Por Justina Lee
En nuestra región, es frecuente escuchar que la persona que trabaja en los hogares limpiando y cuidando está “ayudando”. Esta forma de nombrarlo, aunque parezca inocente, lo que hace es esconder una relación laboral que existe entre las familias y las trabajadoras de casas particulares.
América Latina y el Caribe es la región que más trabajadoras del hogar concentra. Según un informe de la CEPAL, casi el 20% de las trabajadoras de todo el mundo están localizadas en Latinoamérica. A su vez, en varios países de la región, es la salida laboral más importante para las mujeres latinoamericanas porque es la principal fuente de empleo femenino. Por lo tanto, los trabajos que sostienen nuestras vidas están estructuralmente sostenidos por las trabajadoras.
El problema es que ese sostén suele organizarse a través de empleo mal pago y de manera informal. Detrás de la idea de “la chica que ayuda en casa” hay una estructura mucho más profunda: la crisis de los cuidados en América Latina. Ante el ingreso masivo de las mujeres al mercado laboral, aumentó la necesidad de resolver tareas de cuidado que antes recaían principalmente sobre ellas de manera gratuita en los hogares. Sin embargo, ni el Estado desarrolló una infraestructura suficiente de cuidados ni los hombres asumieron de manera equitativa esas responsabilidades. El resultado fue una organización social del cuidado que sigue descansando sobre el trabajo de mujeres, reproduciendo desigualdades de género y de clase.
¿Qué quiere decir esto en lo concreto? Ante la falta de jardines públicos, espacios de cuidado para personas mayores, sistemas integrales de cuidados y licencias suficientes, los hogares resuelven puertas adentro lo que el Estado no garantiza. Y esa solución recae en las mujeres que se encuentran en los menores deciles de ingreso.
En América Latina entre 12 y 18 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado. Más del 90% son mujeres y, en promedio, representan entre el 10% y el 14% del empleo femenino de la región. En muchos países, sus ingresos equivalen a la mitad —o menos— del salario promedio del resto de las personas ocupadas. Es decir, es la actividad económica peor paga de todas. Sostiene la vida de millones de personas en la región y, aún así, es el trabajo menos reconocido y valorado de la sociedad.
Las malas condiciones de trabajo son la norma: el 77,5% de las trabajadoras del sector en la región trabaja sin acceso pleno a derechos laborales y protección social. En Centroamérica y el Caribe, la informalidad supera el 90%. Es decir, millones de mujeres realizan tareas esenciales para el funcionamiento de otros hogares sin acceder a derechos laborales básicos.
Por lo tanto, algo que es un problema colectivo se resuelve mediante trabajo privado y precarizado. Además, no todas las mujeres llegan al trabajo doméstico en igualdad de condiciones. En toda la región existe una fuerte sobrerrepresentación de mujeres migrantes, indígenas y afrodescendientes en este sector. Según datos regionales, el 63% de las personas ocupadas en empleo doméstico en ocho países latinoamericanos son afrodescendientes. En México, el 28,4% de las trabajadoras son indígenas. Y en algunos países hasta un tercio de quienes realizan este trabajo son migrantes. En Argentina, el 8,5% de las trabajadoras del hogar son oriundas de países limítrofes, un porcentaje que casi triplica el 3,1% de migrantes en la población general. En el caso de las migrantes internas (que viven en provincias diferentes a las de origen), el 15,6% de las trabajadoras del hogar lo son, mientras que en la población general la cifra es del 10,4%.
Miles de mujeres migran desde zonas rurales o desde otros países buscando empleo y terminan insertándose en uno de los sectores con peores salarios y menores niveles de protección laboral. Así se forman las llamadas “cadenas globales de cuidados”: mujeres que sostienen hogares ajenos mientras dejan a otras mujeres el cuidado de sus propias familias.
El trabajo doméstico es una pieza central del funcionamiento actual de nuestras economías. Sin ese trabajo, la mayoría de los hogares latinoamericanos no podría sostener sus propias jornadas laborales, la sociedad no podría funcionar sin este trabajo. Sin embargo, sigue siendo tratado como una ocupación menor, invisibilizada y desjerarquizada.
Parte de esa desvalorización tiene que ver con que históricamente las tareas domésticas y de cuidado fueron consideradas “naturales” en las mujeres y no como un trabajo. Pero que una tarea haya sido históricamente feminizada no significa que no tenga valor económico, social y político. De hecho, el trabajo doméstico remunerado sostiene infancias, vejeces, hogares y mercados laborales enteros.
En los últimos años hubo avances importantes en materia de reconocimiento de derechos. El Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo estableció estándares mínimos para garantizar trabajo decente en el sector y ya fue ratificado por 17 países de América Latina, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay.
Sin embargo, la distancia entre los derechos reconocidos y las condiciones reales de trabajo sigue siendo enorme. La precarización del trabajo doméstico no es un accidente ni una excepción, sino que es parte de la forma en que nuestras sociedades organizan los cuidados. Por eso, discutir trabajo doméstico no implica solamente hablar de salarios o registración laboral. También implica preguntarnos quién cuida, en qué condiciones y qué vidas pueden sostenerse gracias al tiempo, el cuerpo y el trabajo de millones de mujeres.
Pero esta discusión no es nueva. Los movimientos feministas, las organizaciones de trabajadoras de casas particulares y la economía feminista latinoamericana vienen señalando desde hace décadas que el cuidado es una responsabilidad social y no un problema privado que cada hogar debe resolver como pueda. También vienen impulsando propuestas concretas: sistemas integrales de cuidados, ampliación de la infraestructura pública para las infancias y las personas mayores, licencias más igualitarias, profesionalización del sector y sindicalización para lograr el pleno acceso a derechos laborales para quienes realizan estas tareas.
El desafío no es la falta de diagnósticos, sino la falta de voluntad política para transformar una organización social que sigue sosteniéndose sobre profundas desigualdades. Reconocer que las trabajadoras de casas particulares no “ayudan”, sino que trabajan, es apenas un primer paso. El siguiente es asumir que cuidar es una necesidad colectiva y que quienes sostienen cotidianamente nuestras vidas merecen derechos, reconocimiento y condiciones de trabajo dignas.
