Por Laura F. Belli
Nota de la A.: Esta nota se terminó de escribir a mediados de febrero de 2025. Día tras día, mientras la escribía, se iban sumando noticias de cierres de organismos sanitarios, despidos de personal, nuevos recortes y hasta el anuncio de la desvinculación de la Argentina de la OMS. Al momento de su publicación, probablemente van a haber nuevos eventos no recogidos en estas páginas. Todo esto es parte del plan de destrucción de la salud que el actual gobierno lleva adelante sin pausa.
El actual gobierno libertario tiene entre sus principales enemigos al Estado. Por ello puso en marcha desde los primeros días del nuevo mandato un plan de recortes radicales para llegar al “déficit cero” y para eliminar todo tipo de regulaciones que obstaculizaban “la lógica del mercado”. El objetivo político es claro: desregular para quitar protección jurídica. Y el método (como una suerte de profecía autocumplida) es terminar de romper, para después decir que no funciona.
Esta destrucción es, a la vez, desprotección de los sectores más vulnerados de la población (personas jubiladas, con discapacidad, mujeres y niños/as, entre otros/as), quienes cuentan con cada vez menos marco legal y herramientas formales para reclamar por el cumplimiento de sus derechos. Uno de los tantos que está en jaque es el derecho a la salud.
En la Argentina coexisten desde hace décadas 3 grandes subsectores sanitarios: el sector público (al que pueden acceder todas las personas que viven en y visitan el país); el de la seguridad social (al que pertenecen las obras sociales); y el sector privado (en donde operan las empresas de medicina prepaga, entre otras). De acuerdo con un informe realizado en 2021 por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), se estima que el subsistema que mayor población concentra es el de la seguridad social, que atiende al 61% de la población (esto incluye a los trabajadores formales y a sus familiares directos, así como a jubilados/as de PAMI y a quienes derivan aportes al sistema privado). El subsistema público es utilizado por el 36% de la población y el sector privado atiende al 14% de la población.
Estos porcentajes superan el total de la población, según el informe, porque en algunos casos se solapan múltiples coberturas (seguridad social provincial y nacional, o seguridad social y privado) a causa de la escasa articulación entre subsistemas o falta de prestaciones en uno u otro subsistema. Se estima que alrededor de 4,9 millones de personas son parte de más de un subsector de la salud.
Durante el primer año de gobierno de La Libertad Avanza se produjo una reducción drástica del poder regulador del Estado sobre el ámbito de la salud, así como una pérdida de la protección de sus usuarios/as en relación con el acceso y la calidad de los servicios sanitarios. Y este proceso, lejos de ralentizarse, se profundiza día a día. Las consecuencias son claras: cada vez va a haber mayor desigualdad.
En estas páginas propongo un breve recorrido por algunas de las medidas que el gobierno de Javier Milei ejecutó desde sus primeros días hasta el momento, que muestran el riesgo que corre nuestro sistema de salud, que supo ser uno de los mejores de la región y excepcional a nivel mundial (ya que Argentina es uno de los pocos países que aún tienen un sistema de salud universal). Estos casos que presento no abarcan la totalidad de la destrucción que el sistema sanitario está sufriendo, pero representan algunos de los embates más duros contra las poblaciones más vulneradas de nuestro país: personas en la pobreza, adultos/as mayores, personas con discapacidad y/o enfermedades vulnerables y niños/as y adolescentes, entre otros.
Los únicos intereses para proteger son los del mercado
El 21 de diciembre de 2023, a través del Decreto DNU 70 / 2023, el Poder Ejecutivo Nacional liberaba las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga con el objetivo de “aumentar la competitividad del sistema”. Hasta el momento del decreto, las modificaciones en las cuotas de medicina prepaga estaban reguladas por la Superintendencia de Servicios de Salud. Este organismo revisaba los aranceles y autorizaba los aumentos tomando como guía el Índice de Precios al Consumidor, así como los gastos y salarios dentro del sistema de salud.
La liberación de los precios generó aumentos de casi un 150% en los primeros meses y, ante las críticas de un gran sector de la población, el gobierno recurrió a la justicia para que fije los aumentos argumentando que a las empresas “se les recontra fue la mano”. Los aumentos siguieron y en 2024, el primer año de gobierno de Javier Milei, las prepagas aumentaron entre un 204% y un 210% por encima de la Índice de Precios al Consumidor, es decir, 90 puntos más que la inflación. Se estima que durante febrero de este año haya un nuevo incremento en las cuotas de hasta 3,7%. Como menciona un informe del CELS “esto generó una migración hacia el sistema público, saturándolo aún más, y la suspensión de la cobertura para muchas personas, particularmente para las personas con discapacidad y que tienen enfermedades crónicas o graves”.
Antes de cumplir un año en su mandato, el actual gobierno —a través de una resolución que fue publicada en el Boletín Oficial del 25/10/24—, introdujo también una nueva serie de cambios en el funcionamiento y obligaciones de las prepagas y obras sociales que puso de manifiesto de manera contundente, en la práctica y no ya en los discursos, el interés por desarmar, de un paso a la vez, el sistema de salud de la Argentina.
Al mismo tiempo, con una lógica discursiva que acompañaría también todas las medidas que vinieron después, el Ministerio de Salud de la Nación (MinSal) publicó a través de la red social X (ex – twitter) un comunicado que decía que la resolución “no representa ninguna modificación en los medicamentos, tratamientos o atención médica de la gran mayoría de los argentinos que utilizan el Sistema de Salud” (las itálicas son mías) y mencionando que la norma sería ampliada para aquellas personas que sufren de “enfermedades de alto precio” (que requieren tratamiento oncológico, por ejemplo) quienes tendrían —previa aprobación de las prepagas y obras sociales— acceso al tratamiento. Sabemos qué pasó después: desde esos días hasta hoy, el acceso a la salud se fue deteriorando de manera notable y constantemente se anuncian recortes y cierres de espacios que, en muchos casos, son únicos e irremplazables (especialmente en rincones remotos del país).
La resolución 3934/2024 también estableció que los planes de salud cerrados sólo deberían cubrir aquellas prestaciones que fueran exclusivamente indicadas por profesionales incluidos en sus cartillas médicas. Y si bien esta indicación puede parecer bastante lógica, tiene un impacto profundo en la salud de las personas más vulneradas: quienes viven en localidades remotas, quienes tiene alguna condición que tiene que ser tratada por especialistas que no abundan (ni en las cartillas ni en el país) o que no tienen en la zona centros médicos con la complejidad necesaria para poder recibir tratamiento que acepten su cobertura, esas personas no pueden acceder más a los cuidados en salud que precisan. Probablemente no sean parte de la “la gran mayoría” de argentinos y argentinas a los que el comunicado del MinSal hacía referencia.
En lo que respecta a atención en salud, la prestación privada es responsable del 60% o el 50% de la oferta de servicios a través de acuerdos con el PAMI o las obras sociales sindicales, que hacen uso de hospitales, sanatorios y consultorios particulares. Estos sectores en su mayoría no tienen prestadores propios y deben contratar prestadores privados. Los aumentos irrestrictos de los precios que se liberaron exponencialmente impactaron también sobre la disponibilidad de centros de atención y tratamientos para las personas que no se atienden directamente en el sector privado.
Además, los aumentos incrementaron el pasaje de afiliados hacia el sistema público de salud, que no tiene la capacidad de brindar buena atención a un grupo más grande de población de la que ya están atendiendo.
Sumado a esto, la desregulación en el ámbito de la salud benefició también a las farmacéuticas, lo que produjo un aumento desmedido en los precios de los medicamentos recetados, resultando en que muchas personas tuvieran que abandonar tratamientos farmacológicos por no poder costearlos. El cierre de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), a través del DNU 70/2023 también fue un golpe a la política sanitaria nacional, terminando con el apoyo financiero a la producción de medicamentos esenciales.
¿Al final la casta eran los jubilados y jubiladas?
Uno de los grupos más afectados por los aumentos que se produjeron en medicamentos fue el de las personas jubiladas. La decisión del gobierno de Milei de desregular este mercado implicó un incremento altísimo del costo de estos bienes. De acuerdo con un informe del CEPA, en los dos primeros meses del actual gobierno, los precios de venta al público de los medicamentos más consumidos por las personas mayores se incrementaron en un 78% (se trata de bienes de primera necesidad para gran parte de la población, especialmente para las personas mayores, ya que se estima que consumen, en promedio, cinco medicamentos mensuales).
Y, si bien durante 2024 los aumentos fueron moderados, los medicamentos que las personas mayores más utilizan alcanzaron o superaron la inflación de ese mismo período. Esto implica un gran gasto para este grupo. La cobertura del PAMI para medicamentos tampoco estuvo libre de ajustes y recortes. Los precios de las drogas con cobertura PAMI (de noviembre de 2023 hasta noviembre del 2024) estuvieron muy por encima del aumento promedio de los precios de venta al público.
Por otro lado, además de los aumentos en medicamentos, la resolución 2024-2431 modificó las condiciones para que las personas afiliadas a PAMI pudieran acceder a la cobertura del 100% en medicamentos (1). Este derecho se restringió, dejando desprotegidas a casi 2 millones de personas que dependen exclusivamente de su jubilación para vivir. Desde agosto de 2024, se redujo el número de fármacos que contaban con cobertura del 100% y exigiendo, además, la presentación de un trámite adicional para poder acceder al beneficio la totalidad de los medicamentos cubiertos por PAMI. Sumado a esto, sólo podrán acceder a la cobertura total quienes no perciban más de una jubilación mínima y media.
Entre estos medicamentos hay antibióticos, antivirales, corticoides, antidepresivos y otros que son clave para el tratamiento contra el dolor, como la morfina. Muchos son altamente costosos y representan un porcentaje muy elevado de las jubilaciones y pensiones (por ejemplo, los antidepresivos o los antipsicóticos).
La enfermedad vista como un gasto
A comienzos de 2024, el gobierno anunció otra medida que iba a tener un fuerte impacto en la salud de las poblaciones más vulnerables: la suspensión de las actividades de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE). Este programa tenía como objetivo brindar asistencia económica a personas con trastornos de salud agudos y/o crónicos, que se encontraban en situación de vulnerabilidad social y que no contaran con cobertura médica y que no pudieran satisfacer su provisión por medio de los ministerios provinciales y/o secretarías de salud municipales. Otorgaba cobertura de medicamentos que se encontraban fuera del listado del Banco de Drogas Nacional y Provincial así como también elementos médicos y tecnología biomédica.
Esta “puesta en pausa” ocurrió en el mismo momento en que los precios de las drogas sufrieron un gran aumento, gracias a los acuerdos de precios que se arreglaron con las empresas del sector farmacéutico. Esta decisión dejó sin tratamientos a un gran número de pacientes con enfermedades graves, incluidas las oncológicas, que dependían del programa. La interrupción de muchos de los tratamientos, como es de esperar, puso en jaque o impidió la atención adecuada de un gran número de personas, cuya salud se vio irreversiblemente deteriorada en muchos casos.
Esta decisión no sólo profundiza las barreras de acceso a la salud, sino que impacta de manera directa en la calidad de vida de los y las pacientes, y se genera un aumento en la judicialización de la salud. De acuerdo con un informe del CELS, a pesar de que algunos pacientes iniciaron reclamos judiciales para restituir la asistencia (incluso un amparo colectivo) se registraron durante 2024 al menos 6 fallecimientos de personas que dejaron de recibir asistencia. Sus nombres son: Aldo Pinto (Salta), Camila Giménez (Córdoba), Alfredo González (Buenos Aires), María Teresa Troiano (Buenos Aires), Mariana Floridia (Buenos Aires) y Patricio Romanos (Buenos Aires). Patricio Romanos falleció sin volver a recibir la medicación a pesar de haber obtenido un fallo favorable a su recurso de amparo, el cual fue apelado por el Gobierno.
Sumado a esto, muchas provincias que no contaban con banco de drogas propias tuvieron que absorber los costos de estos tratamientos de alto valor que antes garantizaba el Gobierno nacional. Esta decisión política impacta en el presupuesto de las provincias, que genera aún mayor inequidad por la falta de recursos para los sectores que más los necesitan.
Los primeros días de enero de 2025, el Ministerio de Salud de la Nación (a través de la resolución 42/2025, publicada en el Boletín Oficial) estableció un nuevo procedimiento para aprobar medicamentos de alto costo para aquellas personas cuyas necesidades eran antes cubiertas por el DADSE. La Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC), instituida en febrero de 2024, cubrirá la asistencia que haya sido rechazada previamente por las provincias (rechazo que debe contar, además, con la firma de la máxima autoridad de la cartera sanitaria de cada jurisdicción). Esta decisión, de acuerdo con las comunicaciones oficiales responde a que “se toma como parte de las acciones que viene impulsando el Gobierno Nacional para reordenar y eficientizar [sic] el sistema de salud”, pero lejos de cumplir con su cometido, retrasa proyectos, plane sy tratamientos y en muchos casos deja sin protección a personas que necesitan acceder o continuar con estudios y/o tratamientos.
Más obstáculos a las personas con discapacidad
Otra de las maniobras de desmantelamiento y corrimiento del Estado en lo relacionado con los cuidados en salud tiene que ver con el recorte a organizaciones que brindan atención a poblaciones vulnerables.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que interactúa con las personas con discapacidad en Argentina, se encarga, entre otras cosas, de brindar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), un documento que certifica la discapacidad de la persona y le permite acceder a derechos y prestaciones que brinda el Estado; de asignar las pensiones por invalidez; de coordinar el registro público en el que se inscriben los prestadores de servicios de atención y rehabilitación a personas con discapacidad de todo el país; de brindar cobertura médico-asistencial a todas aquellas personas titulares de pensiones nacionales no contributivas a través del Programa Federal Incluir Salud; entre otras tareas.
En enero de 2024, La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sufrió un primer golpe a sus funciones, cuando se anunció el despido de 163 trabajadores y trabajadoras. En abril del mismo año, la cifra ascendió a 330 (un 25% del personal que llevaba adelante las tareas). Estos despidos tuvieron como consecuencia también el cierre de algunas de sus delegaciones provinciales y demoras o impedimento en la asignación de más de decenas de miles de pensiones, en la emisión de los CUD y en otros servicios fundamentales para la inclusión de todas las personas, ya que no se designaron autoridades que las aprueben al no haberse asignado cargos tras los despidos. Esta reducción drástica en la cantidad de personal dificulta (y en algunos lugares imposibilita) garantizar las políticas de asistencia y contención para esta población particular, que ya está siendo profundamente afectada por otras medidas tomadas por el gobierno.
A comienzos del mes de febrero de este año, el gobierno de Javier Milei anunció que se auditarán las pensiones por invalidez laboral (conocidas coloquialmente como “pensiones por discapacidad”), que dependen de la ANDIS. ¿El motivo? Similar al que se viene esgrimiendo frente a cada recorte: “darle mayor transparencia al sistema”. Esta revisión alcanzaría a cerca de un 1 millón de pensiones por invalidez, que representan el 82% del total. De acuerdo con el comunicado oficial, esto se realizaría en 4 etapas: primero, el envío de cartas documento a los beneficiarios de pensiones con un turno asignado con un prestador de PAMI para que presenten toda la documentación requerida para dar cuenta de su discapacidad; luego, los profesionales de la salud de PAMI realizarán los controles necesarios; en una tercera etapa, ANDIS analizará la documentación de cada beneficiario; y, por último, se emitirán los dictámenes y resoluciones de cada caso: si la persona puede seguir percibiendo el beneficio o si corresponde su suspensión.
Diferentes organizaciones de derechos humanos y por los derechos de las personas con discapacidad (2) presentaron el pasado 3 de febrero un reclamo solicitando que se reviertan las medidas tomadas por el gobierno (especialmente las restricciones detalladas en la Resolución 187/2025) ya que, señalan, viola los derechos de las personas con discapacidad, entre ellos “cubrir las necesidades más básicas de quienes la reciben o podrían recibirla, como las relativas a la salud y a la alimentación”. Además, señalan que “La resolución mide la supuesta invalidez … recurriendo a criterios médicos que desconocen el modelo social de la discapacidad” y que contradice el modelo adoptado por Argentina al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La mirada sobre la capacidad/incapacidad que impulsa las medidas del gobierno supone que existen personas “naturalmente improductivas” que resultan una “carga” para la sociedad (cuando en realidad, en la mayoría de los casos, los obstáculos para su incorporación tienen que ver con la falta de implementación de medidas de accesibilidad y apoyos que permitirían su desarrollo).
Vaciar es cerrar: los ataques al único centro de atención para adicciones que depende del estado nacional
A comienzos del mes de octubre de 2024, el Gobierno nacional anunció un plan de reestructuración del Hospital Nacional Laura Bonaparte, argumentando que el objetivo era “priorizar la asignación de los recursos en los pacientes que lo necesitan”.
El hospital Laura Bonaparte (institución que tiene una historia de más de 100 años) es uno de los pocos centros que brinda desde hace décadas asistencia integral enfocada a la problemática de las adicciones, tanto para pacientes como para familias, y que también se destaca como centro de investigación y formación en la temática, articulando con diferentes instituciones públicas de todo el país. Esta institución es pionera también en acompañar a personas del colectivo LGBTBQI+ y mujeres, incorporando la perspectiva de género y derechos humanos. Desde hace algunos años cuenta con un departamento de Salud Integral, que es un espacio pensado para las diversidades sexuales y mujeres (también se trabaja sobre problemáticas de salud sexual, tratamientos de acompañamiento en hormonización, interrupción voluntaria del embarazo y tratamiento de alivio del dolor).
La noticia llegó a los medios a través de la denuncia de las autoridades del Hospital quienes advirtieron acerca del cierre de la guardia y de nuevas internaciones. El gobierno, bajo el argumento de que la institución “cuenta con una muy baja ocupación” en función de su capacidad y la cantidad de trabajadores. Desde organizaciones como el CELS desmintieron esos números: “Durante el 2024, el hospital atendió más de 100.000 consultas de manera ambulatoria. Entre ellas hay 1.500 pacientes con consultas farmacológicas por mes, 5.013 atenciones odontológicas y 1.431 análisis de laboratorio. También atendió a 514 pacientes en internación y 482 en salas de observación de Urgencias”. En un momento de crisis, donde los niveles de indigencia, pobreza y de adicciones son muy altos el cierre de un centro de salud especializado es una medida especialmente cruel que deja sin atención, protección y cuidados a parte de las personas más vulneradas de la sociedad.
El rechazo que generó la noticia obligó momentáneamente al Gobierno a dar marcha atrás con la decisión, acordando con los gremios mantener una mesa de trabajo para garantizar la prestación de servicios. Sin embargo, a mitad del mes de enero de 2025, en plena feria judicial, el gobierno estableció un recorte de más de 700 millones de pesos para el presupuesto de la institución y notificó a 200 trabajadores y trabajadoras que sus contratos no serían renovados, dejando al Hospital sin capacidad operativa. Entre las personas despedidas hay más de cuarenta profesionales de salud mental, más de veinte de médica clínica, psiquiatras, farmacéuticos/as, odontólogos/s, trabajadores/as sociales, enfermeras y enfermeros(3). Con estos despidos, el hospital pierde a un tercio de su planta impidiendo las funciones de varios servicios. Sumado a estos, se registraron en los últimos meses numerosas renuncias por la precariedad de las condiciones laborales, la sobrecarga de trabajo y la incertidumbre laboral de quienes llevan adelante sus funciones en este centro de salud.
A través de un comunicado en sus redes, sus trabajadores/as denunciaron que esta última medida paraliza cualquier posibilidad de brindar atención adecuada en salud mental a los/as usuarios/as que así lo requieren, impactando tanto a personas adultas como a niños/as y adolescentes. También advirtieron de la imposibilidad de continuar con el funcionamiento del jardín maternal de la institución, lo que significa un problema para las y los trabajadoras/es de la institución, que en algunos casos no tienen la posibilidad de acceder a otros espacios de cuidado de sus hijas/os, teniendo que renunciar para asumir esa tarea.
Las infancias desprotegidas
El descuido de la salud de las infancias durante este gobierno ya es evidente y tendrá un gran impacto negativo a futuro. En septiembre del año pasado, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU presentó un informe mostrando preocupación sobre los derechos de las infancias en la Argentina debido al impacto de las políticas orientadas al recorte de presupuestos, así como por el cierre de diferentes organismos encargados de la protección de las niñeces.
Durante los primeros meses de gestión se desarmaron o paralizaron programas nacionales de asistencia y acompañamiento en todo el territorio argentino que se instrumentaban desde la ex Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, renombrada Subsecretaría de Políticas Familiares. Entre estas medidas, se paralizó y sub-ejecutó el presupuesto del Plan Nacional de Primera Infancia (que contaba con más de 2 mil centros en diferentes provincias y municipios pensados para las necesidades de los sectores más desventajados) y se desarmó la coordinación del Plan Mil Días (con una caída del 74% en su ejecución), lo que afectó la entrega de alimentos y otros recursos esenciales para el bienestar y la salud en los primeros años de vida. En un país en que más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes viven en hogares cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza, la falta de acceso y atención en la salud viola los derechos humanos básicos.
El Hospital Garrahan es uno de los centros que sufre las políticas de “déficit cero” del Gobierno nacional, con falta de inversión y negación a los reclamos de sus trabajadores/as por aumentos salariales. El Garrahan es el centro de referencia nacional de pediatría de alta complejidad, y uno de los más destacados de Latinoamérica por sus indicadores. Recibe anualmente más de 600 mil consultas de alta complejidad, realiza más de 10 mil cirugías y más de 100 trasplantes. Además, es el centro de vacunación público más grande de la Argentina y atiende al 40% de los niños diagnosticados con algún tipo de cáncer en el país. Cuenta con más de 4000 empleados en planta permanente y más de 2000 profesionales que llevan adelante sus tareas de formación en la institución.
Desde el año pasado, se vienen llevando a cabo paros y movilizaciones advirtiendo los daños que resultan de tener un hospital desfinanciado: desde salarios que no alcanzan (obligando al pluriempleo a profesionales de primer nivel), hasta al aumento de la demanda en la atención y la falta de insumos. El reclamo más urgente es por la recomposición salarial para que quienes trabajan en esta institución de primer nivel y referente —no sólo en el país, sino en toda la región—no perciban sueldos por debajo del equivalente a la canasta familiar. En los últimos 9 meses de 2024 se produjeron tantas renuncias como en los últimos 9 años. Otro de los reclamos es el vaciamiento del jardín maternal que funciona dentro del Garrahan, ya que no se cubrieron las bajas del personal (por renuncias y jubilaciones) y eso no permite contar con vacantes a quienes las necesitan en este 2025.
En lo que parece un chiste de mal gusto, desde fines de 2024, Juan Bautista Ordoñez es (por decisión del presidente) el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. Esta designación no pasó desapercibida y generó bastante polémica, ya que el nuevo encargado de velar por las infancias no solo no cuenta con experiencia en gestión social, sino que es exdirector de una plataforma de apuestas online, en un país en donde la ludopatía crece día a día y es una de las preocupaciones más graves en relación con la salud mental de los y las adolescentes.
Dos meses de 2025 con ataques recargados a la salud
Las políticas de ajuste en salud no van a detenerse. Durante el primer mes de 2025, se anunció el despido del 30% de la planta de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DICEI) que se encarga de la coordinación de los planes de vacunación a nivel nacional. La Dirección estaba compuesta por 46 personas, encargadas de proteger a millones de argentinos y argentinas. La DICEI tiene a su cargo desde la compra a la distribución de las vacunas, coordinar acciones ante brotes o epidemia, la vigilancia de las de la incorporación de nuevas vacunas al calendario, de la vigilancia de seguridad, de capacitar a equipos de salud en todo el país y de muchas otras tareas que durante décadas pusieron a la Argentina entre los mejores países de la región en esta área. Este recorte afecta gravemente la capacidad y el alcance de las funciones de esta dirección, en un momento en que también se advierte acerca de una caída en las coberturas de inoculación a nivel mundial(4).
Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud de la Nación comunicó el despido del 40% de la planta de la Dirección de respuesta al VIH, Hepatitis, ITS y TBC. Los y las profesionales que formaban parte de este equipo estaban a cargo de la compra y distribución de pruebas y reactivos para miles de personas que se atienden en el sistema público de salud. También de coordinar campañas, analizar estadísticas para establecer políticas sanitarias y garantizar los derechos de quienes lo necesitan. Los despidos masivos (de trabajadores/as clave y con experiencia en su puesto) afectan directamente a la capacidad de funcionamiento del área. Es decir, afecta a la salud de todas las personas. Como si fuera poco, también se eliminaron coordinaciones específicas, como la de Tuberculosis y Lepra, que son fundamentales para abarcar problemáticas sanitarias de nuestro país. El peligro no es menor: al igual que en muchas regiones, los casos de tuberculosis están en aumento, lo que se suma al agravante local del crecimiento de la pobreza y de condiciones laborales y de vivienda cada vez más precarias. La suspensión de los tratamientos, además, aumenta el riesgo de que tengamos que enfrentar cepas multirresistentes (que son difícilmente tratables).
Si aún quedaban dudas del verdadero objetivo detrás de todas estas medidas, el pasado 5 de febrero, a través de un comunicado oficial, el presidente Javier Milei anunció la decisión de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud, acusando a la organización de causar “una de las mayores catástrofes económicas de la historia mundial” por sus recomendaciones durante la pandemia de COVID-19(5). Esta decisión fue comunicada luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara una salida similar, que luego probó ser una estrategia de negociación.
En el caso de la Argentina, la salida de la OMS tendría un impacto negativo en temas sanitarios. La OMS juega un rol importante tanto en la ayuda en emergencias sanitarias (con financiamiento y mecanismos de apoyo logístico) como en acciones de prevención de enfermedades. Además, tiene funciones importantes en la promoción de transferencia de tecnología, que son fundamentales en países como el nuestro.
La salud es un derecho, no un negocio
El sostenimiento de los servicios de salud (en los tres sectores, pero especialmente en el público) está en riesgo. El objetivo de “déficit cero” se vio en una reducción que nada tuvo de reestructuración y que dejó áreas completas paralizadas, sin personal y sin funcionamiento. Las que aún quedan en pie luchan por seguir funcionando con muchos menos recursos, personal y con una demanda creciente.
En un país con la tradición sanitaria que tiene el nuestro, donde el derecho universal a la salud se encuentra garantizado por la Constitución Nacional en el artículo 42°, así como también en el artículo 75° inciso 22 a través de la incorporación de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, parecía absurdo y redundante afirmar que la salud no debe ser pensada como un bien de mercado sujeto a las reglas de la oferta y la demanda.
Hay acuerdo en que es necesario mejorar el sistema de salud, y que, claramente hay aspectos que deben modificarse y procesos que pueden ser más eficientes. Desde hace décadas que se viene señalando que es urgente una mejora en las condiciones de atención, de infraestructura y de trabajo para quienes componen y utilizan los servicios sanitarios en Argentina. Pero, con seguridad, eso no se logra desmantelando lo que ya se construyó y rompiendo lo que queda (aunque a veces imperfecto) en nombre de un supuesto “cambio”. Mucho menos cuando lo que está en juego es la salud de las personas. El camino elegido por este gobierno genera nuevos problemas y profundiza desigualdades ya existentes, impactando de manera más severa en los sectores más vulnerables, pero también en toda la población más temprano que tarde.
Las políticas de salud tienen que garantizar que todas las personas puedan acceder a los servicios médicos que necesiten. Y esto es imposible si no se fortalecen los sistemas sanitarios con financiamiento, recursos humanos bien remunerados y estructuras que respondan a las necesidades de la población en su conjunto.
El reconocimiento de la salud como derecho implica no solo asegurar el acceso a la atención médica, sino también abordar los determinantes sociales que influyen en el bienestar de las personas: la pobreza, la falta de vivienda digna, la contaminación ambiental y la discriminación, entre otros. En un mundo donde las desigualdades siguen profundizándose, defender el acceso a la salud como derecho humano básico es una cuestión urgente para construir sociedades más justas, equitativas y solidarias.
Notas al pie:
(1): Desde 2020 existía un listado de medicamentos esenciales gratuitos, con el fin de garantizar el tratamiento adecuado de las patologías más frecuentes en las personas mayores.
(2): Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) / Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes (FAICA) / Asociación Civil Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos Córdoba / Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) / Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) / Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) / Andar
(3): Estas medidas de “ajuste” y “reestructuración” alcanzaron también a otras instituciones (muchas de las cuales sufrieron despidos y recortes desde el comienzo de la gestión) como el Hospital Posadas, Instituto Nacional del Cáncer, la Superintendencia de Servicios de Salud, Sedronar, entre muchos otras.
(4): Días después de anunciarse los despidos, se confirmó un caso importado de sarampión en la Ciudad de Buenos Aires, que obligó a elevar el alerta epidemiológico
(5): N. de la A.: la OMS es un organismo técnico de asesoramiento compuesto por profesionales. Esto implica que una de sus funciones es dar recomendaciones a los países sobre qué hacer frente a diferentes situaciones sanitarias. Pero sus recomendaciones no son vinculantes: esto es, quedan a criterio de las autoridades sanitarias de los diferentes países miembro.
