Las economistas feministas insistimos con que eso que llaman amor es trabajo no pago, y que es necesario garantizar recursos públicos que posibiliten garantizar que todas, todos y todes accedamos a los cuidados necesarios para el desarrollo de nada más y nada menos que la vida. Vidas que valgan la pena ser vividas.
En este sentido, en enero de 2023 la República Argentina presentó una Solicitud de Opinión Consultiva sobre “El contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos”. Desde Ecofeminita, junto a otras ocho organizaciones de la sociedad civil de México, participamos en la redacción de un amicus curiae para esa instancia, poniendo el foco en la relacion entre el derecho al cuidado y la justicia fiscal feminista. Los amicus curiae son presentaciones que ofrecen información y consultas de especialistas (Opinión Consultiva) para ayudar a un tribunal a tomar decisiones más informadas, en este caso fue al Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Lo que planteamos en nuestra presentación es que la Corte reconozca en la Opinión Consultiva sobre el derecho al cuidado que la garantía de ese derecho implica una erogación de recursos públicos, que los Estados deben esforzarse en gestionar respetando y promoviendo el derecho a la igualdad y a la no discriminación y que, a su vez, deben tener un desempeño evaluable a través de indicadores de progreso. Para eso, presenta fundamentaciones teóricas sobre qué son los cuidados, cómo están estructurados actualmente y por qué requieren ser redistribuidos, a la vez que destaca su carácter de derecho humano fundamental e imprescindible. Asimismo, da cuenta de cómo las políticas fiscales en América Latina y el Caribe (ALC) contribuyen a la generación de desigualdades, y cómo podrían implementarse reformas que promuevan la justicia fiscal feminista para la garantía del derecho al cuidado, con ejemplos y justificacion del derecho internacional de los derechos humanos.
Los trabajos domésticos y de cuidados incluyen a todo aquello que sostiene la vida y garantiza la reproducción social. Es decir, refieren a las tareas que posibilitan el funcionamiento de la sociedad: cocinar, limpiar, lavar, hacer las compras, cuidar niñxs y adultxs mayores, etc. Esos trabajos, tanto cuando se dan de manera remunerada como no remunerada, están distribuidos desigualmente, de manera tal que son las mujeres, y en particular aquellas de los deciles de más bajos ingresos, las que lo garantizan en manera desproporcionada respecto al resto de la población. A su vez, dado que estas tareas tienen poco reconocimiento social y económico, esa distribución las ubica luego en una posición de desventaja en sus ingresos. Reconocer el derecho al cuidado es un requisito fundamental para avanzar a sociedades más igualitarias porque implica dar legitimidad a la necesidad colectiva de asegurar la sostenibilidad de la vida. Aunque la formalidad de acatar los tratados internacionales, cumplir con los principios de derechos humanos y plasmar en papel esa prioridad es relevante, lo cierto es que un derecho es insuficiente si no se garantizan los recursos para que las personas puedan acceder a él efectivamente. Los discursos son lindos, pero se necesita inversión en infraestructura y trabajo de cuidados si queremos sociedades más igualitarias.
De esta manera, las políticas fiscales (de ingreso, endeudamiento o gasto) pueden ayudar a reducir las desigualdades socioeconómicas (ser progresivas), a sostenerlas o, incluso, a profundizarlas (ser regresivas). Las políticas fiscales en América Latina y el Caribe contribuyen a la generación de desigualdades porque los impuestos recaen proporcionalmente más sobre los salarios y el consumo que sobre la renta y la riqueza. Por lo tanto, la acción del Estado mediante los impuestos no actúa en pos de cerrar brechas de desigualdad; por el contrario, las profundiza, afectando más a los sectores de menores ingresos, mientras grava escasamente, o directamente no grava, la riqueza.
Esta forma desigual de recaudar impuestos puede verse empeorada si, además, las transferencias del Estado a los sectores más empobrecidos tampoco logran disminuir las diferencias entre quienes tienen mayores ingresos y riqueza y quienes menos tienen. A su vez, las debilidades de los Estados al momento de recaudar limitan las capacidades posteriores de financiamiento de políticas y servicios públicos. Ejemplo de ello son los privilegios económicos a sectores como la petroquímica y la minería en contraposición de exenciones impositivas a sectores vulnerados. La priorización de estos sectores, junto con los incrementos de deuda pública, restringen la capacidad de los gobiernos de incrementar el gasto social que equipare las condiciones de vida de la población, especialmente durante períodos de crisis o recesión. Así, la “falta de recursos” termina siendo el resultado de decisiones políticas en función de las prioridades de los Estado: se asume como indeseable el gasto social y la garantía de derechos, mientras se conceden gastos tributarios y subsidios a los sectores ya privilegiados de la economía.
En la región se evidencia una reducción de los presupuestos públicos que redundan en el recorte de servicios directamente vinculados a los cuidados, en detrimento del tiempo de las mujeres, que asumen mayores responsabilidades de cuidado para compensar la falta de provisión estatal. Según la CEPAL, ALC se encuentra entre las regiones más endeudadas del mundo, con un peso de la deuda pública que en 2022 alcanzó el 51,5% y 77,3% del PIB respectivamente.
Las medidas de austeridad se encuentran directamente vinculadas con el endeudamiento: las desiguales dinámicas económicas globales promueven el endeudamiento de los países del Sur y, frente al aumento de la deuda pública, los Estados reducen el gasto público para cumplir con los compromisos del pago de la deuda. Estos pagos implican reducciones en las inversiones para la garantía de los derechos humanos, ya que esto significa menos dinero en educación, salud, infraestructuras públicas, programas sociales, etc.. Esta es una de las razones por las cuales se afirma que la austeridad fiscal es una forma de violencia de género. Por otro lado, los endeudamientos suponen obligaciones para las generaciones futuras, que a su vez son privadas en el presente de la inversión social necesaria para su pleno desarrollo.
La justicia fiscal feminista implica abandonar la premisa de que el derecho al cuidado no puede abordarse desde los Estados debido a la “falta de recursos” y, en su lugar, realizar propuestas para garantizar ese financiamiento. Las economistas feministas cuestionamos la creencia de que las decisiones políticas y económicas deben priorizar el crecimiento económico de los mercados como el único medio para garantizar los derechos humanos. El problema con esta creencia del “derrame”, sostenida por la ortodoxia económica, es que no reconoce que el ajuste está siendo financiado a costa de poner en riesgo la sostenibilidad de la vida.
Por lo tanto, el derecho al cuidado es un asunto profundamente económico-político, ya que exige la necesaria redistribución de la riqueza para que la mayoría de la población pueda acceder a condiciones de vida digna y, al mismo tiempo, reorganizar la sociedad para que los cuidados sean asumidos de manera corresponsable. Esto no solo implica que mujeres y varones asuman una carga equitativa de las responsabilidades de cuidado, sino también que estas tareas se distribuyan con el Estado, los agentes del mercado y las comunidades.
Para garantizarlo, la promoción y consideración de la capacidad redistributiva de los sistemas impositivos son cruciales en las políticas públicas. Los ejemplos de políticas fiscales que servirían para garantizar el derecho al cuidado incluyen, para el caso de América Latina y el Caribe, fortalecer la tributación directa y reducir la evasión fiscal para garantizar recursos. Las propuestas se centran en obtener los fondos necesarios para sostener la vida, reconociendo que el esquema fiscal puede influir en la igualdad de género más allá de la asignación de gastos específicos.
A su vez, evitar una excesiva dependencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA), conocido por su regresividad, es crucial en este contexto. Por otro lado, aumentar la recaudación en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) mediante la lucha contra la elusión y evasión fiscal es un requisito para abordar la equidad en la política fiscal. Así como los países con ingresos insuficientes suelen ofrecer servicios públicos deficientes (impactando negativamente en la carga de trabajo no remunerado de las mujeres), destinar los fondos recaudados a un sistema integral de cuidados puede redistribuir estas responsabilidades en la sociedad y contribuir a la plenitud de “vidas que merecen la pena ser vividas”.
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