Buenos días a todos y todas.
Como quedó claro en las sesiones anteriores, al debatir sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo se puede apelar a diferentes tipos de argumentos tanto para sostener posiciones a favor, como en contra.
Sin embargo, los argumentos sobre los cuales deberían fundarse las decisiones de los/as legisladores/as son aquellos que hacen referencia al aborto como un problema de salud pública.
Esto no significa que tengamos que ignorar la dimensión ética de esta cuestión, ni tampoco lo que la ciencia tiene para decir al respecto, ambas esferas contribuyen al debate. Sin embargo —frente a desacuerdos que históricamente no han logrado conciliación entre las posiciones encontradas— la realidad nos enfrenta con un hecho ineludible: la prohibición, lejos de impedirlo, empuja a las mujeres a abortar en la clandestinidad, poniendo en riesgo su salud y sus vidas.
Para debatir acerca de la permisión o prohibición del aborto es importante especificar de qué hablamos cuando hablamos de vida ¿Hacemos referencia a todo tipo de vida? ¿hablamos de vida humana? ¿o acaso estamos apelando al concepto de persona? No se puede pasar por alto que las implicancias de elegir una u otra definición para intentar zanjar este debate llevan a conclusiones muchas veces opuestas.
La comunidad filosófica, con su larga historia, no ha alcanzado nunca acuerdo sobre el tema. Los atributos que hacen que un ser vivo sea considerado persona (es decir, un ser poseedor de ciertas características y merecedor de ciertos derechos) nunca fueron definidos de modo unánime. La comunidad científica tampoco logró nunca consenso sobre este tema. Ni siquiera pudo probar, de modo irrefutable, que la vida comience con la concepción (un término vago que, de por sí, involucra graves problemas conceptuales).
Las opiniones personales son también importantes, pero estas no pueden ni deben guiar la discusión. Los diferentes miembros de la sociedad tienen visiones muy diferentes sobre cuándo comienza la personalidad (o la vida humana) y está bien que así sea. La falta de acuerdo sobre algunos temas es parte de las características deseables de una sociedad democrática y pluralista.
Pero en este momento lo importante es alcanzar un consenso sobre la posición que se debe adoptar a la hora de legislar sobre el aborto. Es por ello que debemos abordar el tema desde la óptica de la salud pública y no a partir de cuestiones filosóficas, científicas o creencias personales.
Así se acordó en La Conferencia Mundial de Población y Desarrollo de la ONU que se celebró en 1994 en El Cairo, hace casi un cuarto de siglo, donde por primera vez, se instó a los gobiernos a considerar que los abortos en condiciones de riesgo son «una importante cuestión de salud pública», así como también una causa importante de mortalidad materna. Y así lo muestran también las cifras, que ofrecen un panorama imposible de ignorar.
Ya se ha dicho muchas veces, pero este número no puede dejar de mencionarse y lo repetiremos hasta el cansancio: en la Argentina se realizan aproximadamente 450.000 abortos clandestinos por año y, la gran mayoría, en condiciones sanitarias absolutamente inadecuadas. Las complicaciones por aborto inseguro son la primera causa individual de muerte materna en 17 de nuestras 24 provincias.
La Argentina había asumido el compromiso de reducir un 75% la mortalidad de las mujeres en el embarazo, parto y puerperio, como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Actualmente, esta tasa duplica la meta que el país se había comprometido a alcanzar. Es decir, no sólo no alcanzó a cumplir con este Objetivo, sino que se ha mantenido relativamente estable durante los últimos veinte años. En este aspecto se nos considera un país “estancado”.
Además de una cuestión de salud pública, el aborto ilegal es también un problema de inequidad
En los países donde este derecho no es reconocido, las consecuencias de la ilegalidad golpean con más fuerza a las mujeres más pobres, que son las que no pueden acceder a un aborto seguro.
Acceder a un aborto puede costar en nuestro país entre 3 mil y 30 mil pesos, dependiendo del método. Las mujeres que carecen de los medios necesarios para interrumpir su embarazo en condiciones seguras recurren a métodos terriblemente precarios. Entonces, las mujeres que pueden pagar abortan de forma segura y las que no, arriesgan su salud y su vida en el intento.
Porque donde el estado está ausente, se afirman y reproducen las desigualdades entre las personas.
Es por ello que no alcanza con la despenalización de esta práctica. Si no se garantiza el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, no se resuelve el problema. Sin aborto legal, la pobreza seguirá siendo un determinante de salud en estos casos.
De acuerdo con el último reporte de la Organización Mundial de la Salud sobre el tema, en América Latina 3 de cada 4 abortos se producen en la clandestinidad y en condiciones sanitarias inseguras. Esto representa una de las más amplias e injustas brechas en materia de salud entre las naciones desarrolladas y en desarrollo.
Conclusiones
Las restricciones legales a la interrupción voluntaria del embarazo no disminuyen el número de abortos practicados. Este debería ser el punto central del debate.
El derecho al aborto es una deuda fundamental de nuestra democracia. Fue ratificado por las recomendaciones que el comité de expertos de la CEDAW (ONU) realizó en noviembre de 2016 a la Argentina. Es el Estado quien debe velar por la salud de las mujeres, no sólo a través de la legalización, sino también de la articulación adecuada de los programas de salud sexual.
Que una mujer esté dispuesta a correr riesgo de muerte para interrumpir un embarazo que no quiere llevar a término es muestra de que sus derechos (a su salud, integridad, desarrollo, a su cuerpo y a su privacidad) no están siendo reconocidos ni protegidos.
La decisión de interrumpir un embarazo nunca se toma a la ligera, los derechos de las mujeres tampoco deberían considerarse de ese modo.
Muchas gracias
Shah I, Ahman E. (2009) Unsafe abortion: global and regional incidence, trends, consequences, and challenges. J Obstet Gynaecol Can. Dec;31(12):1149-58.
CEDAW (2016) Concluding observations on the seventh periodic report of Argentina. http://www.refworld.org/docid/583862e94.html
