Por Fer Borquez
*Esta nota se basa en la investigación realizada para la Tesis de Maestría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Universidad Nacional de Quilmes
¿Qué rol juegan las mujeres en la lucha contra el extractivismo? En los territorios afectados por la crisis ambiental, las mujeres se organizan, resisten y construyen alternativas frente a la destrucción de la naturaleza. Pero, ¿por qué es importante escuchar sus voces? ¿Qué estrategias despliegan para defender sus comunidades y sus entornos? ¿Y qué nos dice esto de la realidad sobre las desigualdades sociales que atraviesan la cuestión ambiental? En esta nota, vamos a explorar todas estas preguntas y nos enfocaremos en las estrategias de organización de las mujeres en el contexto de degradación ambiental del Riachuelo, una de las cuencas más comprometidas del país en términos ambientales.
Hablar de extractivismos implica hablar, entre otras cosas, de desigualdades sociales. La perspectiva de género en el análisis de las problemáticas ambientales ayuda a entender cómo en estos contextos se profundizan las desigualdades de género preexistentes y nos permite identificar no sólo los impactos que se viven de forma diferenciada según el género, sino también las respuestas que se dan en torno a ellos.
El Riachuelo, una zona de sacrificio
La Cuenca Matanza Riachuelo (CMR) atraviesa algunas zonas de Buenos Aires (tanto en la Ciudad como en la Provincia) y es una de las cuencas más contaminadas del mundo y la más contaminada de Argentina. Esta situación es el resultado de las actividades agropecuarias e industriales, sumado a las políticas extractivistas que han degradado el espacio urbano.
Actualmente, se estima que existen más de 4000 industrias localizadas en la Cuenca Media y Baja y muchas de ellas vierten directamente sus efluentes sin tratamiento en el río, aportando contaminantes tóxicos como metales pesados provenientes de establecimientos petroquímicos, curtiembres y frigoríficos.
No por mera casualidad, la mayor parte de los barrios populares de CABA se encuentran en el territorio de la CMR. En general, a nivel mundial, los mapas de pobreza coinciden con las zonas de pasivos ambientales de las actividades extractivistas, hecho que impacta en la vida de las mujeres por la sobrecarga del cuidado que recae sobre ellas para lograr su supervivencia.
La situación se vuelve aún más grave si tenemos en cuenta que la problemática de la cuenca se profundiza por la falta de servicios básicos esenciales, como agua potable, gas natural, cloacas y electricidad, así como por la ausencia de sistemas adecuados de recolección y tratamiento de residuos.
Hoy en día, más de 4 millones y medio de personas habitan en los márgenes de la cuenca y son quienes sufren directamente todos los impactos ambientales producidos por ella. A su vez, es una población que cuenta con un limitado acceso a la salud, quedando así mucho más expuesta a condiciones insalubres. Por lo tanto, esto habla de una verdadera zona de sacrificio: un territorio en donde el modelo de “desarrollo” determina qué vidas y qué espacios son sacrificables y descartables para poder sostener las actividades productivas.
Esto ocurre porque la idea de desarrollo se plantea como sinónimo de progreso, como si la única manera de progresar o mejorar fuera sobre la base del crecimiento “económico” ilimitado. Un crecimiento que no considera ni los límites de la naturaleza ni las dinámicas y procesos que ocurren en ella, ni las bases materiales que sostienen la vida. Así, desde una mirada constructivista, los ecofeminismos denuncian el carácter insostenible de los modelos vigentes de producción capitalistas y patriarcales basados en la explotación de la naturaleza ilimitada, la concentración de la riqueza y de la tierra, la distribución del poder y la opresión de las mujeres.
La lucha colectiva y un fallo histórico
En 2004, un grupo de vecinos y vecinas, encabezados por Beatriz Mendoza, presentó una demanda judicial para exigir la recomposición ambiental de la Cuenca. Así nació la conocida Causa Mendoza, en la que se responsabilizó por daños y perjuicios al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 44 empresas.
El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo histórico que estableció quiénes eran los responsables de llevar adelante las acciones necesarias para el saneamiento de la Cuenca y los plazos en que debían cumplirse. Como consecuencia de la degradación ambiental y la falta de políticas públicas que aborden la problemática de manera integral y brinden una solución definitiva, se dictó la Ley 26.168 y se creó ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo), que es la autoridad máxima en materia ambiental en el territorio. Se trata de un ente autárquico e interjurisdiccional que articula políticas públicas entre los gobiernos de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. El fallo también ordenó a ACUMAR implementar un Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA).
A lo largo de estos años, si bien se han registrado algunos avances, todavía falta mucho porque no hay pruebas concretas de que hayan mejorado la calidad del agua, del aire y del suelo, así como no existe una política de control de vertidos industriales y basurales clandestinos.. Asimismo, tampoco se ha generado información desagregada por género que permita dar cuenta de los impactos sobre la vida y los cuerpos de las mujeres por lo que se dificulta pensar políticas en este sentido. Además, las mujeres que habitan la Cuenca reconocen su exposición a riesgos ambientales y a las consecuencias de vivir en un territorio afectado por procesos que no sólo degradan la naturaleza, sino que también vulneran sus derechos humanos. De hecho, dedican más del doble del tiempo que los varones a las tareas reproductivas del hogar por lo que se encuentran mayormente expuestas.
Recuperar las voces de las mujeres: impactos del extractivismo en los cuerpos y territorios
En los barrios linderos al Riachuelo en la Ciudad de Buenos Aires —como Villa Soldati, Lugano, Barracas, Parque Patricios y La Boca—, las mujeres denuncian múltiples problemáticas que afectan sus condiciones de vida directamente. Entre ellas, la contaminación del suelo, del aire y del agua; la falta de acceso al agua potable y a servicios básicos de infraestructura; la presencia de cloacas a cielo abierto; la existencia de cementerios de autos y plantas de tratamiento de residuos áridos; los procesos de renovación urbana, la emergencia habitacional y los obstáculos para participar en la planificación territorial; la tala indiscriminada de árboles y la escasez de espacios verdes; y, finalmente, el recrudecimiento de las violencias en los territorios.
Además, advierten que estas situaciones les generan una sobrecarga de los trabajos domésticos y de cuidados: ellas realizan los trabajos no remunerados al interior de los hogares, pero también son quienes participan de las reuniones en las escuelas, asisten a los talleres de prevención y promoción de la salud en las salitas del barrio, ponen el cuerpo en las ollas populares, en las huertas comunitarias, en las acciones de promoción ambiental, y en los servicios de barrido y limpieza de las calles.
De esta manera, la división sexual del trabajo a la que han sido asignadas las mujeres hacia el interior de sus hogares, las ha llevado a desplegar su rol de cuidadoras también hacia la comunidad y el territorio conformando una triple jornada laboral, en general no remunerada y que, en la mayoría de los casos, queda sostenida bajo la órbita del Estado que lejos está de implementar políticas públicas que minimicen los impactos y redistribuyan de manera equitativa los trabajos de cuidado.
Las mujeres del Riachuelo frente al extractivismo: estrategias organizativas
Si bien la Causa Mendoza fue la acción colectiva de mayor repercusión en términos de reclamo por la recomposición ambiental en la CMR, existen otros repertorios de acción que emergen en el territorio en los que las mujeres posicionan sus demandas y perspectivas en el marco de su labor de cuidado y en defensa de la vida como formas de resistencia y de supervivencia en respuesta al modelo de extractivismo que opera en el territorio.
El repertorio de acción abarca iniciativas que van desde la reflexión sobre sus praxis cotidianas, los proyectos ambientales y de salud ambiental, la creación de huertas comunitarias y mesas ambientales, la conformación de redes de cuidado, la participación en cooperativas de vivienda y en la economía social popular, hasta acciones que irrumpen en lo público, ya sea desde actividades artísticas y culturales hasta la presentación de demandas judiciales para incidir ante las autoridades.
De esta manera, ellas disputan sentidos tanto en el ámbito doméstico, como en el comunitario y el público, creando instancias que escapan a las lógicas del mercado. Así, impulsan procesos de recuperación territorial, articulando redes barriales, sectoriales e interinstitucionales construyendo espacios de autonomía y promoviendo políticas ambientales con una mirada situada en el territorio. Al mismo tiempo, organizan redes de cuidado que les permiten enfrentar a las violencias patriarcales y politizan sus prácticas cotidianas, integrando lo “personal” con lo político.
Esta construcción colectiva no solo busca resistir el despojo, sino que también apuesta a la reconstrucción del vínculo con el territorio y con el tejido comunitario. Los espacios de encuentro y socialización, la producción de saberes, el intercambio cultural e intergeneracional y la reflexión constante sobre los procesos que ocurren en el territorio se convierten en pilares para el empoderamiento personal y colectivo. Cabe señalar que estas prácticas de resistencia se sostienen bajo una ética del cuidado que, si bien ellas no siempre la identifican con los feminismos, muchas veces es reivindicado como parte de sus estrategias en un sentido político.
Motivadas por el deseo de transformar el entorno, ofrecer otras posibilidades y construir un barrio más respirable y saludable, las mujeres en los barrios actúan desde su praxis diaria en defensa de la vida, la salud y el territorio. En todas sus acciones, el valor de la interdependencia y la ecodependencia se erige como una brújula central para proyectar una vida más vivible, donde la transformación de las relaciones sociales se convierte en una herramienta de resistencia y esperanza colectiva.
Hacia políticas ambientales con perspectiva feminista
El 22 de octubre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio por cerrada la causa Mendoza dando por finalizada la supervisión del cumplimiento de la sentencia por parte de la ACUMAR, hecho que se agrava en un contexto de políticas de recorte y vaciamiento estatales. Esto generó un importante cuestionamiento y rechazo en las organizaciones territoriales de la cuenca y se advierte que esta decisión pone en riesgo todos los avances logrados.
A esto se suma el reciente anuncio de más de 350 despidos en ACUMAR, en el marco de un recorte masivo en el Estado que dejó a más de 2500 personas sin trabajo en distintos organismos, entre ellos el Ministerio de Desarrollo Social. Esta decisión profundiza el vaciamiento de las políticas ambientales y deja aún más desprotegidas a las comunidades que habitan la cuenca. En respuesta, trabajadores y trabajadoras realizaron una serie de protestas y una radio abierta donde denunciaron el ajuste y llamaron a la unidad con otros sectores y con la comunidad afectada. Estos despidos en áreas clave de control y saneamiento no solo debilitan la capacidad de respuesta estatal, sino que también agrava las condiciones de vida en un territorio ya castigado por la contaminación y el abandono.
Lejos de revertirse, la Cuenca Matanza Riachuelo sigue consolidándose como una zona de sacrificio. A más de 15 años del fallo Mendoza, las mujeres que habitan el territorio denuncian la continuidad de las políticas extractivistas que perpetúan desigualdades y daños ambientales. En contraposición a esta lógica de despojo, ellas sostienen otras formas de habitar el espacio, basadas en el cuidado, la organización comunitaria y la defensa del derecho a un ambiente sano. Por eso, resulta urgente la implementación de una mirada integral que permita avanzar en la recomposición ambiental y social de la cuenca.
La incorporación de una perspectiva de género ecofeminista, crítica e interseccional permite visibilizar las desigualdades que generan los impactos ambientales sobre las mujeres y, al mismo tiempo, reconocer el rol fundamental de su organización colectiva en la lucha y defensa por el territorio, el ambiente sano y la justicia ambiental.
Desconocer las percepciones, necesidades y saberes de las mujeres implica perpetuar las múltiples injusticias que atraviesan los territorios afectados por el extractivismo. Por ello, es necesario y urgente rediseñar las políticas ambientales para no sólo revertir los daños ecológicos, sino también evitar la profundización de las desigualdades de género.
Este proceso requiere construir un modelo que garantice la redistribución justa de los cuidados incluyendo el cuidado ambiental y comunitario. Para lograrlo, es fundamental poner en el centro la interdependencia y la ecodependencia y fortalecer las estrategias organizativas y las acciones políticas que las mujeres despliegan en sus comunidades, garantizando la satisfacción de las necesidades básicas y favoreciendo su autonomía en el ejercicio de su derecho a un ambiente sano.
