Por Celina Santellán
La vida se sostiene todos los días. Y se sostiene, sobre todo, por el trabajo de las mujeres. En los barrios populares este trabajo se da en un contexto cada vez más hostil y con menos recursos. El Observatorio Villero de La Poderosa viene a ponerle números a una realidad que suele quedar fuera de las estadísticas oficiales: el trabajo de cuidados comunitarios. Un trabajo que no es reconocido, no es remunerado y, sin embargo, resulta indispensable para garantizar derechos básicos como la alimentación, la salud o el acompañamiento frente a situaciones de violencia.
En un contexto de ajuste y retiro del Estado bajo el gobierno de Milei, este trabajo no desaparece en una batalla cultural, sino que se multiplica. De hecho, el ajuste es posible porque hay mujeres que absorben lo que el Estado deja de hacer, ya que la vida hay que sostenerla igual.
El dato central: la triple jornada laboral de las mujeres de los barrios
En otro acto de respuesta ante años de falta de acción estatal, el Observatorio fue realizado en 71 barrios populares de 14 provincias del país. Los datos permiten tomar dimensión del trabajo realizado diariamente para sostener y cuidar la vida en los barrios populares, un punto ciego de las estadísticas oficiales y una realidad que muchos eligen no ver.
Sus datos nos muestran que 8 de cada 10 personas que realizan trabajo comunitario de cuidados son mujeres. El 90% tiene entre 20 y 59 años, y el 63% vive a su vez en hogares con niños, niñas y adolescentes donde realiza trabajo doméstico no remunerado.
Pero el dato más contundente es otro: 6 de cada 10 trabajadoras comunitarias atraviesan una triple jornada laboral. A las 4 horas y media de trabajo remunerado y más de 8 horas de trabajo doméstico, se suman otras 4 horas diarias de trabajo comunitario de cuidados.
Fuente: Observatorio Villero de La Poderosa
Dicho de forma simple, las mujeres de los barrios populares tienen tres trabajos, y dos de ellos no son reconocidos ni remunerados. Esa sobrecarga de trabajo no es una excepción, es la condición en la que se sostiene la vida cotidiana en los barrios. El ajuste estatal se descarga sobre su tiempo y su trabajo.
Cuando el Estado se retira, la desigualdad se profundiza
Una de las primeras decisiones de la actual gestión fue desfinanciar a las organizaciones barriales, recortando el apoyo a comedores populares y desarticulando programas que reconocían el trabajo de la economía popular que sostienen todos los días las comunidades.
Ese trabajo, sin embargo, no desaparece. Se transforma en más trabajo no remunerado que recae principalmente en las mujeres. Según el Observatorio Villero, hoy implica, en promedio, más de 13 horas semanales por persona destinadas a cubrir necesidades básicas insatisfechas. Por lo tanto, el retiro del Estado no reduce el trabajo necesario porque las tareas de cuidado siguen ahí, lo que desaparece es su reconocimiento y su financiamiento.
El trabajo comunitario de cuidados en comedores y postas de salud incluye desde la provisión de alimentos hasta el apoyo escolar y el acompañamiento en situaciones de violencia machista. Son tareas que garantizan derechos y, en muchos casos, reemplazan funciones que debería cumplir el Estado.
Desde el Observatorio se pone en relieve que este trabajo no es voluntario, surge de necesidades concretas y se organiza como una respuesta política y colectiva. Sin embargo, para las estadísticas oficiales, esto prácticamente no existe. La Encuesta de Uso del Tiempo del INDEC no tiene una categoría específica para el trabajo comunitario de cuidados en barrios populares. Lo más cercano es «trabajo voluntario para otros hogares o la comunidad», una definición que no refleja ni su escala ni su carácter.
El ajuste también se mide en horas de trabajo no remunerado
De acuerdo al relevamiento del Observatorio Villero, el 74,4% de quienes realizan trabajo comunitario de cuidados lo hace en espacios alimentarios como comedores, merenderos y ollas populares, dedicando en promedio 12 horas y 20 minutos semanales solo a esa tarea. Considerando todos los tipos de trabajo comunitario relevados, la dedicación semanal alcanza las 13 horas y media. De esa manera, garantizan el acceso a la alimentación de millones de familias.
En 2025, 2 de cada 3 aumentaron o mantuvieron su carga horaria respecto a 2023: el 57% por el aumento de la cantidad de trabajo en los espacios comunitarios y el 37% para reemplazar a quienes dejaron de participar.
El ajuste, que se evidencia en pérdida de ingresos y empleo, también se traduce en más trabajo comunitario de cuidados.
Una desigualdad que ya existía
Este fenómeno es la profundización de una desigualdad estructural. Según la ENUT del INDEC, las mujeres dedican casi el doble de tiempo que los varones a estas tareas, dedicando en promedio 6 horas y 31 minutos diarios a tareas de cuidado, y ese trabajo no remunerado representa el 16,8% del PBI. El trabajo comunitario de cuidados en barrios populares es la capa más invisible y más precarizada de esa misma lógica, y ni siquiera tiene una categoría propia en la encuesta oficial, es decir, sigue invisibilizada.
Además, la precarización de estos trabajos es muy concreta. Según el Observatorio Villero, el 54% son beneficiarias del programa Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo), un programa que asignaba $78.000 mensuales con un monto congelado desde diciembre de 2023, lo que conlleva una pérdida del 71% de su poder adquisitivo. Para peor, el gobierno de Milei anunció el fin del programa este mes, para pasar a vouchers de capacitación laboral obligatoria. De esta forma, las y los 900.000 beneficiarias y beneficiarios van a ser notificadas/os para migrar voluntariamente a un sistema de vouchers de capacitación laboral en centros privados, con 70% de presentismo obligatorio. Los vouchers no entregan dinero sino que cubren el costo de cursos de oficios, con 70% de presentismo obligatorio y certificación al finalizar. Quienes no se inscriban o abandonen pierden el beneficio de forma definitiva. Es decir, que perdieron ese ingreso mínimo, que en muchos casos se utilizaba para sostener los comedores populares desfinanciados.
El problema está en la lógica de fondo en la reforma: asumir que la situación de estas mujeres es un problema de falta de saberes y no de distribución. Las capacitaciones raramente se traducen en nuevo empleo o mejora salarial. Para alguien que dedica más de 13 horas semanales a sostener un comedor, la propuesta del Estado es que aprenda un oficio. De acuerdo a los datos del Observatorio, en 2025 un 34% seguía sosteniendo el trabajo comunitario de cuidados pese a haber sido dada de baja del programa. Mientras el 46% recibía una vianda o ración para su hogar por su trabajo y el 45% no tenía remuneración alguna por su aporte a la sostenibilidad de la vida en los barrios populares. Más que formación, lo necesario para las trabajadoras de barrios populares es el reconocimiento material de su trabajo, en un contexto donde sólo 4.231 comedores de los 9.800 espacios inscriptos en el RENACOM reciben asistencia del gobierno nacional.
No es voluntariado, es un trabajo
El trabajo comunitario de cuidados en los barrios populares es territorial, no estatal y sostenido mayoritariamente por mujeres organizadas en comedores, merenderos, postas de salud y espacios de cuidado. Es un trabajo que sostiene la vida de millones de infancias y familias, pero que permanece invisible en las estadísticas oficiales y precario en sus condiciones. Los datos del Observatorio Villero no solo visibilizan el esfuerzo de miles de mujeres que sostienen la vida en los barrios populares del país, también impulsan el reclamo urgente de reconocimiento económico. Mientras el Estado se retira y profundiza el ajuste, estas trabajadoras multiplican su jornada laboral y absorben las consecuencias del desfinanciamiento. No se trata de caridad ni de voluntarismo: es trabajo que merece ser reconocido, medido y remunerado.
La sostenibilidad de la vida en los barrios populares no puede seguir descansando en la precarización de quienes la garantizan. Reemplazar un ingreso directo por vouchers de capacitación no resuelve el problema, lo corre de lugar. Parte de una idea equivocada y es asumir que la pobreza es falta de capacitación. Como si hacer un curso alcanzara para generar ingresos en un contexto donde el empleo formal cae. Mientras tanto, el trabajo sigue, con o sin políticas que lo reconozcan.
Las propuestas existen. Desde la economía popular se plantea un sistema mixto: salario complementario para quienes ya generan ingresos, pero insuficientes; formalización de las trabajadoras y sus espacios, y un rol de empleador de última instancia para el Estado frente a actividades que producen bienes y servicios públicos fundamentales pero no remunerados. Los comedores, merenderos y postas de salud de los barrios populares son exactamente eso.
