Escrito por @_abrilflores, voluntaria EcoFeminita
Nahir Galarza fue condenada por el homicidio de Fernando Pastorizzo el 3 de julio de 2018, siete meses después de dispararle por la espalda. Desde ese momento, fue expuesta por los medios de comunicación y su nombre apareció en los titulares. La práctica fue extraña: en general, los casos de asesinato son más conocidos por la víctima y no por el victimario. Más allá de eso, el juicio oral sobre la causa tardó menos de 30 días, hasta que fue sentenciada a prisión perpetua y se convirtió en la mujer más joven en recibir esa pena. Pero no fue eso lo que llamó la atención sobre el tratamiento de la Justicia, sino la celeridad con la que se resolvió
¿Hay una diferencia entre las formas de actuar de la Justicia? Las cifras que se conocen sobre el Poder Judicial permiten pensar que la rapidez de expedición, la contemplación de vínculo y las sentencias firmes tienen lugar dependiendo en gran medida de si el homicidio es cometido por una mujer o por un femicida. Esa manera discriminatoria y selectiva configura una situación injusta y desigual que evidencia la ausencia de perspectiva de género, simplemente porque el Poder Judicial, como la sociedad en la que vivimos, es patriarcal.
¿Dónde están las mujeres?
El carácter sexista y misógino de la Justicia se evidencia en dos niveles: en su composición institucional y en el tratamiento de los casos que llegan a ella. Según datos relevados por la Oficina de la Mujer, el Poder Judicial se encuentra compuesto en un 56% por mujeres. Sin embargo, esa cifra no implica una verdadera paridad de género, debido a que en los cargos jerárquicos el porcentaje desciende enormemente. La Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra integrada por cinco personas, de las cuales solo una es mujer y, a lo largo de su historia, desde su creación en 1862, sólo tres mujeres llegaron al máximo tribunal: Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Margarita Argúas (designada por el gobierno de facto de Roberto Levingston).
Un informe realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia junto a otras organizaciones, en el que se utilizaron datos abiertos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, permite ver esta disparidad de género.
Las estadísticas demuestran que las mujeres ocupan menos de la cuarta parte de los espacios de jerarquía judicial en distintas instancias, mientras que, analizando al personal administrativo, las mujeres casi siempre superan el 50%. Los techos de cristal se evidencian una vez más, al igual que la feminización y masculinización de las tareas.
Parcialmente machista
La justicia no solo es desigual en la composición de su personal. También lo es en las formas de abordar los expedientes. Según el Registro de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2017 se cometieron 251 femicidios y hubo 22 víctimas indirectas de estos. Es decir, una víctima a manos de femicidas cada 32 horas.
Este informe muestra, por ejemplo, que el 93% de los imputados incluidos en las causas judiciales de todo el país eran varones con quienes las víctimas tenían un vínculo o conocimiento previo. En el 71% de los casos los femicidios se cometieron en las viviendas de las víctimas. Al menos 21 femicidios fueron cometidos en un contexto de violencia sexual; además, se constató que, existieron al menos 64 hechos previos de violencia entre víctimas e imputados.
Asimismo, este registro permite ver que el tratamiento realizado en las causas de femicidios es lento y tedioso. Esto es así desde el inicio de la investigación: en el 29% de los casos no se contemplan los vínculos, ni la violencia de género a la hora de realizar imputaciones por las muertes violentas de mujeres.
Este informe se basó en datos cargados hasta abril de 2018. En ese momento, la mayoría de las causas (el 62%), se encontraba todavía en etapa de investigación: solo el 3% había conseguido una sentencia firme para el femicida.
También la situación de los femicidas es dispar. Solo el 4% de quienes cometieron un femicidio en 2017 habían recibido su condena al momento del cierre de este informe.
Todos los habitantes de la Argentina “son iguales ante la ley”, dice la Constitución Nacional en el artículo 16. Sin embargo, no parece que para los casos de femicidio el tratamiento de la Justicia patriarcal sea el mismo que para las mujeres.
