Celina Santellán
La propuesta de gobierno de Javier Milei respecto a las temáticas feministas fue clara desde el inicio: se proponía eliminar las conquistas de derechos e ir por la batalla cultural para eliminar la “ideología de género”. Su versión más explícita fue en el discurso del presidente en Davos a comienzos de año. Las acciones del Ejecutivo Nacional fueron coherentes con esos dichos y se verifican en el brutal ajuste que atraviesa el país desde el comienzo de este gobierno. Cada promesa de batalla cultural se tradujo en recortes presupuestarios concretos, cada discurso de odio encontró su correlato en políticas de desfinanciamiento.
Las propuestas feministas son uno de los blancos principales a atacar por el gobierno, no solo mediante discursos de odio y difusión de fake news en redes sociales, como demostramos con Ecofemibot, sino también en la desfinanciación y desmantelamiento de políticas públicas que se habían conquistado gracias a la movilización en las calles, la incidencia en el Congreso y las alianzas feministas entre partidos. Nuestro monitoreo de contenidos sexistas, misóginos y antifeministas en redes sociales muestra cómo se ataca directamente a la Educación Sexual Integral (ESI), la Ley de Identidad de Género, los matrimonios igualitarios y la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Estos ataques se complementan con un ajuste que perjudica de manera desigual a las mujeres y personas LGBTIQ+. El achicamiento del Estado y el desfinanciamiento de sectores como la educación y la salud impactan en la calidad de vida de la población y en sus ingresos, con impacto diferenciado en los sujetos feminizados en tanto son las principales responsables de gestionar y resolver el trabajo de cuidados. Desde Ecofeminita, monitoreamos semestralmente la inversión del Estado Nacional para la reducción de las brechas de género, que sufrió grandes retrocesos durante la administración actual.
El ajuste no solo se ve en los despidos del sector público, que superan los 57 mil puestos de trabajo eliminados, la caída de casi un tercio de sus salarios reales, la falta de provisiones a comedores populares y de insumos a hospitales, sino que también puede ser observado directamente en las partidas presupuestarias. Entre 2024 y 2025, 35 de las 44 políticas que anteriormente se consideraban parte del Presupuesto con Perspectiva de Género (aquella porción del Presupuesto Nacional destinado a reducir brechas de desigualdad de género) se discontinuaron, o fueron modificadas de manera tal que no se puede asegurar que cumplan sus objetivos de diseño previo.
Si más del 15% de la desinformación de género que recopilamos en 2023 estaba enfocada en atacar al ahora ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (MinGen), era de esperar que sus políticas fueran de las primeras en ser vaciadas. Todas las políticas contra la violencia de género que agrupaba el ex MinGen dejaron de poder ser monitoreadas en el plano presupuestario. De esa manera, aquellas que no desaparecieron completamente en la práctica quedaron fuertemente disminuidas o desfinanciadas. El argumento del ajuste necesario se cae solo: en 2023, el MinGen representaba menos del 2% de lo destinado al pago de la deuda pública, siendo la deuda una de las partidas que más creció desde que asumió esta administración.
Uno de los puntos centrales de este ajuste se evidencia en la reducción del Programa Acompañar, que busca brindar apoyo integral a personas en situación de riesgo por violencia de género. La cantidad de titulares del programa bajó de 100.000 en 2023 a 18.000 en 2024. Para 2025, ni siquiera hay datos de ejecución presupuestaria. Peor aún: el último pago registrado fue en enero de 2025, correspondiente a la cuota de mayo de 2024. Ocho meses de atraso para quienes dependen de ese ingreso para escapar de situaciones de violencia. Todo esto ocurre en un contexto de extrema gravedad: solo en lo que va de 2025 se registraron 178 femicidios en Argentina. En términos de costos, lo que el Estado dejó de recaudar en 2023 por no cobrar impuesto a las ganancias a jueces nacionales y provinciales equivale a 4,2 veces lo que costó el Programa Acompañar.
La lista de programas desfinanciados o directamente borrados del radar presupuestario es larga: los Centros Territoriales Integrales, la Línea 144, los hogares y refugios para víctimas de violencia, los programas de apoyo económico urgente, el Producir y el Articular. Toda una red de contención territorial que sostenía a quienes enfrentaban violencias por motivos de género quedó desfinanciada en más del 80%.
En el trackeo del Ecofemibot, casi el 12% de la información recopilada consistía en discursos de odio y desinformación dirigidos a la comunidad LGBTTTIQ+, y este es otro flanco atacado en la reducción de presupuesto. Los tratamientos hormonales distribuidos se desplomaron de 117.906 en 2023 a apenas 4.430 en 2024 y no se cuenta con datos ni detalle del presupuesto asignado al primer trimestre de 2025. De esta manera, se pone en riesgo un pilar fundamental para el cumplimiento de la Ley de Identidad de Género, que además fue modificada por un decreto presidencial a comienzos de este año, limitando el acceso a tratamiento de personas menores de edad y afectando el alojamiento de personas trans en cárceles.
Solange Ayala, activista trans de Corrientes e integrante de FUNDEGH (Fundación Derechos Humanos y Equidad de Géneros), denunciaba en febrero a Agencia Presentes: “Acá en Corrientes no hay tratamientos hormonales hace un año”. Y agregaba: “Es muy angustiante lo que está pasando. La ley de Identidad de Género vino a repararnos y dignificarnos a las personas trans. Es lamentable esta decisión de querer una vez más negar nuestra existencia”. La misma agencia indagó sobre los efectos de la Ley en las vidas de quienes cambiaron su identidad de género, casi 20 mil personas, que van desde la felicidad por la constitución identitaria hasta el acceso a la educación y al empleo. Hoy, ese derecho está en riesgo.
Por otro lado, en el contexto de las últimas elecciones presidenciales, más del 10% de la desinformación de género que nos llegó fue en contra de la Educación Sexual Integral, cuyos programas hoy son imposibles de rastrear en el presupuesto. Además, también fueron fuertemente reducidas y en algunos casos eliminadas las acciones que correspondían al desarrollo de la salud sexual y la procreación responsable.
La cantidad de preservativos distribuidos se redujo de 16.704.288 en 2023 a 2.431.440 en 2024 y la cantidad bajó abruptamente a cero para el primer trimestre de 2025 (últimos datos disponibles). Los medicamentos distribuidos para el cumplimiento de la Ley N° 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo pasaron de 171.061 en 2023 a cero en 2024, y el Ejecutivo Nacional dejó de reportar su seguimiento en 2025.
Distribución de insumos de salud sexual y reproductiva, 2023–2025
Fuente: elaboración propia en base a datos de Presupuesto Abierto
Por su parte, la distribución de tratamientos con métodos anticonceptivos de larga duración para adolescentes se redujo de 79.490 en 2023 a 28.320 en 2024 y se reporta en cero al primer trimestre de 2025. Esta última acción forma parte del desmantelado Plan Enia, que de acuerdo al estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) había logrado reducir a la mitad la tasa de embarazo adolescente entre 2018 y 2023, y aumentar los reportes de abuso sexual. En este caso el argumento del ahorro no aplica: de acuerdo al mismo informe, cada dólar invertido en el Plan ENIA genera un retorno de 4,3 USD en beneficios sociales.
Una médica generalista de la salud pública de Santa Fe lo pone en palabras concretas en un informe reciente de la Cocina de los Cuidados: “Estamos viviendo situaciones numerosas de adolescentes y mujeres jóvenes que se han acercado con embarazos no deseados o no planificados, relatando su dificultad de acceso a métodos anticonceptivos o que acompañemos en la interrupción del embarazo y no contemos con métodos que hubiéramos preferido para las adolescentes,principalmente el implante”.
El repaso de las consecuencias del ajuste en el funcionamiento de los programas que apuntaban a cerrar brechas de desigualdad de género nos deja ante un panorama desesperanzador: la salud, la autonomía y la vida de miles de personas,especialmente de mujeres, adolescentes y personas LGBTIQ+ se ven afectadas. Además de estos vínculos explícitos, los recortes en salud y educación también impactan en jornadas de trabajo no remunerado más intensas, donde las mujeres toman la mayor carga. A eso se le suman cifras de desigualdad en el mercado laboral contundentes. Mientras la tasa de desocupación general se ubica en 9,0% para las mujeres y 7,0% para los varones, entre las personas jóvenes de 14 a 29 años, los valores se disparan a 19,2% y 15,1% respectivamente. Casi 1 de cada 5 mujeres jóvenes busca trabajo y no consigue. Esta situación se agrava con la caída en la tasa de actividad: muchas personas, después de búsquedas infructuosas, directamente abandonan el mercado laboral y pasan a la inactividad, que, en el caso de las mujeres, se trata de solo trabajar no remuneradamente. A su vez, considerando todos los ingresos percibidos, sean laborales o no, las mujeres ganan en promedio casi un tercio menos que los varones.
Desde Ecofeminita, a días de las elecciones, queremos saber qué propuestas concretas tienen los candidatos y las candidatas para revertir este panorama. No alcanza con defender lo que está amenazado y atacado: necesitamos avanzar. ¿Qué planes tienen para ampliar las licencias parentales? ¿Cómo piensan fortalecer la provisión de cuidados desde el Estado? ¿Tienen propuestas para fortalecer el sistema previsional considerando las trayectorias laborales interrumpidas de las mujeres?
La desinformación de género no es solo ruido en las redes: es una estrategia deliberada que construye sentido común libertario y habilita políticas concretas. Primero viene el discurso de odio, después el recorte presupuestario. Incluso redunda en efectos violentos que van desde el hostigamiento en el plano digital hasta crímenes de odio. Los recortes no son solo números en un presupuesto: son embarazos no deseados, violencias sin contención, identidades negadas, vidas más precarizadas. Así, el ataque a las conquistas y demandas del movimiento feminista no queda meramente en el plano discursivo, sino que se debate en los hechos con las propuestas de sociedad y economía que pongan la sostenibilidad de la vida en el centro.
Por eso las demandas feministas no pueden quedar fuera de la agenda electoral. Sabemos que los derechos se conquistan y se defienden con un movimiento organizado y con presencia en las calles, pero también requieren representantes que les den lugar y voto en el Congreso. Pese a que el gobierno busca normalizar la desigualdad, nosotras seguimos disputando un proyecto de sociedad donde todas las vidas importen por igual.
