partir de datos de la Fiscalía, los delitos relacionados con violencia contra las mujeres y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes representan el 26% de todos los delitos registrados en las islas, es decir, son los delitos más frecuentes. Sin embargo, no existen instituciones públicas de protección, ni siquiera casas de acogida.
Los canjes de deuda no resuelven las crisis
Los canjes de deuda no solucionan ni la crisis de la deuda ni la crisis climática y agravan la crisis de los cuidados. Esto tiene que ver con la visión sobre las relaciones entre humanos y naturaleza que hay detrás de esta propuesta y de las políticas internacionales sobre la naturaleza impulsadas por Naciones Unidas y algunas organizaciones ambientales. La idea en la que se basa el acuerdo 30×30 es el concepto de «Media Tierra» del biólogo estadounidense E. O. Wilson, que propone declarar como zona protegida la mitad de la Tierra para protegerla de la influencia destructiva del ser humano. Esta perspectiva generaliza a la “humanidad” como una fuerza inevitablemente destructiva, negando la posibilidad de coexistencia con la naturaleza no humana, tal como lo practican históricamente numerosos pueblos indígenas de América Latina y el Caribe. En lugar de cuestionar el modelo económico que genera la destrucción ambiental, esta visión busca separar físicamente a las personas de la naturaleza. Pero esa lógica es profundamente problemática: la contaminación del agua o del aire no puede contenerse en un solo “lado”, y tampoco queda claro cómo sería posible vivir en esa supuesta “mitad humana”.
Este enfoque responde a una visión de la «conservación de la naturaleza» como causa separada de otras luchas sociales, promovida principalmente por organizaciones ambientalistas de Estados Unidos y Europa. Estas perspectivas surgieron en contextos donde los medios de vida no están amenazados existencialmente y tienden a centrarse en la preservación de la «naturaleza salvaje». La filósofa feminista Nancy Fraser denomina a esta lógica un «ecologismo de los ricos», basado en la idea de que es posible proteger la naturaleza sin cuestionar las dinámicas estructurales del capitalismo.
Además, en Latinoamérica, las luchas medioambientales no suelen separar la protección de la naturaleza de la defensa de los medios de vida, la autonomía y la reproducción social de las comunidades. Al separar la causa de la conservación de la naturaleza de las demandas sociales y privatizar la gestión de los recursos naturales, la población local pierde el control sobre sus medios de subsistencia lo que agrava una situación que las economistas feministas denominan «crisis de los cuidados» o «crisis de reproducción social». Este concepto se refiere a la crisis de los procesos que permiten el sostenimiento o la reproducción de la vida, como los trabajos de los cuidados, la mantención de los hogares y la cooperación social. Por eso, la crisis de los cuidados y la crisis ecológica no se pueden comprender de forma aislada, sino que están interrelacionadas y se retroalimentan en una «crisis multidimensional». Amaia Pérez Orozco lo plantea de esta forma: «Mirado desde la sostenibilidad de la vida, hablamos de crisis cuando los procesos que regeneran la vida quiebran o se ponen en riesgo.»
En lugar de promocionar mecanismos como los canjes de deuda por naturaleza para financiar la protección de la biodiversidad en Latinoamérica y el Caribe, los países del Norte Global deben movilizar recursos públicos y condonar la deuda de los países del Sur para saldar su deuda ecológica. A través de los canjes, se entrega el control sobre los lugares más biodiversos del mundo al sector financiero, mientras los países endeudados pierden soberanía sobre sus recursos naturales. Para avanzar hacia salidas de las múltiples crisis, es necesario transformar las actuales políticas internacionales de protección de la naturaleza y garantizar una gestión democrática y soberana de las comunidades locales sobre sus territorios.
Es necesario pensar estrategias que atiendan las crisis múltiples de manera integral ya que afectan a los países y a sus ciudadanxs de esta manera. Los procesos de endeudamiento de los países aumentan el endeudamiento de las personas que tienen que salir a cubrir las necesidades que el Estado suelta. Las mujeres ponen su cuerpo y su tiempo allí donde el Estado se retira y esto refuerza la crisis de cuidados. De la misma manera, las desregulaciones y la necesidad de conseguir divisas, a cualquier costo, profundizan la crisis ambiental en la búsqueda de resolver la crisis de deuda. Una salida transformadora tiene que entender la vinculación entre las distintas crisis y la importancia de que los países mantengan soberanía sobre las políticas públicas que tomen, donde prioricen la inversión en políticas del cuidado con estructuras fiscales más progresivas y sólidas que permitan reordenar las prioridades para una sociedad más equitativa para todos, todas y todes.
