“Sandra, sos una pelotuda. No vengas, no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. Sos una pelotuda”
Jorge Triaca, actual Ministro de Trabajo
A través de un audio de whatsapp cargado de maltrato, Sandra supo que se quedó sin trabajo. Había sido regularizada 15 días antes de que el ministro asumiera su puesto, luego de más de tres años de una relación de dependencia no registrada. Este audio que se viralizó está lejos de ser una excepción. Los maltratos y la falta de registro formal del empleo doméstico son la norma en nuestro país.
Tan solo una de cada cuatro trabajadoras domésticas está registrada, pero la precarización va más allá de su condición en materia de seguridad social. Las empleadas de este sector tienen el sueldo promedio más bajo de la economía. Ganan poco más de $70 por hora y ese valor lo percibe solo el pequeño grupo de empleadas regularizadas. Mientras que en el ámbito informal se reduce fuertemente. De esta forma, el empleo doméstico se configura como un sector sin expectativas de crecimiento profesional, atravesado por innumerables maltratos, abusos y una delimitación poco precisa de sus tareas.
La poca precisión en la lista de tareas a cumplir se debe a que se las contrata justamente para ocuparse del universo del trabajo reproductivo: limpieza y cocina, compras y planificaciones, cuidados de infantes, discapacitadxs y ancianxs. A veces, también deben cuidar y pasear a las mascotas, e incluso hacer trámites. Dado que estas tareas se realizan mayoritariamente dentro del hogar, están expuestas a abusos y acosos sexuales, muchas veces naturalizados casi como si fueran parte de las condiciones que deben soportar. Como si fuera poco, todo esto deben hacerlo con dedicación y cariño, porque aunque sea una empleada ocupa un rol casi como integrante de la familia.
El servicio doméstico, que absorbe a una de cada cinco mujeres trabajadoras en la Argentina, necesita de una decidida intervención gubernamental en pos de mejorar las precarias condiciones de trabajo y los bajos ingresos. Si bien en 2013 se promulgó el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, para reemplazar un decreto de 1956 que establecía derechos mínimos para estas trabajadoras, siguen permaneciendo por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo como si su empleo no tuviera el mismo estatus que el resto del universo laboral.
Las empleadas domésticas son las trabajadoras más vulnerabilizadas en el mercado laboral. Uno de los principales límites que tiene este sector es el carácter atomizado del trabajo, que no permite unir reclamos ante los patrones y el Estado, lo que deja a las trabajadoras en una situación de vulneración de derechos. En este sentido, se vuelve muy importante el rol del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares para poder sintetizar los reclamos del sector y no depender de la buena voluntad de los gobiernos de turno. También se vuelve necesario y urgente el control y penalización desde el Estado ante los casos de no registro, en conjunción con políticas públicas que fomenten la formalización de las trabajadoras domésticas.
Todo esto es urgente, pero debe darse en paralelo con un cuestionamiento del empleo doméstico en sí, entendiéndolo, por un lado, como un mecanismo de desigualdad entre mujeres ricas y pobres y, por otro lado, como un trabajo necesario para la sociedad en su conjunto. No hay producción posible sin el trabajo reproductivo previo. Fue en ese sentido que realizamos los dos paros internacionales de mujeres, el más reciente en más de 60 países, bajo una única consigna: “Si nosotras paramos, se para el mundo”. Si nosotras paramos, no hay comida hecha ni para hacer, nadie hace las compras, los niños y niñas no llegan a la escuela, las personas dependientes no reciben su medicación ni cuidado especial, no hay ropa limpia y un sinfín de procesos que no pueden comenzar porque no tenemos las actividades de soporte realizadas, la mise en place.
Las mujeres realizamos el 76% de ese trabajo. A pesar de habernos insertado fuertemente en el mercado laboral desde mediados del siglo pasado, esta incorporación no vino acompañada de una redistribución del trabajo del hogar, lo que provocó una doble (y hasta triple) jornada laboral. Bajo el ideario de “mamá luchona”, se sumó a la larga lista de quehaceres el conseguir un trabajo remunerado, sin descuidar el hogar. Es así que en la actualidad en nuestro país, casi la mitad de las mujeres participa en el mercado laboral remunerado y le dedica, en promedio, más de seis horas diarias al trabajo doméstico sin paga ni reconocimiento. La asimetría en la distribución del trabajo doméstico es una de las mayores fuentes de desigualdad entre varones y mujeres.
Aquellas mujeres que pueden costearlo tercerizan estas tareas, pero su realización y seguimiento permanece bajo su responsabilidad. La persona contratada para realizarlas será en el 97% de los casos otra mujer, generalmente de bajos ingresos, poca calificación y muchas veces migrante. Desde una perspectiva feminista, esto indica que no hay mejoras: este trabajo sigue recayendo sistemáticamente en nosotras y aquí se explicita la diferencia entre ricas y pobres.
Es necesario destacar tanto la necesidad de repartir equitativamente los tiempos de trabajo reproductivo, desnaturalizando estas tareas como “de mujeres”, como la responsabilidad estatal sobre estas. Las políticas públicas, en un mundo donde las tareas de reproducción recaen sistemáticamente en las mujeres, son condición necesaria en la búsqueda de una sociedad igualitaria. Es por ello que se exige el acceso a guarderías públicas de calidad y en los lugares de trabajo, tanto para madres como para padres, la ampliación de las licencias maternales y paternales y mayor cobertura de cuidados de personas mayores y discapacitadas.
La socializar la responsabilidad y ejecución del trabajo reproductivo es un requisito necesario para la emancipación de las mujeres en pos de alcanzar una real igualdad de oportunidades, a su vez garantiza este aspecto de la reproducción a toda la población, sin dejarlo a la suerte del mercado, es decir, dependiente del nivel de ingresos de sus ciudadanxs. Además de garantizar el derecho al cuidado, se generaría una profesionalización de este trabajo, lo cual, implementado con una perspectiva feminista, ayudaría a cerrar las brechas de género en su realización.
En nuestro país, donde el Estado no satisface estas necesidades, el rol de las trabajadoras domésticas se vuelve imprescindible para una gran cantidad de hogares. Sin embargo, este trabajo se da mayormente en condiciones precarias y con una baja remuneración, que deja en evidencia el poco valor social que se le da al trabajo reproductivo. Una subestimación que muchas veces se populariza bajo la expresión “la chica que me ayuda en casa” y que está lejos de lo que sucede realmente: no está ayudando, está trabajando para vos, realizando tareas necesarias para la sociedad en su conjunto.
