Por Micaela Fernández Erlauer y Celina Santellán
Con la austeridad como bandera, el primer presupuesto formulado por el ejecutivo de Milei desfinancia múltiples programas que garantizan los derechos de muchxs. A su vez, afecta el derecho de toda la ciudadanía a la transparencia en las cuentas públicas ya que retrocede en políticas que permitían monitorear los recursos destinados a objetivos específicos, como es el caso de las políticas de género a través del presupuesto con perspectiva de género (PPG). Primero, desmantelaron los mecanismos de acceso simplificado a la información presupuestaria y dejaron de publicar los informes. Ahora, las etiquetas PPG están directamente ausentes en el presupuesto 2025.
Hasta el año pasado, contábamos con plataformas públicas (como esta y esta) que relevaban el uso de los fondos públicos destinados a reducir las brechas de género. Tener acceso al control del gasto del Estado es fundamental para ejercer la participación ciudadana, por lo que dificultar el acceso a esta información habla mucho de cómo se maneja el gobierno de Milei. Las llamadas webs de “Presupuesto Abierto” son un mecanismo de rendición de cuentas de las administraciones públicas. Es decir, son una forma por la cual el Estado demuestra, entre otras cosas, para qué se usa la plata de nuestros impuestos.
Con esa información, se podía saber cuál era el compromiso monetario del Estado con las cuestiones de género, monitorear el accionar estatal y denunciar dónde faltaban recursos o cuando lo prometido no se estaba haciendo. Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, las plataformas que ponían a disposición estos datos no se están actualizando. También, se detuvo la publicación de los Informes Trimestrales de Seguimiento de gasto en Políticas de Género.
Como última estrategia para ocultar la información, eliminaron todas las etiquetas que identificaban a los programas orientados a cerrar brechas de género. Aunque muchas de las políticas siguen vigentes, las etiquetas que las identificaban fueron eliminadas. Lejos de ser un error, esto responde a un objetivo explícito del actual gobierno: desmantelar todo tipo de políticas con perspectiva de género.
Con la llegada de Milei, las demandas por más presupuesto de género se vieron avasalladas por el ajuste en general y, en particular, por la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (MinGen), el desmantelamiento de la línea 144 que asiste a mujeres víctimas de violencia de género y el recorte del Programa Acompañar que apoyan a personas víctimas de violencia de género. Estos desmantelamientos reflejan la postura del gobierno, que niega la existencia de la desigualdad de género. Esta desigualdad no es una cuestión de creencias: es una realidad estructural comprobable, que se puede medir y que necesita de políticas públicas para reducirla.
El punto de partida ya era bajo: de todos los ministerios, el MinGen fue el tercero con menos presupuesto durante todo 2023, apenas superando a los de Cultura y de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es difícil imaginar que un ministerio que contaba con menos del 2% del presupuesto asignado a los servicios de la deuda pública pudiera ser el causante de todos los males del país. Es claro que se debe apuntar hacia otros lugares.
Te lo resumo así nomás: ¿qué es el PPG?
Desde 2019, el presupuesto nacional cuenta con una etiqueta “PPG” que permite identificar rápidamente aquellos programas que cierren brechas de género. El Programa Acompañar es un ejemplo, como también lo es la moratoria previsional, que permite a adultxs mayores acceder a una jubilación aunque no se cuente con los años de aportes necesarios, una política que alcanza mayormente a mujeres, ya que son ellas las que están sobrerrepresentadas en los trabajos informales porque son las principales encargadas de los trabajos de cuidado en sus hogares. Otro ejemplo es la construcción de jardines infantiles, ya que mejora la provisión pública de cuidados y aliviana una carga que está feminizada.
Hasta la fecha, los portales del Ministerio de Economía que permitían visualizar quién, cómo y cuánto se gasta en PPG no han vuelto a actualizarse. Tampoco se han publicado nuevos informes trimestrales de seguimiento del gasto, que antes ofrecían datos detallados, como el gasto en el programa Acompañar e incluso en qué magnitud se recortó este año. Si bien la etiqueta sigue presente en las bases de datos de presupuesto abierto de 2024, actualmente el acceso general a estos datos se ha vuelto más complejo. Es por esto que, desde Ecofeminita, elaboramos un informe que refleja el estado actual de los programas catalogados como PPG. Esta posibilidad desaparecería si se aprueba el Presupuesto 2025 tal como fue presentado.
Estos retrocesos en materia de transparencia representan obstáculos intencionados al acceso de datos. Sin la posibilidad de hacer seguimiento, se pierde uno de los ejes fundamentales del PPG: permitir que la ciudadanía incida en la demanda de recursos para políticas públicas con perspectiva de género.
Algo que nosotras sabemos bien, pero Milei parece ignorar, es que los programas de austeridad fiscal impactan más en mujeres, sobre todo en períodos de crisis económica. El ajuste tiene un impacto diferencial en mujeres cuando las reducciones en el gasto público se concentran en educación, salud y protección social, porque la carga familiar de trabajo doméstico y de cuidados, usualmente feminizada, se intensifica. Además, el aumento de precios de los últimos meses sumado a la caída de la actividad, deja más expuestas a quienes trabajan en la informalidad y no tienen posibilidad de acceder a recomposiciones salariales.
Lo que hay que saber: cuánto y en qué.
A la fecha, el presupuesto de políticas que cierran brechas de género representa el 17% del total de recursos de la Administración Pública Nacional (APN). Esto quiere decir que, por cada $100 gastados, $17 se destinan a mitigar la desigualdad de género. El total de recursos del PPG vigentes asciende a $16.120 mil millones, de los cuales solo se ha ejecutado la mitad (54%). Estando en el último trimestre del año, esto nos permite hablar de subejecución: se está gastando menos de lo que se había presupuestado.
De las políticas que fueron identificadas como tendientes a reducir brechas de género, unas 40 en total, el 91,7% del presupuesto PPG se concentra sólo en dos: la Moratoria Previsional (70,9%) y la Asignación Universal para la Protección Social (AUH y AUE, 20,8%). El lugar central de estos programas refleja que gran parte de la desigualdad de género es estructural: las mujeres se ocupan mayoritariamente del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, lo cual redunda en su menor inserción en el mercado laboral, menores ingresos y menores aportes jubilatorios.
La Moratoria Previsional y la AUH vienen a suplir un piso (cada vez más mínimo) de ingresos para aquellas mujeres que se ocupan o se ocuparon de asegurar la supervivencia y el bienestar de sus familias, y de esa manera realizaron un aporte sustancial al país. A su vez, en el caso de la AUH en particular, eso queda de manifiesto incluso en la restricción al acceso a la totalidad del beneficio de acuerdo al cumplimiento de las condicionalidades, que son los chequeos médicos y la asistencia escolar de sus hijos.
De todas maneras, estas transferencias no resuelven esa estructura desigual, y son solo puntos de partida para tratar de compensarla. El hecho de que estas dos políticas son las que constituyen la gran mayoría del gasto en iniciativas que apuntan a reducir la desigualdad de género alerta sobre la falta de medidas integrales que aborden las causas estructurales de manera cabal.
A lo largo del año, estas políticas concentran progresivamente una mayor proporción del gasto en PPG, ya que los montos pagados cuentan con una actualización automática, a diferencia de otros programas PPG. Esto significa que, a medida que aumenta la inflación, la fórmula de ajuste evita una rápida pérdida de valor, generando una brecha cada vez mayor con respecto a las demás políticas etiquetadas, que sí pierden poder adquisitivo con el tiempo.
Con la nueva estructura ministerial, quedaron vigentes seis jurisdicciones que implementan políticas públicas a través del Presupuesto de la APN. En lo que respecta al PPG, el Ministerio de Capital Humano concentró prácticamente la totalidad del gasto, lo que implica cierta falta de transversalización de género en la formulación de políticas públicas en Argentina. ¿Qué sería la transversalización de género? Que la perspectiva de género tiene que atravesar a las organizaciones para poder ser efectiva. No alcanza con un “raviol” perdido desde donde se intenten impulsar políticas que actúen en pos de disminuir la desigualdad, sino que es necesario que todas las agencias del Estado actúen en pos de dicho objetivo. Con esta distribución, pareciera que no hay desigualdades de género para combatir en Economía, Justicia, Defensa o las Relaciones Exteriores.
Como desarrollamos en esta nota, la posibilidad de monitorear en qué se gasta y cómo evoluciona el uso del presupuesto es fundamental para identificar las verdaderas prioridades de gobierno y poder incidir en la gestión de nuestros recursos. Es importante que el Estado no sólo reconozca la desigualdad de género, sino que también actúe para reducirla. No existen políticas públicas que tengan efectos neutrales según el género porque el accionar del Estado no tiene impacto equitativo entre varones y mujeres.
Si la desigualdad de género estructural no se considera, las políticas pueden profundizarla. Y esto es mucho más evidente en las crisis económicas. Por lo tanto, la participación ciudadana juega un rol muy importante cuando se trata de la transparencia del gasto del Estado. Para eso, el primer paso es que los datos estén disponibles y sean de fácil acceso. Nos parece importante recuperar este tipo de herramientas que solíamos tener a disposición. Si el gobierno elige desfinanciar la equidad en términos de género, que sea transparente en su decisión y no busque ocultar la información.
