Por Micaela Fernández Erlauer
En nuestro país, el presupuesto nacional sigue la política de etiquetar los gastos que ayudan a disminuir las brechas de género estructurales. Esta práctica busca identificar y marcar con la sigla PPG (Presupuesto con Perspectiva de Género) ciertas acciones que desde la Administración Pública se llevan a cabo para disminuir la desigualdad de género, como el gasto en Prestaciones Previsionales por Moratoria (la mal llamada “jubilación para las amas de casa”) que ejecuta la ANSES.
Gracias a la puja de la sociedad civil, el presupuesto con perspectiva de género comenzó a ponerse en práctica a nivel nacional en 2019, a través de una modesta metodología de etiquetado. Fue recién en el presupuesto que se votó y acordó para el 2021 cuando se incluyó la importancia de la perspectiva de género en la planificación económica del país. De todos modos, el desafío no termina allí: ahora que se abrió esta puerta, es necesario profundizar el uso de esta herramienta para alcanzar la verdadera transversalidad de género.
Aunque sea novedoso en Argentina, este último enfoque cumple más de 25 años. Durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995 se propuso por primera vez que los países se comprometan a implementar, entre otras acciones que contribuyan a la transversalización, presupuestos con perspectiva de género como aproximación fundamental y estratégica para alcanzar la igualdad. De esta forma, esta estrategia global recomienda a los gobiernos distinguir presupuestariamente el impacto diferencial en mujeres y varones.¹
Definido como el seguimiento de la actividad fiscal en clave de género, el PPG responde a esta estrategia de intervención que ha sido fomentada por organismos internacionales e implementada en todas partes del mundo, tanto a nivel nacional como local. Así, aluden a una variedad de procesos y herramientas que pueden analizar el presupuesto, modificar su contenido y/o hacer un seguimiento del accionar gubernamental.
Al ser un enfoque teórico, llevarlo a la práctica puede presentar tanto obstáculos como nuevas oportunidades: reconocer las fallas institucionales pueden dar flexibilidad a las políticas y una mayor capacidad de respuesta. Es ahí donde debemos profundizar, debatir y proponer nuevas alternativas para aprovechar todo el potencial de los PPG.
Algunos conceptos para romper el hielo
El Sistema Presupuestario argentino es un mundo en sí mismo. Si bien es complejo, cada unx de nosotrxs puede acceder a los datos que se plasman en el sitio del ciudadano confeccionado por el Ministerio de Economía para fortalecer la transparencia sobre los ingresos que se reciben y de qué forma éstos se gastan para satisfacer las necesidades de la población.²
La Administración Pública Nacional se organiza en jurisdicciones (en su mayor parte Ministerios), subjurisdicciones y organismos, que presentan programas a través de los cuales se presta servicio a la ciudadanía. Cada uno de esos programas puede desagregarse en actividades³ y conformar así una “apertura programática”. Siguiendo el ejemplo del principio, el organismo “Administración Nacional de la Seguridad Social” (ANSES) tiene varios programas presupuestarios, que ordenan financieramente sus acciones. Uno de ellos es el que organiza las Prestaciones Previsionales, que a su vez tiene la actividad de Prestaciones Previsionales por Moratoria Previsional. Debido a que existen muchas mujeres que no alcanzan los años necesarios de aportes para acceder a una jubilación, tanto porque trabajaron gran parte de su vida en su hogar o se las contrataba informalmente, son ellas las principales beneficiarias de la moratoria (el 85% de las mujeres accede a la jubilación por esta vía) y es por eso que dicha actividad se encuentra clasificada como PPG.
La Ley de Presupuesto Nacional es el acto legislativo que se basa en el plan de gobierno que el Poder Ejecutivo confecciona. Se la solía llamar “Ley de Leyes” pues allí se inscribe la planificación anual de la actividad financiera del Estado. Brevemente, el proceso presupuestario comprende 4 fases: formulación, discusión, ejecución y auditoría. El Poder Ejecutivo tiene un largo proceso de formulación que involucra a todos los organismos, para obtener como producto un Proyecto de Ley de Presupuesto que se discutirá en el Congreso Nacional. Se aprueba (con modificaciones o no) y se comienza a ejecutar, momento en el cual las políticas de género tienen impactos en la población.
¿Dónde estamos país?
Desde 2019, en Argentina se lleva a cabo un análisis del gasto etiquetado con el fin de evaluar los costos y beneficios de los programas sensibles al género. Países como Italia o México también adoptaron esta metodología de etiquetado en los primeros pasos de implementación de los presupuestos con perspectiva de género. Si bien es un proceso extenso que se formula y discute, incide más fuertemente sobre la etapa de ejecución presupuestaria (cuando el presupuesto está en vigencia). De esta forma, es particularmente útil para el monitoreo del gasto, un ejercicio que puede emprenderse como ciudadanx leyendo, por ejemplo, los informes trimestrales de seguimiento.
Un tema a tener en cuenta es que esta herramienta puede no representar apropiadamente el valor de ciertas aperturas programáticas, sobre todo porque se realiza una medición de metas físicas. Además, se le suma que establecer objetivos de gasto sobre determinadas políticas “positivas en género” puede no ser la forma más eficiente de proceder debido a que se necesitan evaluaciones más profundas de política que logren atacar las desigualdades persistentes.
En este sentido, teniendo en cuenta que el gasto etiquetado no acaba las posibilidades de implementación de PPG, sí es una estrategia de intervención que contribuye a transversalizar la perspectiva de género a lo largo y a lo ancho de la Administración Pública.
En el marco de la transversalización se han producido diversos avances. En el plano presupuestario, el logro fue añadir el objetivo de tener un PPG en la etapa de formulación y discusión. Se le suma a esto que, en el Mensaje de Remisión de la Ley de Presupuesto 2021, la perspectiva de género aparece como una de las “prioridades de política presupuestaria”. También incluye datos sensibles al género en el análisis de coyuntura que dan cuenta de una comprensión global del fenómeno de desigualdad. Otro avance, que contribuyó a la institucionalización de la práctica, fue la creación de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (DNEIyG) dependiente de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Hacienda. Si bien esta área no es parte de la Oficina Nacional de Presupuesto, su participación ha sido fundamental en el proceso de confección del presupuesto 2021.
¿Hacia dónde vamos?
En Argentina, las estadísticas reflejan obstáculos al pleno desempeño de las mujeres en el mercado de trabajo productivo; muestran la dispar participación política y dan cuenta de una brecha de ingresos que supera estructuralmente el 25%. Las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas en la informalidad y en los deciles más bajos de ingresos, a la vez que dedican tres veces más tiempo a tareas como cocinar, lavar, planchar o cuidar niños. Dichas brechas de género convocan a pensar políticas públicas que contribuyan a atenuarlas y favorezcan la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Entre ellas, los PPG constituyen un instrumento ampliamente difundido como mecanismo para revisar la estructura fiscal, medir el impacto del accionar gubernamental sobre varones, mujeres y personas LGBTI+ y avanzar hacia un paradigma más igualitario que incluya el diseño de políticas que apunten a cerrar las brechas de género.
Para Argentina, consolidar una estrategia de transversalización de la perspectiva de género en todo el ciclo presupuestario se manifiesta como posible, aunque implicaría transformar desde los cimientos distintos mecanismos, reglas y circuitos de comunicación actuales que dificultan la implementación. Al respecto, se torna inexcusable formular estadísticas oficiales que den cuenta de la desigualdad más allá del binarismo varón-mujer.
El potencial transformador del presupuesto con perspectiva de género yace sobre la capacidad de adaptar el accionar gubernamental para que se torne sensible al abanico de desigualdades, sumado a la posibilidad de sostener un diálogo permanente con las organizaciones feministas de la sociedad civil, que han sido protagonistas en las luchas y reclamos que se vislumbran luego desde el Estado. Para que estos debates se materialicen debemos aprovechar los activos que nos dejó la lucha feminista que hoy persiste, tanto dentro como fuera de las instituciones.
Notas al pie:
¹ Judd, 2001
² Definición de “presupuesto” según MECON en www.presupuestoabierto.gob.ar
³ Actividades, obras, subprogramas o proyectos son las 4 nomenclaturas (Presupuesto Abierto, 2020)
Bibliografía:
- ACIJ. (2019). Análisis presupuestario con perspectiva de género.
- Debbie Budlender, Elson, D., & Guy, H. (2002). Gender Budgets make cents.
- Cremades, R. C. (2016). Presupuestos con perspectiva de género en América Latina: una mirada desde la economia institucionalista y feminista. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- Perez Fragoso, L., & Rodríguez Enríquez, C. (s.f.). Western Hemisphire: a Survey on Gender Budgeting Efforts. IMF Working Papers 16/153.
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