Foto: Martín Zabala / Xinhua
Los reclamos feministas se repiten ante una agenda política que también
Por Justina Lee
Nota publicada el 18 de diciembre de 2021 en Tiempo Argentino, en el marco de una colaboración con Ecofeminita
En la antesala de terminar un nuevo año pandémico y en el marco de la renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el programa plurianual y el presupuesto para el 2022, tenemos mucho para discutir en una sociedad que sigue mostrando datos socioeconómicos alarmantes donde las más perjudicadas son las mujeres, quienes no parecen ser el centro del motor de la recuperación.
Mejorar la situación de las mujeres es mejorar la distribución del ingreso
La pobreza tiene cara de mujer, y son los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados la principal causa de que ellas se encuentren en una posición de mayor vulneración económica.
De acuerdo a los datos del primer semestre del 2021, Argentina tiene una pobreza estructural que se profundizó con la pandemia y que hoy encuentra a más del 40% de la población sumida en ella. A su vez, dicha pobreza se encuentra feminizada ya que, según nuestro último relevamiento del 2do trimestre de 2021, más del 70% del grupo poblacional de menores ingresos son mujeres. Esta estadística es central a la hora de diseñar las políticas que busquen mejorar la distribución de los ingresos. Es importante entender que no se puede realizar esta mejora de manera “neutral” si queremos mejorar los indicadores de pobreza, y es por esto que debemos tener una perspectiva feminista. 
Como hemos debatido en la primera mitad del año, las políticas públicas juegan un rol clave a la hora de combatir desigualdades de ingresos y de género. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) implementado en 2020, la Asignación Universal por Hijo (AUH), etc., ayudaron el año pasado a contener los dígitos de pobreza e indigencia en un 12,9% y 75,5% respectivamente. Este tipo de políticas hacen la diferencia para muchas familias en términos de cubrir o no sus necesidades básicas, por lo que es muy importante repetirlas y sostenerlas. De todas maneras, queda claro que este tipo de medidas también tienen un límite ya que las causas de las mismas son estructurales y exceden al contexto de la pandemia. Es por esto que el abordaje de estas situaciones críticas debe ser feminista, integral y de raíz, como lo son un Sistema Integral de Cuidados (SIC), la provisión gratuita de productos de gestión menstrual y una reforma fiscal progresiva.
La urgencia de un Sistema Integral de Cuidados
La feminización de la pobreza se puede explicar por las tareas no pagas que realizan la mayoría de las mujeres al interior de los hogares y por el bajo reconocimiento monetario que tiene su segmento pago, es decir, el hecho de que el salario más bajo de la economía sea el de las trabajadoras de casas particulares. La organización social de los cuidados es relegada casi exclusivamente a los hogares, y de esta manera, individualiza en cada familia cómo resolver dichas tareas que son indispensables para la existencia del conjunto de la población. En este sentido, es fundamental el rol que tiene el estado en garantizar un cuidado necesario socialmente y que actualmente recae, mayoritariamente, en las espaldas de las mujeres.
De acuerdo a los últimos datos relevados por INDEC, del 2do trimestre de 2021, el 71% de los trabajos domésticos no remunerados son realizados por mujeres. Se le suma a este dato, que estos trabajos representan el 15,9% de nuestro PBI, lo que indica que es muy difícil intentar mejorar la vida de todes sin entender el papel clave que los cuidados tienen en el bienestar social.
Por todo esto, el reclamo de un SIC es urgente y fundamental si queremos avanzar hacia un país que sea más igualitario. Dicho reclamo ha sido incluso un compromiso asumido por parte del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, aunque no hemos tenido noticias de su avance a pesar de contar con el compromiso del ejecutivo en enviar el anteproyecto al Congreso este año. El SIC es necesario no sólo para garantizar un derecho que hoy depende de los ingresos de las familias sino también es urgente para profesionalizar y formalizar un trabajo feminizado que impacta directamente en las mujeres de los grupos poblacionales de menores ingresos. Las crisis tienen impactos diferenciados de género y la perspectiva feminista es una herramienta política que ofrece soluciones estructurales y concretas para salir de dichas crisis y hacerlo con las mujeres adentro. No es, como suele suceder con toda la agenda de género, algo que se pueda posponer para cuando la situación económica “esté recuperada”.
Seguimos exigiendo #MenstruAccion
Desde Ecofeminita, creamos #MenstruAccion el #8M de 2017 con el objetivo de impulsar medidas que buscan reconocer a la menstruación como un tema de agenda para la salud pública, que hoy constituye un claro factor de desigualdad económica. Como se ha mencionado desde los inicios, los productos de gestión menstrual son una necesidad básica y las políticas económicas no pueden perderlos de vista.
El acceso diferenciado entre quienes pueden acceder a una gestión menstrual saludable está directamente asociado a las condiciones materiales ya que quienes menos ingresos tienen, enfrentan más trabas en el acceso a ella. Es inaceptable que haya sectores de la población que no puedan acceder a una menstruación sana por su condición socioeconómica. De acuerdo a los precios de septiembre de 2021, estimamos que el costo anual por persona de la menstruación se encuentra en $4102 para toallitas y $4686 para tampones. Es por esto que la campaña concretiza tres reclamos que tienen que hacerse realidad a nivel nacional: quita del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los productos de gestión menstrual, provisión gratuita en espacios comunitarios y promoción de la investigación y socialización de datos al respecto.
De acuerdo a lo anterior, hubo avances que marcan un paso hacia la justicia menstrual que queremos, pero que todavía falta para finalmente conseguirla. Se han aprobado cuatro leyes provinciales, numerosas ordenanzas municipales por la provisión gratuita, y existen hoy varias fuentes de datos oficiales impulsadas desde distintas oficinas gubernamentales sobre la gestión menstrual en Argentina. Sin embargo, queda pendiente que se haga realidad una ley nacional de salud menstrual para la mejora en las condiciones de vida de todas las personas menstruantes.
Las más pobres y en las que más pesan los impuestos
Mucho se discute sobre el déficit fiscal pero el foco suele ponerse en el gasto público en lugar de marcar la agenda en los ingresos fiscales. ¿En quiénes recae el peso de los impuestos en nuestro país? La respuesta, aunque sorprenda, es que los tributos pesan más en los bolsillos de los grupos poblacionales más pobres, donde las mujeres son mayoría.
Esta discusión, en el contexto de renegociación con el FMI, hace necesaria traer a la mesa la urgencia de una reforma fiscal que pueda aliviar a los sectores que vienen padeciendo la crisis económicas.
El déficit puede reducirse tanto disminuyendo el gasto como aumentando impuestos, una decisión que es netamente política. Muchas veces, las reducciones en el gasto público se concentran en áreas como la educación, salud y servicios sociales, gastos que tienen un impacto mayor en la vida de las mujeres y las mayorías. El Presupuesto con Perspectiva de género puede ser un instrumento útil para identificar las erogaciones y las consecuencias que pueden tener en términos de género, así como también revisar la estructura tributaria, para que los compromisos estatales con la igualdad de género encuentren un correlato material y no se queden en compromisos sino que pasen a ser hechos.
Hoy Argentina presenta un sistema tributario regresivo, en donde la mayoría de la recaudación la da el IVA. Dicho impuesto es regresivo porque grava a todas las personas por igual, sin importar su nivel de ingresos. A su vez, menos del 1% de la recaudación nacional viene de impuestos patrimoniales que gravan la riqueza acumulada. En el panorama en donde las mujeres enfrentan peores tasas de desempleo, mayores niveles de precarización, menores niveles de ingresos, y mayor exposición a la pobreza y la indigencia, es importante preguntarnos cómo influye el esquema impositivo en dichas desigualdades de género. De esta manera, un programa impositivo que sea más progresivo mejorará no sólo la distribución de los ingresos que es hoy muy desigual, sino también, achicará las brechas de género que se profundizaron con la pandemia.
Queda claro, entonces, que no podemos seguir esperando a que la situación económica “mejore” para que la agenda de género tenga un lugar central en las políticas públicas. Seguimos insistiendo que todas estas demandas son fundamentales a la hora de pensar en cambios estructurales que puedan mejorar la vida de las mayorías y entender que este cambio solo puede darse con las mujeres adentro.
