Buenos días, mi nombre es Agostina Mileo. Soy, desde 2017, coordinadora de la campaña #MenstruAcción en Ecofeminita, una organización fundada por economistas que se encarga de producir y difundir conocimiento crítico, feminista e independiente.
En los 5 años de existencia de nuestra campaña, hemos realizado numerosas acciones que se insertan en las prácticas de activismo menstrual desde un abordaje integral de la salud menstrual. Dado que en esta ocasión hay representantes de otras organizaciones que abordarán ejes como educación o ambiente y que contamos con una instancia de representación colectiva para AMRed, agrupación de activistas menstruales de la que formamos parte, nuestra intervención se centrará en los aspectos económicos que atañen a la desigualdad menstrual.
Cuando decidimos lanzar #MenstruAcción teníamos un objetivo claro: mostrar que la concepción de inferioridad que pesa sobre las corporalidades que menstrúan no es abstracta e intangible, sino que influye de manera directa sobre nuestras condiciones materiales de existencia.
En Argentina, la brecha salarial entre hombres y mujeres, en promedio, es del 28,4%. El 50% de las mujeres empleadas gana menos de $38.000. Según datos del último trimestre de 2021, en el primer decil, que se compone en un 70% de mujeres, el ingreso medio per cápita familiar es de $7553. El costo estimado de gestionar la menstruación para marzo de 2022, mediante la compra de toallitas y tampones, es de entre 4.800 y 5.300 pesos. Este gasto no es optativo e impacta de manera diferencial sobre ingresos que son de por sí menores. Por eso, el primer reclamo de nuestra campaña es la quita del IVA de los productos de gestión menstrual, ya que son productos de primera necesidad y el impuesto sobre ellos crea una desventaja real para quienes menstruamos. Por otro lado, en un contexto en el que la mayoría de las personas pobres son mujeres, no poder adquirir los medios para gestionar la menstruación es un factor de ausentismo escolar y laboral. Las personas en edad escolar que no pueden acceder a productos que les garanticen no mancharse en clase dejan de ir durante los días de sangrado. Esta situación lleva a muchas personas a incurrir en prácticas poco sanitarias para gestionar su menstruación, que generan mayores riesgos de infecciones e infertilidad.
Recientemente, la organización villera con presencia nacional La Poderosa, con quienes hemos realizado acciones conjuntas respecto a la salud menstrual, nos confirmó que, según los relevamientos de su Observatorio Villero, muchas personas se encuentran en la situación de tener que elegir entre comprar toallitas o comida. De más está decir que eligen lo segundo. Nuestro segundo reclamo busca reparar esta situación exigiendo la distribución gratuita de métodos de gestión menstrual en escuelas, cárceles y otros espacios comunitarios.
Por otro lado, el impacto de la dificultad de acceso a la gestión menstrual es invisibilizado sistemáticamente mediante la construcción de un tabú y un estigma respecto a la menstruación, que la sitúa en un lugar vergonzoso. Esto tiene consecuencias también en la producción de conocimiento y la circulación de información. No hay información fidedigna sobre riesgos potenciales de la exposición química a largo plazo por vía vaginal derivada del uso de toallitas y tampones, informes de impacto ambiental por el desmonte de selva nativa para el cultivo de pinos de los que se extrae la materia prima de estos productos o estadísticas sobre ausentismo escolar por falta de acceso a métodos de gestión menstrual. El tercer reclamo, entonces, es la realización de investigación y la socialización de datos que permitan tomar decisiones tanto públicas como privadas en torno a la gestión menstrual.
Respecto a la seguridad de estos productos, desde nuestra organización celebramos los nuevos estándares de certificación establecidos por la Res. 550 de este año del Ministerio de Salud, que incorpora reclamos históricos de científicas feministas acerca de las metodologías correspondientes de evaluación.
De hecho, este es un caso excepcional de articulación virtuosa entre el activismo y las políticas públicas ya que, desde nuestro lugar, nosotras solo podíamos bregar por la evaluación rigurosa de productos que ya están en el mercado. El Estado, en cambio, posee herramientas para eliminar el riesgo obligando a los fabricantes a cambiar la composición de sus productos si no se ajustan a los nuevos estándares de seguridad.
Sin embargo, tal como está escrita, la Resolución presenta un problema respecto a la fabricación nacional de productos de gestión menstrual entre las PyMEs argentinas. En su artículo 3, la legislación establece que: “Las actividades de elaboración, fraccionamiento, importación, depósito y comercialización de Productos Higiénicos Descartables de Uso Externo y Productos Higiénicos de Uso Intravaginal sólo podrán ser realizadas por establecimientos autorizados/habilitados por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA, que cuenten con la Dirección Técnica de un profesional de la salud debidamente habilitado por la autoridad competente y sujeto al cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación preconizadas por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD”.
Las PyMEs que hoy fabrican copas menstruales en Argentina lo hacen en fábricas que no se dedican exclusivamente a la elaboración de insumos médicos. Por otro lado, las toallitas de tela son, en muchos casos, realizadas por cooperativas villeras, lo que permite, además de una inserción territorial efectiva de la problemática de la gestión menstrual, un ingreso extra para personas económicamente vulneradas. Este artículo, entonces, dejaría el mercado enteramente en manos de los grandes laboratorios, que en los últimos años han comenzado a fabricar y comercializar copas menstruales en grandes cadenas de farmacias.
No hace falta aclarar que ante la competencia de los laboratorios y la falta de políticas específicas de protección, las PyMEs han sufrido un cimbronazo. Sobre un precio de góndola (que por supuesto es menor dada la escala de producción) los descuentos de hasta el 40% que muchas veces se aplican sobre las copas fabricadas por grandes empresas en las cadenas farmacéuticas hacen muy difícil que los consumidores finales opten por copas de fabricación nacional. Si esta Resolución se implementa tal como está, directamente les estará prohibido fabricar sus productos, beneficiando de forma directa a los grandes grupos empresarios anteriormente mencionados, entre los que se destaca el laboratorio ELEA, perteneciente al grupo Insud, objeto de acusaciones de especulación en la fabricación nacional de componentes vacunales en plena crisis de COVID-19.
Desde #MenstruAcción hemos abogado históricamente por la inclusión de artículos que privilegien la compra de productos de industria nacional en las leyes de salud menstrual. La intención de estos incisos es intervenir en las licitaciones públicas en favor de fomentar la producción de las PyMEs y cooperativas. Resulta de vital importancia, entonces, modificar la Resolución de forma que los productos elaborados a pequeña escala puedan someterse a las pruebas de certificación a pesar de no ser fabricados en unidades productoras de insumos médicos. De otra forma, agregar un artículo a una Ley Nacional sobre la prioridad de compra de productos de industria nacional solo beneficiará a los grandes capitales concentrados de nuestro país.
A su vez, dicho artículo no podrá ser vago o ambiguo en cuanto a lo que a industria nacional refiere, ya que, como mencionamos anteriormente, los precios de los productos de las PyMEs y cooperativas son más altos que los de las grandes farmaceúticas, por lo que deberán pensarse estrategias para posibilitar una competencia real a la hora de licitar.
Continuando con el reclamo por investigación y socialización de datos, si bien en los últimos dos años se han realizado algunos relevamientos oficiales, hay muchos aspectos fundamentales para el diseño e implementación de políticas de salud menstrual que aún no han sido relevados. Todavía no sabemos cuánta gente falta a la escuela los días de sangrado y por qué, cuál es el costo para la salud pública por las infecciones por uso de productos inadecuados para contener el sangrado ni a qué población y en qué medida afectan, la edad promedio de menarca y menopausia en nuestro país o la composición y volumen del consumo de productos de gestión menstrual. Respecto a esto último, en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) hay una categoría que no está desagregada por producto y las grandes empresas manufactureras de productos descartables consignan los datos sobre sus ventas en un informe que no es de acceso público y que tiene un precio inaccesible.
Todos estos datos son centrales a la hora de construir programas de salud menstrual de forma efectiva y una Ley Nacional debería estipular su elaboración a nivel local, regional y nacional.
Por último, nos gustaría detenernos sobre un punto que atañe al reclamo de contratación de activistas menstruales en lo que concierne a la implementación de los programas de salud menstrual.
El reconocimiento por parte del Estado de la menstruación como un tema de agenda de salud pública es de suma importancia para comenzar un proceso de reparación respecto a la violencia que conlleva la desigualdad menstrual. Pero no hay que olvidar que las políticas públicas de salud menstrual no pasan a ser una responsabilidad del Estado en cuanto este la reconoce, sino que siempre lo fue, solo que no se había asumido. Sin embargo, esto no quiere decir que esta responsabilidad no haya sido tomada por ningún agente comunitario. Las activistas menstruales llevamos a cabo intervenciones territoriales que en muchos casos garantizaron y garantizan el acceso a productos de gestión menstrual, educación, contención, acompañamiento y producción de conocimiento.
Desde la economía feminista señalamos cómo las segundas jornadas laborales constituidas por el trabajo doméstico impactan en nuestras vidas de diversas maneras, desde la obstaculización para la inserción en el mercado laboral hasta la pobreza de tiempo para llevar a cabo actividades de preservación de nuestra salud. Y hemos señalado también cómo la intervención política representa una tercera jornada laboral.
A lo largo de los años, entonces, las activistas menstruales hemos ejercido nuestras actividades a costa de la precarización de nuestras vidas. Con esto no estamos hablando de sufrimiento, lo hemos hecho por y con deseo. Acompañamos y aprendemos con placer, enriqueciendo nuestras vidas en muchos aspectos, pero resignando capacidad de ingresos.
Por esto, cabe señalar que nuestra presencia en la implementación de las políticas públicas no solo es un argumento económico en tanto implica una mayor eficiencia en la ejecución de presupuesto público mediante la contratación de especialistas y la aseguración de la máxima calidad posible en un servicio que es de y para la ciudadanía, sino que también lo es en tanto el reconocimiento material por parte del Estado de nuestro trabajo también es parte de la reparación de su desidia histórica respecto de la salud menstrual.
