Esta nota es un resumen actualizado de este artículo.
Por Danila Suárez Tomé
El actual gobierno argentino llegó al poder con una promesa explícita de reestructuración estatal que incluye una reducción drástica del “gasto público” y una redefinición de aquello que se considera legítimo financiar con recursos comunes. En ese marco, el sistema científico-tecnológico y la universidad pública quedaron rápidamente ubicados bajo la lupa, presentados como espacios sobredimensionados, poco productivos y poco útiles, además de poblados por trabajadores que no “devuelven” resultados tangibles.
Hay algo de comprensible, por supuesto, en que una sociedad se pregunte qué se hace con los recursos públicos y con qué prioridades. Ahora bien, el modo en que esa pregunta es enmarcada desde el gobierno desplaza el problema, porque funciona menos como un debate sobre eficiencia, evaluación y asignación de partidas que como un juicio sobre la legitimidad misma de ciertas actividades. Por ende, si nos tomamos en serio la escena tal como se organiza, la explicación no se agota en un diagnóstico administrativo, porque lo que empieza a discutirse, con una intensidad que excede el lenguaje de los presupuestos, es qué se reconoce como contribución valiosa al interés común, qué se considera “útil” y bajo qué criterios se decide su valor.
En lo que sigue propongo ordenar la discusión a partir de una pregunta guía: qué criterios definen, en un momento de ajuste, qué conocimientos merecen sostén colectivo y cuáles pasan a ser presentados como gasto improductivo, o incluso como un problema para el interés común. El punto es que la disputa no se agota en el monto del financiamiento, porque también compromete la definición pública de qué cuenta como conocimiento y quién queda autorizado a producirlo. En un primer momento retomaré la alternativa entre concebir el conocimiento como bien público o reordenarlo según criterios de mercado. Luego identificaré el patrón que vuelve a las ciencias sociales, las humanidades y, dentro de ellas, los estudios de género un blanco privilegiado. Finalmente propondré una toma de posición sobre qué defensa resulta pertinente cuando lo que se busca desde el gobierno no es solo ajustar recursos, sino reconfigurar las condiciones bajo las cuales algo puede ser reconocido como conocimiento con valor público.
Un ataque general y un blanco privilegiado
En términos materiales, la consecuencia más visible de las políticas impulsadas por el gobierno libertario ha sido la parálisis de buena parte de la actividad científica y el deterioro acelerado de las condiciones de trabajo. Esto se manifiesta en proyectos frenados por falta de financiamiento, en instituciones obligadas a limitar recursos básicos, en salarios y becas que pierden poder adquisitivo, y en universidades empujadas a un funcionamiento de emergencia. No obstante, aun cuando la afectación sea general, no se distribuye del mismo modo en todas las áreas, y allí aparece un rasgo constante que conviene hacer explícito. En este contexto de ajuste amplio, las ciencias sociales, las humanidades y, dentro de ellas, los estudios críticos sobre sexualidad y género aparecen de manera recurrente como blanco privilegiado, como si fueran el lugar donde el recorte se vuelve no solo viable, sino además simbólicamente rentable.
Esto no quiere decir que el resto del sistema esté a salvo ni que el ataque se limite a un sector. Más bien sugiere que la disputa no se reduce a una discusión de partidas, porque también está en juego qué cuenta como conocimiento y qué investigaciones merecen reconocimiento institucional. En este sentido, puede distinguirse un doble movimiento que se refuerza a sí mismo. Por un lado, una impugnación general del financiamiento público de la ciencia y de la educación superior, coherente con una visión que desconfía del Estado como sostén legítimo de investigación y formación. Por otro lado, una operación específica sobre los estudios de género, que no los trata únicamente como un gasto prescindible, sino como un campo al que se busca quitarle estatuto científico, rebajándolo a propaganda o ideología.
Ese doble movimiento permite entender una escena que, a primera vista, parece contradictoria. Por un lado, se denuncia a universidades y organismos científicos como espacios improductivos y sobredimensionados. Por otro lado, el propio presidente construye una imagen pública de sí como académico y experto, y adopta un registro pedagógico que transforma entrevistas y actos partidarios en lecciones sobre cómo funciona el mundo. La coherencia aparece cuando se vuelve explícito el criterio implícito que distribuye autoridad. No está en juego el valor del conocimiento en general, sino una jerarquía entre aquellos saberes que se presentan como técnica “neutral” y aquellos que se estigmatizan como ideología. En ese reparto, ciertos discursos reclaman recursos y centralidad por el solo hecho de autodescribirse como neutrales, mientras otros son descalificados de antemano como pueriles o hasta nocivos para la sociedad.
En este punto, las ciencias sociales y las humanidades no quedan ubicadas solamente en el casillero de lo “poco útil”, sino bajo sospecha en tanto producen herramientas para leer desigualdades, cuestionar naturalizaciones y discutir el orden social. Esa sospecha se refuerza cuando Javier Milei insiste en presentar a la economía como una ciencia regida por axiomas universales e intocables, y no como lo que efectivamente es: una ciencia social atravesada por disputas teóricas, enfoques metodológicos diversos y desacuerdos sobre sus propios supuestos. Su adscripción a la escuela austríaca (una entre las múltiples corrientes que conviven dentro del pensamiento económico) no aparece en su discurso como una perspectiva situada, sino como la expresión misma de la verdad económica. De ese modo, resulta engañosa la operación por la cual se coloca a la economía en un estatuto excepcional, separado del campo de las ciencias sociales, y presuntamente purgado de ideología, cuando en realidad se trata de una tradición específica dentro de un campo plural.
A su vez, ahí se vuelve más claro el encono particular contra los estudios de género. No solo porque encarnan un emblema de aquello que el gobierno denuncia como colectivismo o marxismo cultural, sino porque discuten el propio reparto, al interrogar qué cuenta como evidencia, qué se vuelve problema público y qué tipo de explicación se considera aceptable.
La “ideología de género” como dispositivo de desacreditación
En su trayectoria política, el gobierno insistió en presentar las políticas de género, la educación sexual integral y ciertas transformaciones culturales impulsadas por los feminismos como instrumentos de una agenda destinada a corroer valores tradicionales y a reordenar la vida social. Bajo ese encuadre, “género” deja de nombrar un campo de investigación y pasa a operar como etiqueta de amenaza. Así, concentra temores morales, sospechas sobre la sexualidad, rechazo a la ampliación de derechos y desconfianza hacia el feminismo, y opera como un atajo argumentativo que clausura la discusión antes de empezar, porque sustituye el examen de evidencia, conceptos y problemas por la imputación de una intención ilegítima. Por ende, lo que se configura no es solo una crítica a ciertas políticas públicas, sino una estrategia de desautorización que desplaza el desacuerdo del terreno de los argumentos al terreno de la sospecha.
Esta operación no es novedosa y conviene reconstruirla mínimamente para entender su eficacia, porque se inscribe en un movimiento neoconservador más amplio que, desde hace décadas, construye la noción de “ideología de género” como enemigo común. Este movimiento se originó en la década de los 90 del siglo XX, cuando categorías provenientes de la teoría feminista comenzaron a incorporarse en organismos internacionales de derechos humanos y, con ello, a incidir en políticas públicas vinculadas a derechos reproductivos, educación sexual y reconocimiento de desigualdades estructurales. Frente a ese avance, sectores conservadores y actores religiosos articularon una respuesta que, además de disputar medidas o conceptos puntuales, buscó cuestionar el estatuto mismo del conocimiento producido por los feminismos y otras teorías críticas, tratándolos como discursos ilegítimos con propósitos de desestabilización social. Desde entonces, la fórmula “ideología de género” opera como un dispositivo de simplificación y unificación, porque permite reunir bajo una misma acusación un conjunto diverso de saberes críticos, al precio de borrar sus especificidades internas.
Un componente clave de esa respuesta consistió en presentar a la categoría de género como un instrumento de desestabilización social, y aquí importa precisar qué se juega en esa imputación, porque no se trata de una mera discusión terminológica. Si se admite que los roles y las relaciones entre mujeres y varones tienen una dimensión social e histórica, entonces se vuelve pensable que la sexualidad no esté fijada por la naturaleza, que la familia tradicional no sea el único centro normativo de la sociedad, que el cuidado y la provisión no sean mandatos naturales generizados y que, en consecuencia, el orden social pueda ser interrogado en su carácter contingente y disputable. Ahora bien, esta apertura no solo es percibida como amenaza por sus consecuencias políticas, sino también porque la orientación conservadora tiende a presentarse a sí misma como no ideológica. En el sentido preciso de que considera que sus ideas sobre lo social, la familia y el género son el reflejo de un orden “natural” y no la expresión de un punto de vista situado y disputable radicado, eminentemente, en la visión conservadora del mundo.
A su vez, si esas piezas se mueven, también se mueve lo que se consideraba más estable, en particular la propia idea de sexo como algo fijo e incuestionable, en tanto el campo crítico vuelve visible la trama de prácticas, categorías y decisiones mediante las cuales se estabilizan definiciones, se naturalizan jerarquías y se ordenan expectativas. En este sentido, la acusación de desestabilización no describe un exceso teórico, sino que más bien nombra, desde el punto de vista conservador, una amenaza al modo en que se justifican normas y roles, y, al mismo tiempo, al modo en que se protege como “natural” aquello que, en rigor, opera como una toma de posición normativa.
En ese punto, la crítica conservadora suele dar un paso más y transformar esa apertura conceptual en conspiración, de modo que lo que podría discutirse como disputa teórica, política y ética se reescribe como infiltración y adoctrinamiento. El efecto de esa reescritura es más profundo que una mera polarización retórica, porque instala un régimen de lectura en el que la controversia deja de organizarse alrededor de razones y pasa a organizarse alrededor de intenciones atribuidas. Quienes investigan y enseñan dejan de ser interlocutores para convertirse en acusados. Por ende, se vuelve innecesario discutir métodos, evidencia o problemas de investigación, ya que la acusación funciona como criterio anticipado de invalidación, como si producir conocimiento crítico equivaliera, por definición, a ejecutar un plan de manipulación cultural.
Privatización y expulsión simbólica
En suma, lo anterior puede leerse como la articulación de dos movimientos paralelos que se refuerzan mutuamente y que, por esa misma razón, conviene analizar en conjunto. Por un lado, el ajuste busca desfinanciar el sistema científico y educativo en su conjunto y empujarlo hacia una lógica en la que la producción de conocimiento y tecnología quede crecientemente en manos privadas, con criterios de valor asociados a la rentabilidad, la transferencia y la apropiación económica de resultados. Por otro lado, sobre las ciencias sociales y las humanidades, y, en especial, sobre los estudios críticos de género, recae una operación específica que no se limita a recortar recursos, sino que intenta disputar su legitimidad como campo de conocimiento, tratándolos como ideología o como anticiencia.
No se trata de un matiz menor. Cuando se acusa a un área de estudios consolidada de ser anticientífica no se está proponiendo mejorar estándares, discutir métodos o revisar evidencia, sino negar de entrada su estatuto epistémico y, con ello, su lugar institucional. A su vez, esa negación suele apoyarse en una equivalencia interesada entre lo “antinatural” y lo anticientífico, como si la ciencia tuviera por tarea custodiar un orden moral predefinido en lugar de describir, explicar y discutir críticamente fenómenos complejos (incluidos los fenómenos sociales). En esta dirección, la etiqueta “anticiencia” no cumple la función de abrir un debate sobre criterios de validación, sino la de bloquearlo, porque transforma una disputa sobre conceptos, evidencia y explicación en un juicio previo sobre legitimidad.
De allí que la defensa del sistema científico no pueda limitarse a un argumento de utilidad mercantilista. Si la orientación ideológica del gobierno parte de un descreimiento de base sobre la existencia misma de las desigualdades sociales en general y de género en particular, entonces cualquier defensa del campo científico que se apoye exclusivamente en mostrar aplicaciones, beneficios o resultados prácticos queda atrapada en un terreno que ya fue clausurado. Esto no implica renunciar a discutir impactos o relevancia social. Más bien exige reconocer que el conflicto principal no es instrumental, sino político y epistémico, porque disputa qué cuenta como conocimiento legítimo y bajo qué condiciones puede sostenerse institucionalmente, así como también quién tiene autoridad para fijar, de manera anticipada, los criterios de esa legitimidad.
A ese escenario se suma una dificultad interna que agrava la vulnerabilidad del conjunto y que conviene explicitar, porque opera como condición de posibilidad de concesiones que debilitan la defensa común. En el campo científico persisten jerarquías sexualizadas entre disciplinas, cristalizadas en la oposición entre ciencias duras y blandas, donde lo duro se asocia a rigor y objetividad y lo blando queda ligado a ideología y subjetividad. Esta división, lejos de ser una descripción neutral, funciona como un mecanismo de distribución desigual de prestigio y credibilidad. En la práctica, habilita que parte de la comunidad científica reproduzca el mismo criterio que se usa para atacar, y que llegue incluso a aceptar sacrificios de ciencias sociales y humanidades para preservar aquello que considera la “verdadera” ciencia. La consecuencia es doble. Por un lado, se debilita la defensa colectiva al fragmentar el frente común. Por otro lado, se confirma la premisa que habilita el recorte, según la cual solo merece inversión lo que produce resultados tecnológicos visibles o retorno económico rápido, reforzando así la idea de que lo crítico, lo interpretativo o lo normativo sería prescindible.
Coordenadas para una defensa común
Resistir el ajuste al sistema científico educativo exige, en primer lugar, no convalidar jerarquías internas que desvalorizan ciencias sociales, humanidades y, en este caso especial, estudios críticos de género, porque esa desvalorización es una vía por la cual el marco ideológico conservador del gobierno se reproduce dentro del propio campo científico. A su vez, cuando se acepta, aunque sea tácitamente, que ciertos saberes serían menos científicos por explicitar supuestos, discutir normas o nombrar relaciones de poder, se deja desprotegidos a los sectores más expuestos a la deslegitimación y se habilita una política de recorte selectivo que avanza por aislamiento, debilitando la capacidad de respuesta institucional y colectiva.
En segundo lugar, es necesario insistir en el valor colectivo del conocimiento crítico como condición de una ciencia pública plural y de una vida democrática capaz de ser enriquecida con discusión informada. El punto no es oponer una ciencia útil a una ciencia crítica, como si se tratara de opciones incompatibles. Más bien se trata de recordar que la producción de conocimiento, cuando se vuelve dependiente de intereses dominantes o se concentra en ámbitos privados, no se vuelve más “neutral”, sino todo lo contrario porque se presenta como más homogénea, orientada por incentivos restringidos, intereses concretos y menos capaz de interrogar el orden social, incluyendo las desigualdades que lo estructuran. Por ende, la defensa del sistema científico educativo requiere sostener que la pluralidad de agendas, la diversidad de enfoques y la autonomía relativa respecto de la rentabilidad inmediata no son un privilegio corporativo, sino una condición de posibilidad de la investigación como práctica pública.
Además, conviene leer con cuidado los antecedentes internacionales en los que gobiernos neoconservadores avanzaron directamente contra programas universitarios de género con el argumento de que no son científicos, porque estos antecedentes muestran que la deslegitimación simbólica suele anteceder a la expulsión material. Si la batalla cultural contra la ideología de género es presentada por el gobierno como un punto tan central en su agenda como el ajuste económico, entonces la comunidad científica no puede relativizar el problema ni hacer concesiones que, aun sin intención, contribuyan a legitimar la expulsión simbólica y material de los estudios de género de la producción de conocimiento científico.
En definitiva, la alternativa es clara. O bien se acepta un reordenamiento que desfinancia y privatiza crecientemente la producción de conocimiento y, al mismo tiempo, establece un reparto jerárquico de legitimidad que desautoriza como “ideológicos” a ciertos campos hasta volverlos expulsables del espacio científico. O bien se sostiene que la ciencia y la educación superior son bienes públicos, lo cual implica defender tanto su financiamiento como su pluralidad disciplinar y su capacidad crítica. En este marco, la segunda opción no es una preferencia abstracta, sino la condición para sostener una ciencia pública que no quede subordinada a intereses privados ni a un criterio conservador de “legitimidad” que decide de antemano qué saberes pueden existir y cuáles deben desaparecer.
