Debate presidencial del 13 de octubre de 2019 en Santa Fe, Argentina. | Foto: Matías Baglietto/NurPhoto/PA Images. Todos los derechos reservados.
*Nota publicada en conjunto con openDemocracy el 23 October 2019
Los dos países van a elecciones este domingo ante una oferta sin precedentes de candidatos que se oponen a los derechos sexuales y reproductivos.
Las ciudadanías de Argentina y Uruguay están convocadas este domingo a elecciones a las que se presenta una también inédita cantidad de candidaturas religiosas, conservadoras o abiertamente ‘antigénero’.
Una investigación de openDemocracy y Economía Feminista (plataforma argentina de periodismo de datos sobre género) revisó las posiciones de cientos de candidatos de los dos países sobre asuntos como aborto legal, educación sexual y derechos LGBTIQ.
La investigación detectó al menos 160 candidaturas conservadoras en un total de 646 para cargos nacionales en Argentina, y por lo menos 87 en 998 listas en Uruguay. Según los resultados de elecciones primarias, encuestas y lugares en las listas, estos candidatos podrían obtener 51 bancas en el congreso argentino y unas 21 en el parlamento uruguayo.
La coalición gobernante en Argentina Juntos por el Cambio y su adversaria y favorita Frente de Todos colocaron en lugares clave a postulantes conservadores junto a otros progresistas. Además, casi 40% de los 108 candidatos que compitieron para gobiernos provinciales este año se oponen al aborto legal.
Estos son giros significativos respecto de elecciones anteriores en los dos países. Nunca antes asuntos como el aborto habían tenido un perfil electoral protagónico. Emergen a la vez nuevos partidos abiertamente ‘antigénero’.
En Uruguay, el partido Cabildo Abierto aporta al menos 43 de estas candidaturas, y está encabezado por el exjefe del ejército Guido Manini Ríos, quien rechazó en forma pública la ‘ideología de género’ como un “libreto” extranjero que “nos aplican para transformarnos en tribus, todos peleados con todos”.
La ‘ideología de género’, término acuñado por el Vaticano en la década de 1990, se convirtió en un blanco clave de movimientos ultraconservadores para sostener que los derechos sexuales son una ‘ideología’ que amenaza la ‘familia tradicional’. Este fin de semana se pondrá a prueba el poder de tal argumento para llegar a grandes cantidades de personas en América del Sur.
Uruguay: por un sexto del parlamento
Nuestra investigación identificó en Uruguay 43 candidaturas de Cabildo Abierto, junto a 44 de figuras religiosas y conservadoras, la mayoría en listas del Partido Nacional, principal desafiante del Frente Amplio.
Los resultados de las internas, los sondeos y las ubicaciones en las listas electorales sugieren que ese conjunto de postulantes podrían conseguir 16% de las bancas (21 en 130).
La cámara baja tendría cuatro miembros evangélicos – el pastor neopentecostal Álvaro Dastugue y el pentecostal Benjamín Irazábal, y el bautista Gerardo Amarilla y el valdense Ricardo Planchón (del cual no conocemos su perfil legislativo) – además de cinco católicos conservadores (Rodrigo Goñi, Ignacio Estrada, Sebastián Andújar y José Andrés Arocena), del Partido Nacional, y Daniel Radío, del Partido Independiente. Cinco de estos nueve serían reelectos.
Y Cabildo Abierto, con una intención de voto de 10%, ganaría nueve escaños en la cámara baja y tres en la alta.
El líder de este partido de siete meses de vida, Manini Ríos, fue removido de la jefatura del ejército en marzo por rechazar las condenas judiciales impuestas a militares que violaron los derechos humanos en la dictadura (1973-1985). Además, propuso que los empleos sean prioritariamente para los uruguayos, no para inmigrantes, y tiene algunos seguidores con aparentes inclinaciones neonazis.
Este escenario marcaría un giro para Uruguay, un país con recientes avances legislativos en cuestiones como aborto legal, matrimonio igualitario, derecho a la identidad de género y protección integral a las personas trans. ¿Qué puede explicar este cambio potencial?
Mariana Mota, exjueza y directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, dijo a openDemocracy: “El avance en la protección de derechos no se acompasó con el necesario cambio social” y por eso “parte de la sociedad no está de acuerdo”.
Estas candidaturas, agregó, “atraen al uruguayo conservador, con un modelo de familia tradicional, sumada a la ideología militar, un concepto de familia occidental y cristiana que fue la base de la dictadura”.
Conservadores en todas las listas de Argentina
En la coalición gobernante Juntos por el Cambio, seis de los 14 candidatos al senado y 42 de los 130 para la cámara de diputados se oponen a los derechos sexuales y reproductivos.
Mientras, cuatro postulantes del opositor y favorito Frente de Todos al senado están en contra de esos derechos, del mismo modo que 16 de los 130 que aspiran a escaños de diputados.
Más importante aún, las primarias y las encuestas indican que las candidaturas conservadoras ocuparán 51 de las 154 bancas que están en juego.
En todo el espectro político hay partidos con este tipo de aspirantes. Solamente el Frente de los Trabajadores de Izquierda, con una intención de voto de 2,5%, se define de manera integral por el aborto legal, seguro y gratuito.
La provincia de Buenos Aires, con 12,2 millones de votantes – más de un tercio del electorado nacional – es un ejemplo claro de acción conjunta de conservadores y progresistas.
Allí, el candidato a gobernador del Frente de Todos y favorito Axel Kicillof apoya el aborto legal y su compañera de fórmula Verónica Magario está en contra, y además nombró a un pastor evangélico en su gabinete (es intendenta del municipio de La Matanza) y declaró de interés social y cultural el día de las iglesias evangélicas.
Otras figuras progresistas del Frente de Todos como el candidato a gobernar la capital, Matías Lammens, y la senadora Anabel Fernández Sagasti, comparten la contienda electoral con ultraconservadores como el reelecto gobernador de la provincia de Tucumán, Juan Manzur, que declaró su distrito ‘provida’ y defendió la decisión de obligar a una niña de 11 años violada a practicarse una cesárea en lugar de un aborto que había sido solicitado por la familia de la misma niña.
Manzur, cuya provincia es conocida por su liderazgo político opuesto a los avances legislativos en derechos humanos, es un estrecho aliado del candidato presidencial Alberto Fernández, y podría integrar su gabinete pese a que Fernández ha dicho que apoya la legalización del aborto.
‘Buenos Aires es un ejemplo claro de acción conjunta de conservadores y progresistas’
La actual gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, que busca la reelección este domingo, es contraria a legalizar el aborto. En 2016 anuló una resolución firmada por su ministra de salud que cumplía el protocolo federal para asistir abortos no punibles (en casos de violación o cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo).
Vidal, una de las principales figuras políticas de Argentina, mostró su apoyo al movimiento antiaborto este mes atándose un pañuelo celeste a la muñeca en una manifestación. El aborto nunca había sido un asunto electoral en Argentina, pero eso cambió con el histórico debate del año pasado en el Congreso.
Las manifestantes de los pañuelos verdes organizaron movilizaciones sin precedentes en apoyo del proyecto de ley (aprobado en la cámara baja, pero derrotado en el senado) y encendieron una inesperada reacción antifeminista envuelta en pañuelos celestes.
El año pasado, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, líder de la oposición y compañera de fórmula de Alberto Fernández, advirtió que su movimiento no podía “darse el lujo” de una división entre pañuelos verdes y celestes.
El actual presidente Mauricio Macri, que también quiere ser reelecto el domingo, tampoco está libre de contradicciones. Habilitó el debate sobre legalización en el congreso el año pasado, pero en plena campaña se declaró a favor de “salvar las dos vidas” (eslogan favorito de la campaña contra el derecho a decidir).
Si los resultados de las primarias se confirman este domingo, un nuevo proyecto de ley lograría una ventaja muy estrecha de 114-109 en la cámara baja, pero con 34 escaños indecisos o de opinión desconocida. Y en el senado esas proyecciones muestran 37 bancas celestes frente a 33 verdes, con solo dos sin decisión.
‘La familia, el campo y los militares’
Tal como Uruguay, Argentina tiene un nuevo partido ultraconservador, el Frente Nos, que presenta 34 candidaturas contrarias a los derechos sexuales y reproductivos, según nuestro análisis. En las primarias lograron 2,6% de los sufragios.
Su candidato presidencial, Juan José Gómez Centurión, también tiene un origen militar. Es un mayor retirado que peleó en la guerra de las Malvinas e hizo parte de los alzamientos ‘carapintada’ contra el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989). Hizo campaña por “la familia, el campo y los militares” y prometió vetar la ley de identidad de género adoptada en 2012.
Su compañera de fórmula Cynthia Hotton es una exdiplomática y exlegisladora oficialista que fundó su propio partido, Valores para mi País, ahora parte del Frente Nos, una suerte de coordinación para candidaturas vinculadas a la campaña antiabortista “salvemos las dos vidas”.
Hotton, una neopentecostal, es impulsora de los ‘desayunos de oración’ que se llevan a cabo en Argentina desde hace más de 20 años, según un cable diplomático de 2008 publicado por WikiLeaks. Es admiradora de Donald Trump e invitada frecuente al original National Prayer Breakfast de Washington, organizado por The Fellowship Foundation, el influyente grupo que explora la serie documental de Netflix ‘The Family’.
El Frente Nos incluye a personas como Amalia Granata – una figura de la TV que se lanzó a la militancia contra el aborto y ganó en junio una banca en la legislatura provincial de Santa Fe con 15% de los votos – y la pastora evangélica Patricia Silva de Cattaneo, sin ninguna experiencia política pero que tiene chances de obtener un escaño en el congreso nacional, según los sondeos.
“Ellos nos usaron y ahora nosotros los usamos a ellos”
Gran cantidad de pastores evangélicos expresaron su respaldo público al Frente Nos, entre ellos Hugo Márquez, parte del lobby ultraconservador en la OEA y miembro del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia.
Márquez explicó su pragmatismo electoral en una reunión el año pasado con otros pastores en Punta del Este, Uruguay. “Nosotros no somos de Juntos por el Cambio ni del peronismo, no apoyamos partidos, sino valores… Nosotros estamos con nosotros. Ellos nos usaron a nosotros y nosotros los estamos usando. Les vamos a meter gente en el parlamento con cualquier partido”.
La investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Sol Prieto, atribuyó la influencia evangélica en política a la labor humanitaria con familias pobres. Pero, más allá de su oposición pública al aborto, en estos grupos “no hay un juego unificado electoralmente”, dijo Prieto a openDemocracy.
“Su expansión debe ser entendida”, agregó, en un contexto en el que “los políticos buscan apoyo de grupos religiosos para desarrollar políticas públicas y llegar a lugares que están fuera del alcance del Estado”. Además de los evangélicos, hay una “red de partidos ’provida’ sobre todo locales… coordinados en una estructura predominantemente católica”.
En Uruguay, el legislador bautista Gerardo Amarilla, que busca su reelección, preside la Unión Iberoamericana de Parlamentarios Cristianos, de la que hacen parte otros tres legisladores de su país.
Ellos se encuentran asimismo en un grupo de más de 600 parlamentarios de la región que en 2017 firmaron una declaración contra los supuestos intentos del sistema de la OEA de “promover e imponer” lo que llaman “ideologías… que amenazan la vida, la familia y la religión”. Este documento fue impulsado por el grupo estadounidense de abogados cristianos Alliance Defending Freedom.
Amarilla y su colega Álvaro Dastugue también han sido invitados a los National Prayer Breakfasts de Washington. En Uruguay, Amarilla organizó desayunos locales y lanzó el programa Parlamento y Fe, mientras Dastugue contribuyó al fallido referéndum para anular la ley de personas trans, que calificó de “asquerosa”.
Estos grupos, dijo Lucy Garrido, coordinadora de campañas de la Articulación Feminista Marcosur, son “una expresión extrema del patriarcado. Quieren retrotraerse a una época a la que ya no es posible volver. Por suerte se expresan en el sistema democrático, hay que respetar eso. Pero tienen gente que dice que la violencia de género no existe”.
Garrido describió una “batalla por la hegemonía cultural” en la región, pero subrayó: “No tengo duda de que la igualdad de género va a prevalecer. La gente quiere vivir mejor, y los países con economías sólidas y más desarrollo son también los más fuertes en derechos humanos. Ellos [los conservadores] están reaccionando a las victorias que todos los demás estamos logrando”.
Por openDemocracy: Diana Cariboni
Nicolás Iglesias Schneider (Investigación y nota de Uruguay)
Por Economia Femini(s)ta: Emilia Cerra (investigación), Mercedes D’Alessandro y Agostina Mileo (edición), Andres Snitcofsky (infografía)
